Cercado por sanciones de Washington, el presidente socialista Nicolás Maduro abre de par en par las puertas del golpeado sector petrolero de Venezuela a aliados como China con una controversial legislación que da carta blanca a inversiones bajo anonimato.
Especialistas consideran que la llamada Ley Antibloqueo, presentada por el propio mandatario y aprobada el 8 de octubre pasado por la chavista Asamblea Constituyente que rige en el país, es el preámbulo de procesos de privatización sin contraloría y, por ello, terreno fértil para la corrupción.
“La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!”, expresó hace días Maduro, aupando inversiones privadas en el campo energético para “contrarrestar” la batería de sanciones de Estados Unidos, que incluye un embargo petrolero vigente desde abril de 2019.
Con esta norma, que le otorga poderes extraordinarios, Maduro podría aprobar “privatizaciones” o esquemas de apertura preservando “el anonimato de aquellas personas o empresas” que negocien con su gobierno en desafío a las restricciones de la Casa Blanca, explicó a la AFP el experto petrolero y profesor universitario Luis Oliveros.
La ley, según su articulado, da al gobernante potestad de “inaplicar” normas legales “cuya aplicación resulte imposible o contraproducente” por los efectos de las sanciones. Declara además “secretos y reservados” todos los actos derivados de su ejecución, sin fijar mecanismos para la rendición de cuentas.
La estatal petrolera PDVSA vive sus peores momentos desde la nacionalización del sector energético hace más de cuatro décadas.
Teniendo las mayores reservas de crudo probadas del mundo, el país ha debido recurrir a buques cargados de gasolina y derivados de Irán en los últimos meses para paliar una aguda escasez de combustible.
El “secretismo” de la Ley Antibloqueo es violatorio de la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera de 1976 y la propia Constitución, indicó el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
La aprobación de contratos en materia petrolera corresponde por ley al Parlamento, dirigido por el líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos. Ello después de que la mayoría opositora legislativa declarara “usurpador” a Maduro acusándole de haber sido reelegido fraudulentamente en 2018.
Al “enmascarar” negociaciones con anonimato, “va a ser una ley perfecta para actos de corrupción“, sostuvo Daniels.
El Parlamento advirtió que quien llegue a acuerdos al amparo de esta ley, que califica de “instrumento paralegal“, podría estar incurso en delitos como “asociación ilícita para delinquir” y “aprovechamiento de bienes provenientes del delito“, entre otros.
Sin embargo, la Asamblea Nacional ha sido prácticamente borrada por el Tribunal Supremo de Justicia, que considera nulas todas sus decisiones tras declararla en desacato en 2016, poco después de que la oposición tomara el control de la cámara.
La oficialista Asamblea Constituyente, que tomó en la práctica sus atribuciones, tiene previsto cesar funciones en diciembre para dar paso en enero a un nuevo Parlamento, que se elegirá el 6 de diciembre en unas elecciones que Guaidó y los principales actores opositores decidieron boicotear por considerarlas fraudulentas.
Oliveros avizora inversiones provenientes de China y Rusia, principales acreedores de Venezuela, y otros aliados internacionales de Maduro como Irán.
De antemano, en una alocución televisada, Maduro adelantó que está “abierto” a “ampliar inversiones” a “todo nivel de la industria energética venezolana” con China.
