Hoy por hoy

La Ley 122 del 31 de diciembre de 2019, que modificó otra ley de incentivos al turismo –la cual permitía que se considerara como gasto deducible del impuesto sobre la renta hasta el 50% de la inversión realizada en una empresa turística– es un fraude legalizado, tanto por el Legislativo como el Ejecutivo, pues ese 50% de antes es ahora, con la Ley de 2019, del 100%. Esta modificación ya ha atraído la atención de inversionistas que tienen acumulados más de $900 millones solo en lo que va de este año y ninguna de estas inversiones beneficia a los pequeños hoteleros del país que, al contrario, quedan en clara desventaja frente a los grandes. Se trata, pues, de $900 millones que no entrarán a las arcas del Estado. ¿Cómo puede el Gobierno renunciar a esos ingresos con esta crisis económica? Ya van dos veces que lo hace: en la primera, renunció a cientos de millones con Panama Port Company (PPC), y ahora esto, solo que las consecuencias son mucho peores que con PPC. ¿Cuál es el criterio para aprobar este atraco? ¿Pagar favores o cobrar coimas? ¿Regalar el país? ¿Ser inversionista oculto? ¿Lavar activos? Exigimos una explicación razonable, porque hasta ahora no hemos hallado ninguna que no sea el tráfico de influencias.