La gestión de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) es cuestionada por gremios empresariales y exdirectivos, por su actuación poco beligerante ante la situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, y la falta de medicinas e insumos.
César Tribaldos, exdirectivo de la CSS, manifestó que los responsables de los problemas de la entidad son los miembros de la junta directiva, ya que son ellos los llamados a tomar los correctivos.
Por su parte, el expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá Carlos Fernández señaló que el problema de la CSS es complejo, y no solo es por tener una directiva disfuncional.
Mientras que Rafael Medina, representante en la directiva de los pensionados y jubilados, sostuvo que la junta directiva no es un ente administrativo, sino fiscalizador.
ROSTROS
En los últimos años las caras en la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) no han variado mucho, según consta en los informes anuales de la institución.
Los documentos que reposan en la página web www.css.gob.pa/juntadirectiva.html muestran que hay integrantes que han estado en la directiva en diversos períodos, como principales y suplentes.
Por ejemplo, Rafael Medina, representante de los jubilados y pensionados, fungió como presidente entre 1997 y 1998, y tiene más de 15 años como directivo.
Mientras que Guillermo Puga, representante de los trabajadores, presidió la junta entre 2008 y 2010, según indican los últimos informes de la institución. No obstante, desde 1998 Puga ha formado parte de la directiva, aunque durante la administración de Ricardo Martinelli estuvo fuera por dos años, debido a las investigaciones por el caso del dietilenglicol.
Otro miembro de la directiva es Héctor Ortega, quien representa a los empleadores desde el gobierno de Martín Torrijos. Fue presidente entre 2004 y 2008 y 2010 y 2012.
Así como estos tres miembros, hay otros nueve que tienen el deber de orientar y vigilar el buen funcionamiento de la CSS para asegurar el cumplimiento de sus objetivos en beneficio de la población panameña.
Sin embargo, la gestión de la directiva es cuestionada por gremios empresariales, exdirectivos y pacientes, debido a su actuación poco beligerante ante el problema financiero que presenta el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como la falta de medicinas e insumos de la entidad.
Los primeros en mostrar su inquietud hace cuatro meses por la crisis que atraviesa la CSS, fueron los miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).
La organización le solicitó al presidente de la República, Juan Carlos Varela, un diálogo para tratar el tema del programa de IVM, y los cambios estructurales que se deben realizar a corto, mediano y largo plazo en beneficio de la salud y seguridad social de la población.
En ese sentido, el expresidente de la Cciap Carlos Fernández indicó que el problema de la CSS es complejo y no solo es el de tener una directiva disfuncional e inoperante, sino que la administración y el Gobierno están manejando una institución de más de 30 mil colaboradores, lo cual se hace muy difícil de llevar.
Por ello, la propuesta del gremio es llevar a un diálogo nacional con soluciones genuinas, mientras se realiza una reingeniería, separando en dos entidades la administración de los programas de pensiones y de salud, con juntas directivas independientes y personal especializado, explicó Fernández.
Por su parte, Tribaldos, exdirectivo de la CSS, manifestó que el responsable de los problemas de la entidad es la junta, ya que son sus miembros los llamados a tomar los correctivos.
“No entiendo por qué una de las instituciones financieras más grandes del país, que maneja fondos de más de la mitad de la población panameña, no presente informes financieros desde 2012”, dijo.
Sostuvo que la directiva actual, al igual que la pasada, tenía conocimiento de esa situación pero no toman las medidas, porque tiene un costo político.
Además, Tribaldos añadió que es injustificable que no haya medicamentos en las centros hospitalarios, cuando todos los años en el programa de Riesgo de Enfermedad y Maternidad hay un superávit entre 100 millones y 150 millones de dólares.
Tras varios análisis y proyecciones, miembros de la Cciap han planteado que las obligaciones del IVM para con los 240 mil jubilados y pensionados que tiene el sistema “no podrán cubrirse en su totalidad a partir de 2018”, y si no se hacen los correctivos “las reservas del programa podrían extinguirse en 2025”.
Los planteamientos de Fernández y Tribaldos son compartidos por las asociaciones de pacientes.
La presidenta de la Asociación Panameña de Pacientes y Parientes con Enfermedades Hematológicas, Faustina Díaz, indicó que con el tema del programa de IVM, los directivos de la CSS han tenido una actitud poco beligerante en exigir los informes financieros correspondientes para evitar que este programa colapse.
Respecto al tema de la crisis de medicamentos de la entidad, dijo que han jugado un papel de observador, pues no han emitido ningún comentario ni propuesto soluciones.
Díaz sostiene que el actuar de los directivos guarda relación con que muchos sobrepasan el tiempo establecido para formar parte de ese grupo, que es de cinco años.
La Ley 51 de diciembre de 2005 (Ley Orgánica), en su artículo 26 indica que “el período de los miembros de la junta directiva y sus suplentes es de cinco años escalonados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de esta ley”.
No obstante, Díaz sostiene que frente a esta realidad muchos se hacen de la vista gorda y aceptan la situación.
“La razón del porqué pasa esto, es que sencillamente no piensan en los relevos generacionales, creen que ellos son los únicos que todo lo saben“, manifestó.
Para Díaz, los efectos en la institución son negativos porque se mantiene el círculo vicioso, los problemas se agravan, y nadie los resuelve.
SE DEFIENDEN
Frente al escenario poco favorable para los integrantes de la junta directiva, estos se defienden de las críticas y aunque reconocen que hay falencias en la institución, aseguran que sí han realizado aportes para mantener el funcionamiento de la CSS.
Uno de ellos fue Medina, representante de los jubilados y pensionados, a quien se le vencerá su período el próximo año para completar así 15 años en la junta, de manera intermitente.
“Respeto las opiniones que en este momento se están dando, pero la verdad es que la gente desconoce la labor de los miembros de la junta directiva (...) no es un ente administrativo, sino fiscalizador”, dijo.
Añadió que, como cuerpo colegiado, han sostenido reuniones tanto con el administrador general de la Caja, Estivenson Girón, como con el presidente de la República, Juan Carlos Varela.
Medina asegura que han solicitado que se le dé prioridad a los asuntos de la institución y se den respuestas en aspectos como abastecimiento de insumos y medicamentos, citas especializadas, instalaciones de calidad y brindar una atención humanitaria a los usuarios.
Por su parte, Puga aseguró que el estado financiero de la entidad es saludable, a excepción del IVM.
Manifestó que, como representante del sector obrero, “estamos preocupados por esta situación y hemos urgido al presidente Varela a que nombre la comisión tripartita -trabajadores, empresarios y el Ejecutivo - para que el tema sea analizado”.
A su juicio, la discusión de este tema “no espera más”, y estimó que, a más tardar en 2017, se debe tener respuestas concretas y a largo plazo sobre el tema.
Puga añadió que este diálogo también debe ser aprovechado para hacer una serie de cambios a la Ley 51, de tal manera que pueda ser mejorada y actualizada para darle autonomía a la CSS.
“A nosotros nos corresponde evidenciar lo que sucede en la institución, pero no tenemos mayor fuerza para hacer cumplir las exigencias de los asegurados”, anotó.
El período de Puga, como representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, vence en 2019.
Otro que dejó una posición respecto a los críticas fue Ortega, quién opinó que la junta directiva de la CSS es “muy valiosa”, porque están representados todos los sectores. Desde su punto de vista, “hay mucha injusticia frente a la calificación que se le da a la entidad porque, a pesar de todo, la Caja de Seguro Social está cumpliendo con un servicio, pero no es reconocido”.
‘PUEDEN HACER MÁS’
En el artículo 28 de la Ley 51 se establece un listado de 16 facultades y deberes de la junta directiva, y entre ellas están: dictar y reformar, por medio de resoluciones, los reglamentos de la CSS, aprobar la estructura de cargos y salarios, ordenar cuando lo estime necesario, la contratación de auditorías y revisiones actuariales externas sobre los estados financieros, además de aprobar el proyecto de presupuesto anual.
De igual manera, se refiere a la facultad de solicitar al Órgano Ejecutivo la remoción del director general, según las causales fijadas en esa misma norma.
Sobre este último punto, Rolando Villalaz, exadministrador de la CSS, recordó que la junta directiva tiene las facultades para tomar acciones frente a una situación que, a su juicio, son “peores” que las ocurridas en 2003, cuando por recomendación de los directivos se destituyó al entonces director, Juan Jované. Manifestó que la junta “ha actuado muy pobremente y es cómplice de la situación actual”.
La ley establece que la junta directiva se debe reunir una vez al mes, o cuando sea convocada por el presidente del grupo, director general o seis de sus miembros principales.
