Estos días, los habitantes de las usualmente tranquilas comunidades de Bahía Honda y El Pixvae, al sur de Veraguas, van de sobresalto en sobresalto.
Tras la sorpresiva visita que hiciera el presidente, Ricardo Martinelli, los días de Semana Santa, para advertirles que no se interpusieran en los planes del empresario Jean Pigozzi en el área, ayer llegaron a Bahía Honda funcionarios de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).
Su misión era colocar en un lugar visible de la corregiduría de Bahía Honda el edicto que da a la comunidad la oportunidad de oponerse, en caso de tener derecho a ello, a la solicitud de una “concesión especial” que hiciera Pigozzi sobre 141.5 hectáreas en la isla Canales de Tierra, donde ha construido un laboratorio marino y una espectacular casa.
La petición de Pigozzi se basa en el artículo 26 de la Ley 2 de 2006 que regula las concesiones para inversiones turísticas y la enajenación de territorio insular.
El citado artículo señala: las personas domiciliadas en el área que han mantenido una posesión permanente e ininterrumpida de terrenos del Estado en territorio insular, por un período no inferior a los dos años anteriores a la entrada en vigencia de la presente ley, utilizando dichos terrenos para vivienda o asiento en su actividad agropecuaria, se les otorgará la concesión de dichos terrenos por 90 años, sin que para ello deban someterse a acto público o consignar fianza alguna por dicha concesión, quedando exentas del pago del canon correspondiente”.
Además, el pasado jueves, un inusual despliegue policial patrulló la zona costera frente a Bahía Honda y El Pixvae. Tras el recorrido marino, los policías se quedaron a custodiar la isla Canales de Tierra, que Pigozzi ha rebautizado como Simca, en recuerdo de la empresa automovilística que tuvo su familia.
CONTROVERSIA
¿Cómo llegó Jean Pigozzi a la isla Canales de Tierras y cómo pudo hacer uso de ella como si de su propiedad se tratara?
En un reportaje aparecido en el suplemento económico Martes Financiero publicado en junio de 2011, se relata parte de la historia.
La familia Castillo, representada por Angélica, de 94 años, asegura que son los habitantes originarios de la isla y, en consecuencia, sus dueños.
Dice haber vivido 56 de sus 93 años allí, donde vio crecer a sus cuatro hijos.
Los Castillo aseguran haberle arrendado la isla a Pigozzi por 70 mil dólares en 1999.
Sin embargo, en 2005 los hermanos Castillo intentaron saber del estado del arrendamiento, enterándose que en realidad habían firmado un contrato de compraventa. Ya no eran dueños de la isla.
La controversia legal llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, donde el pasado 22 de marzo la familia Castillo perdió la posibilidad de revertir lo sucedido. Un recurso de casación presentado por ellos no fue admitido.
Ahora, Pigozzi avanza con su intención de formalizar, con el aval de la Anati, su control de la isla.
Temor y resignación
La pacífica comunidad de El Pixvae –compuesta por alrededor de 800 personas– se dedicaba en el pasado principalmente a la pesca.
Sin embargo, las regulaciones ambientales que protegen la isla de Coiba les obligaron a buscar nuevas formas de ganarse la vida. Ahora se dedican a cultivar arroz, maíz, yuca y plátano.
La falta de opciones provocó que muchos trabajen con Pigozzi en la construcción de casas, tareas de limpieza y vigilancia de las propiedades del empresario.
Justamente por ello, muchos prefieren no hablar de lo sucedido en Semana Santa, cuando fueron visitados por el mandatario.
Margarita Mojica, residente de El Pixvae, comentó a La Prensa que “no les conviene” que lo sucedido “salga en las noticias, porque perderán la oportunidad” de que el Presidente cumpla con las promesas que les hizo durante su visita.
“Él [Martinelli] casi que no nos amenazó, él dijo que... bueno el señor Pigozzi prometió una antena de teléfono para la comunidad”, añadió Mojica.
Sin embargo, esta opinión no la comparten otros moradores de El Pixvae y de Bahía Honda que, sin embargo, prefirieron el anonimato por temor a represalias.
Consideran que la comunidad debe unirse para pelear las tierras que heredaron de sus abuelos y que, comentan, “se las quiere arrebatar con métodos intimidatorios”.
Según relataron los lugareños, Pigozzi alega ser el dueño de una gran extensión de costas –entre las comunidades de El Cativón y El Pajarón–, lo que rechazan. Por ello, unas 70 familias están en pie de guerra.
“Pigozzi compró desde Cativón hasta Pajarón, pero ahora como la gente sabe que puede tener las 5 hectáreas gratis la quieren, más porque está a orilla de playa y cuesta como 10 mil dólares”, expresó un lugareño que trabaja con Pigozzi.
Lo cierto es que las cosas en la comunidad están divididas. Mientras algunos dicen que no dejarán que se les quiten sus terrenos “que han cuidado por años”, otros aseguran que no quieren meterse en problemas y perder lo poco que han conseguido.
“Ya a los de Pixvae les quedó claro lo que dijo el Presidente, el que se mete con Pigozzi va preso, por eso es que no quieren hablar”, expresó Ubaldino Castillo, morador cercano al Pixvae.
Otro de los que se atrevió a hablar fue Modesto González, que trabaja para el empresario como “cuidador de playa”. “Yo no lo tomo como una amenaza para nosotros sino como advertencia”, comentó en referencia a las palabras del mandatario.
González no estaba en la comunidad cuando llegó el Presidente, pero asegura que le contaron lo sucedido. Y a pesar de que repite la versión de que el presidente Martinelli advirtió “que el que le toca un pedazo de alambre del señor Pigozzi va directamente para La Joya”, no lo toma como una amenaza.
Al respecto, el mandatario escribió un mensaje en su cuenta de Twitter que anuncia próximas novedades sobre el tema, relacionándolo con el sistema penal acusatorio (ver recuadro).
Justamente Veraguas es una de las dos provincias donde el nuevo sistema penal acusatorio está vigente.
Habrá que esperar a ver si las amenazas de Semana Santa llegan a los tribunales.
