La implementación efectiva de la ley es uno de los principales pilares en los que se basa la estrategia del Gobierno para sacar a Panamá de las listas discriminatorias en las que se encuentra.
La viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional, Erika Mouynes, dijo que solamente un 4% de los casos de cuello blanco reciben una condena, y además no hay casos de evasión fiscal cuando el país es un centro financiero internacional.
Precisamente la falta de efectividad en la aplicación de las leyes llevó a Panamá a la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), una relación de países con debilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Además, Panamá figura como parcialmente cumplidor en materia de intercambio de información financiera, según los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La nación comparte estas listas con países como Yemen, Siria, Pakistán, Bostwuana o Vanuatu, entre otros.
Mouynes hizo este martes 14 de enero una presentación sobre la estrategia del país para recuperar su imagen internacional durante la reunión mensual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.
La viceministra defendió que en la estrategia nacional debe haber un balance entre la aplicación de normas y el mantenimiento de la competitividad. "Si lo que decidimos es aceptar todo, el impacto económico para Panamá va a ser devastador", advirtió.
Aboga porque Panamá defina qué quiere como país para seguir siendo competitivo y tener controles sobre los flujos ilícitos, fondos que, a su juicio “no queremos porque no representan desarrollo social ni multiplican las inversiones”.
Luego de regresar a la lista gris del GAFI en junio del año pasado, el Gobierno se comprometió a ejecutar un plan de acción con el objetivo de abandonar la lista en un periodo de 18 meses.
Además del compromiso de aplicar de manera efectiva las leyes, Panamá está reforzando su marco legal.
En los últimos cinco años se creó toda una nueva legislación para prevenir el blanqueo de capitales y en la actual administración gubernamental -que asumió en julio de 2019- se han aprobado varias leyes para elevar los estándares.
Por ejemplo, Mouynes se refirió a la Ley 56 de 2019 creó la Superintendencia de Sujetos No Financieros, fortaleciendo el ente supervisor de las actividades económicas no financieras; la Ley 87 de 2019, que reformó la ley de defraudación fiscal para limitar a una sola ocasión la exención de pena de cárcel si se devuelve el dinero defraudado; la Ley 169 de 2019, por la que se aprueba la creación de un registro único de beneficiarios finales; y la Ley 123 de 2019 que castiga con prisión de 8 a 15 años el envío ilegal de remesas.
Además, el Gobierno está promoviendo una ley para exigir a los agentes residentes que remitan registros contables de las sociedades que manejan a la DGI.
Esto está siendo discutido en el marco de una reforma a la Ley 52 de 2016. El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, dijo que la aprobación de esta medida ayudaría a Panamá a salir de la lista de paraísos fiscales de Francia.
El Ministerio de Economía y Finanzas reconoció en un comunicado el pasado 8 de enero que aunque se han firmado acuerdos para intercambiar información financiera, "en la práctica, cuando se pide información sobre el beneficiario final y los registros contables de un ciudadano extranjero, que es sujeto a una investigación fiscal en su país de origen, lamentablemente no se está cumpliendo".
‘No somos una isla’
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Julio de la Lastra, coincidió con la viceministra Mouynes en que Panamá tiene muchas leyes, pero no una verdadera implementación de las mismas. Sobre la estrategia que debe seguir el país, dijo que "no podemos considerar que estamos en una isla. Tenemos que hacer de estricto cumplimiento las normativas que rigen a nivel internacional y eso significa no contribuir al negocio ilícito, al lavado de dinero o a la evasión fiscal".
La viceministra hizo un llamado al sector privado para que difunda en foros internacionales los avances que está teniendo Panamá y puso los ejemplos de jurisdicciones como Singapur, Luxemburgo o Suiza, que lograron cambiar la percepción sobre ellos. Sobre este aspecto, De La Lastra dijo que “tenemos que proyectarnos como un lugar correcto y decente para hacer inversiones y hacer negocios”.
