El presidente de la República, Laurentino Cortizo, nombró al viceministro de la Presidencia, Juan Antonio Ducruet, como presidente de la junta directiva del Aeropuerto de Tocumen, S.A.
Según la Ley 23 de 2003, dicha junta directiva estará integrada por siete miembros, de los cuales cuatro serán designados por el presidente por un periodo de cinco años.
Según el Decreto No. 129 del 11 de julio de 2019, que además del presidente Cortizo lleva la firma del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, la vicepresidencia y la tesorería de la junta directiva de la empresa estatal serán ocupadas por otros dos miembros del actual Consejo de Gabinete.
Se trata de Jorge Almengor, viceministro de Finanzas, quien será el vicepresidente, y de Rafael Sabonge, ministro de Obras Públicas, quien ocupará el cargo de tesorero. La secretaría la desempeñará el actual administrador de la Autoridad de Turismo (ATP), Iván Eskildsen Alfaro.
El último presidente de la junta directiva de Tocumen fue Dulcidio De La Guardia, quien fungió como ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Juan Carlos Varela.
De La Guardia envió una carta anunciando su renuncia a ese cargo a Cortizo, quien en ese momento era presidente electo. Esta se hizo efectiva el pasado 30 de junio.
A finales de junio de este año, una resolución emitida por la junta directiva en cuestión sonó alarmas en diversos sectores que defienden la transparencia. La resolución, firmada por el propio De La Guardia en noviembre de 2018, blinda gran parte de la información emanada de esa junta directiva.
Utilizando de base el artículo 14 de la Ley 6 de 2002, que establece los parámetros de la información de acceso restringido, Tocumen podría bloquear por hasta 10 años el acceso a las memorias, notas, correspondencias y documentos relacionados con negociaciones diplomáticas, comerciales o internacionales de cualquier índole.
La exdirectora de la Autoridad Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maytín, pidió que se especificara en cuál numeral de la ley se fundamente la resolución, pues a su juicio, la misma “no tiene fundamento”.
