La población indígena en la República de Panamá durante este año superará el medio millón de habitantes. Para ser exactos, la Contraloría General de la República precisa que las distintas etnias indígenas del país sumarán 505 mil 343 personas en 2016.
Todos los años nacen entre 10 mil y 11 mil nuevos miembros de las etnias Ngäbe, Buglé, Guna, Emberá y Wounaan.
El último censo que hizo la Contraloría en 2010 concluyó que, de los 3.4 millones de habitantes que había en el país, 438 mil 559 declararon ser indígenas.En este escenario, dirigentes de los grupos étnicos consideran que pese a que los últimos gobiernos han aparentado llevarse bien con los indígenas, todavía persisten las deficiencias en temas como educación, salud, transporte y vías de acceso.
Esto, sin contar con los niveles de pobreza que se reportan en esas zonas y que son los más altos del país.
Ricardo Miranda, dirigente de la comarca Ngäbe Buglé, subraya que el desarrollo del que se habla en las grandes ciudades no llega a las comarcas. “En total abandono está nuestro pueblo. Cuando hacen algo es por mera política”, se lamentó.
Cifras de la Contraloría indican que una buena parte de la población indígena tiende a migrar a otras provincias. Por ejemplo, del total de los indígenas que hay en Panamá, 53% vive fuera de las zonas comarcales y 47% permanece en sus tierras.
Es decir, 5 de cada 10 indígenas dejan sus tierras, generalmente en busca de mejores oportunidades.
Las provincias a donde frecuentemente se trasladan estos grupos son Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá Oeste y Panamá.
Según Miranda, las autoridades deben hacer más en temas como educación y salud, ya que su pueblo continúa teniendo las tasas más altas de analfabetismo y de mortalidad infantil.
“Solo nos toman muy en cuenta durante la política”, concluyó.
OTRAS PROYECCIONES
Las proyecciones detallan que para el año 2020 la población indígena en Panamá podría superar las 540 mil personas, de las cuales unas 87 mil estarían en Bocas del Toro, mientras que en Panamá habitarían unas 55 mil.
Anelio Merry López, coordinador de la Secretaría de Comunicación del Congreso General Guna, dijo que el Estado debe prepararse frente al reto que representa el crecimiento de este sector de la población.
En el caso de los gunas, sostuvo que hay deudas en aspectos como la educación bilingüe, que dificulta el proceso de aprendizaje de muchos niños en esa comarca. “Es más difícil aprender cuando no se le enseña a un niño en su lengua materna”, planteó Merry López.
Por otra parte, comentó que en Guna Yala se da el caso de que hay varias estructuras de salud, pero generalmente no tienen medicinas, equipos ni médicos.Utilizó como ejemplo el Centro de Atención Primaria Minsa-Capsi que se propuso en el área de Llanos de Cartí, cuya construcción no concluye todavía.
Propuso un gran diálogo, en el que se debatan las necesidades de su población y se busquen soluciones a los principales problemas. “Es el momento para cambiar esa dinámica de pobreza que se ha mantenido en nuestras comunidades”, dijo.
PROPUESTA DEL GOBIERNO
Una de las estrategias del actual gobierno para ayudar a la población indígena son los subsidios, además de su compromiso de cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Uno de los principales objetivos tiene que ver con la erradicación de la pobreza en todas sus formas hacia el año 2030. Esto involucra a las comunidades indígenas.
De acuerdo con el ministro de Desarrollo Social, Alcibíades Vásquez, el Gobierno ha estado suministrando recursos a las comunidades más pobres del país a través de transferencias económicas condicionadas o beca universal, pero no hay una medición.
A raíz de eso, informó que desarrollan estrategias como la elaboración de un mapa social y un índice de pobreza, lo que, dijo, les permitirá conocer e identificar cuáles son las áreas indígenas y no indígenas que requieren mayor ayuda.
Este Gobierno también presentó en 2015, en la comarca Ngäbe Buglé, el denominado “Plan de Desarrollo para la comarca”, que prevé inversiones por más de $300 millones. Las obras incluyen proyectos en sanidad básica, nutrición, viviendas, servicios de salud y educación.
Como parte de ese proyecto se pretenden eliminar las escuelas ranchos que quedan en el país.
