En una reunión con la ministra de Educación, Lucy Molinar, los representantes del sector docente reiteraron ayer, miércoles, las principales inquietudes que afectaron a los educadores tras la huelga de más de dos meses, en rechazo a la Ley 462 de marzo de 2025, que reformó el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS).
Entre los puntos planteados durante la reunión destacaron las multas, los descuentos aplicados en cada quincena y la falta de registro de fichas en la CSS, lo que, en algunos casos, había impedido el acceso a atención médica. También se abordó la situación de los docentes que mantenían procesos abiertos y quienes exigían celeridad en sus trámites.
Los educadores informaron que la ministra se comprometió a acercarse lo antes posible a la Contraloría General de la República para obtener información clara sobre el origen de las multas que aparecían en las proformas y los descuentos aplicados, un tema que mantenía en incertidumbre tanto a las autoridades como al gremio. Además, aseguró que, una vez tuviera una respuesta formal, convocaría nuevamente a los docentes para avanzar en la solución de los reclamos.
El magisterio reiteró que su aspiración era alcanzar un clima de paz y tranquilidad que permitiera normalizar el proceso educativo. Enfatizaron que la incertidumbre y la falta de salario habían afectado de manera crítica a los maestros, especialmente a quienes enfrentaban enfermedades crónicas.
“Necesitamos estabilidad para atender con calidad a nuestros estudiantes”, señalaron los dirigentes, al tiempo que pidieron una pronta respuesta de las autoridades competentes.
Los docentes que permanecieron en paro desde el 23 de abril de 2025 regresaron el lunes 14 de julio a las aulas, pero lo hicieron con el amargo sabor de no haber alcanzado sus objetivos tras más de 80 días de lucha.
Lea también: Un paro sin ningún logro: Docentes regresan a clases con el sabor de la derrota
Esta fue la segunda paralización más larga en el sector educativo de Panamá, solo superada por la histórica huelga de 1979, que duró tres meses. La dirigencia gremial no logró el finiquito de huelga que había solicitado, el cual habría implicado la suspensión de sanciones administrativas y económicas.
En otras palabras, los docentes regresaron sin haber recibido su salario, lo que refleja el desgaste de una lucha que no alcanzó el impacto esperado. Tampoco consiguieron la derogatoria de la Ley 462, una de las demandas clave que originó el paro.
