Hoy por hoy

Los diputados siguen creando el escenario para que los alcaldes puedan, a su discreción, echar mano del dinero de los presupuestos municipales. Primero fue la propuesta del diputado Javier Sucre (PRD) de modificar la Ley 37 de 2009, de descentralización, a fin de que los municipios no solo reciban los fondos recaudados del impuesto de los bienes inmuebles, sino también el 6% de los ingresos corrientes del Estado. Ahora, este mismo diputado presentó una iniciativa para reformar la Ley 106 de 1973, sobre el procedimiento de contrataciones menores en los municipios, juntas comunales y consejo provinciales. Lo que se busca, según la Procuraduría General de la Administración, es excluir a las mencionadas entidades del alcance de la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas. La Procuraduría indicó que el proyecto de Sucre establecería procesos distintos a la Ley 22 de 2006, haciendo menos transparentes las compras menores de los gobiernos locales, y otorgando un nivel de discrecionalidad que riñe con lo vigente. Son estas excepciones lo que provoca la suspicacia y la sospecha, pues lo que deben hacer los diputados es dotar de mayor transparencia estos procesos.