Tribunal recibe informe de perito independiente en disputa entre Tocumen y Odebrecht

Tribunal recibe informe de perito independiente en disputa entre Tocumen y Odebrecht
El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas falló a favor de la empresa Odebrecht que había solicitado que se revocará la anulación de contrato que ejecutó Tocumen en septiembre de 2021.. Archivo


El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) recibió una de las pruebas principales que solicitó para tomar una decisión en el proceso de apelación que interpuso la empresa Odebrecht contra la resolución administrativa del contrato para la construcción de la nueva terminal de pasajeros que ordenó Tocumen S.A., el 28 de septiembre de 2021.

Además de solicitar a Tocumen y Odebrecht que designaran peritos que inspeccionaran el proyecto, el TACP hizo lo propio para verificar el estado actual de la terminal, así como el estado de los trabajos pendientes en el edificio de 116 mil metros cuadrados.

El pasado 30 de junio, el Tribunal recibió el informe preparado por la perita independiente Adiccia Escribano, quien auditó los informes levantados por el administrador de proyecto (project manager), el Consorcio PM Terminal Sur. Escribano también participó en la inspección de la terminal que ordenó el TACP el 18 de mayo de 2023, donde se comprobaron las deficiencias en el sistema de enfriamiento, la falta de integración de equipos informáticos, entre otros trabajos pendientes.

En la inspección, la perita debía determinar si los 640 trabajos pendientes que debía resolver Odebrecht como parte de los compromisos adquiridos en la adenda 8 fueron atendidos antes de que Tocumen anulara el contrato por supuestos incumplimientos por parte del contratista brasileño. Escribano manifestó que tal como lo plasmó el project manager en sus informes de seguimiento, al 30 de abril de 2023 quedaban pendientes 285 trabajos, cifra que no incluye los reclamos de garantías que ha interpuesto la administración de la terminal aérea.

La especialista determinó que además de los pendientes relacionados con la octava adenda, la empresa brasileña, todavía mantiene expedientes abiertos vinculados a la mayoría de las adendas hechas al contrato desde 2012. “A manera de poder corroborar los pendientes denominados ‘ajustes y complementos’, Tocumen S. A., actualizó el listado de pendientes de las Adendas 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 debidamente refrendadas por la Contraloría General de la República, quedando aún por atender al 30 de abril de 2023, doscientos ochenta y cinco (285) punch list, por lo cual puedo concluir, que a la fecha no se han corregido todos los pendientes listados en las distintas adendas”, determinó Escribano.

Lo señalado por la especialista designada por el TACP, va en línea con las conclusiones del perito escogido por Tocumen, José Ramón Icaza, quien determinó que los retrasos en el proyecto comenzaron desde la tercera adenda, es decir, en 2018, cuando la compañía empezó a enfrentar problemas de liquidez.

“Desde esa fecha los retrasos fueron constantes, haciendo necesario firmar nuevas adendas, debido a los pocos avances”, destaca el perito. La falta de liquidez, comenta Icaza, llevó a Odebrecht a enfrentar demanda de parte de sus proveedores y subcontratistas, además de provocar la pérdida de personal técnico necesario para continuar con la ejecución del proyecto.

Aunque Odebrecht asegura que la pandemia del coronavirus (covid-19), le impidió culminar con los trabajos pendientes, Icaza advierte que al momento de declararse la coyuntura sanitaria, el proyecto registraba un avance físico superior al 99.8%, por lo cual, no se justifica que no se cumpliera con los plazos acordados en la octava adenda.

Recorrido

En su informe, Escribano dejó plasmado que durante el recorrido del 18 de mayo, fue notable que la climatización dentro del edificio de 116 mil metros cuadrado no era la adecuada. Indica que es importante determinar si el mal funcionamiento es producto de fallas en los equipos desde que fueron instalados o si es producto de falta de mantenimiento. En este tema, representantes de Odebrecht han indicado que el mantenimiento del sistema de climatización es responsabilidad del aeropuerto, no obstante, en este punto, también hay diferencia de criterios.

Sobre la garantía del sistema de enfriamiento, Odebrecht advierte que Tocumen incumplió al contratar a un tercero para darle mantenimiento a los equipos, mientras que Tocumen indica que firmaron un contrato con la empresa brasileña para darle soporte a los equipos, pero advierten que Odebrecht tampoco cumplió con dicho contrato, lo que llevó al aeropuerto a buscar los servicios de una empresa externa para evitar daños en el sistema.

Otro de los pendientes de Odebrecht que fueron señalados por la perita designada por el TACP es la falta de integración de los sistemas que controlan las escaleras eléctricas, elevadores, sistema contra incendios, entre otros.

En este sentido Escribano manifestó que “como parte contractual se solicita, que todos los sistemas se integren a un monitoreo (BMS), para detectar fallas: elevadores, escaleras mecánicas, sistema de aire acondicionado, aceras móviles, iluminación, sistema contra incendios, puntos de abordajes, bandas transportadoras, etc., integración que a la fecha no ha sido concluida, es decir, a la fecha no se han corregido todos los punch list (lista de pendientes) descritos en la adenda 8″.

Igualmente, el informe de la especialista incluye que la empresa brasileña no ha entregado los planos correspondientes a un número importante de trabajos, lo que impide que el aeropuerto de como finalizados estos pendientes.

Además del informe preparado por Escribano, el TACP ya recibió el análisis realizado por el perito designado por la Autoridad de Aeronáutica Civil, quien determinó que hay trabajos sin completar en la plataforma por donde circulan las aeronaves, específicamente, la carencia del sistema de guía.

El TACP debe determinar si Tocumen contaba con los fundamentos legales para resolver el contrato del proyecto, que terminó costando 917 millones de dólares, o si, los retrasos en el proyecto no fueron responsabilidad de la empresa brasileña, que fue inhabilidad por el aeropuerto para firmar nuevos contratos con el Estado por un periodo de 3 años.


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