Nuevos casos apuntan a diputado Arquesio Arias

Arquesio Arias, graduado de Medicina en Cuba y ahora diputado en Guna Yala, detalla en su hoja de vida todos los sitios en los que laboró como médico general, con excepción de uno: Ailigandí.

Allí, en 2012, un grupo de 9 adolescentes de entre 13 y 15 años que formaba parte de un equipo de baloncesto fue atendido por Arias. Tres de esas jóvenes relataron a sus padres y docentes que el médico les tocó sus genitales. Los exámenes por los que acudieron a esa instalación de salud no implicaban contacto físico alguno.

El director del colegio Simran Colman –donde estudiaban las chicas–, Domidilio Guillén, narró que tras lo sucedido elaboraron una nota y la enviaron al Ministerio de Salud, para que adoptara medidas enérgicas contra Arias.

También dijo que instaron a los padres a presentar la denuncia, aunque estos no procedieron.

De esta historia también dio cuenta uno de los profesores de educación física y entrenador de las adolescentes, quien acudió a declarar como testigo en el proceso que se le sigue al diputado en la Corte Suprema de Justicia por otros dos presuntos delitos sexuales cometidos, en la comunidad indígena de Ustupu, donde una de las víctimas es menor de edad.

En Ailigandí como en Ustupu el médico solicitó a los acudientes de las supuestas víctimas que esperaran afuera del consultorio.

Las víctimas ocultas del diputado Arias

Arquesio Arias, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), y quien hasta julio de este año se desempeñó como médico en la comarca Guna Yala –de donde es oriundo–, ha ganado más notoriedad por las acusaciones que ha recibido por supuestas violaciones sexuales en su comarca que como diputado de la Asamblea Nacional por el circuito 10-2.

Arias se ha negado a abordar el tema con los medios, luego de que el pasado 8 de agosto, de forma unánime, el pleno de la Corte Suprema de Justicia admitió una querella penal en su contra por la presunta comisión del delito contra la libertad e integridad sexual.

Su caso volvió a la palestra recientemente, cuando votó a favor de la expulsión de Alfredo Castillero Hoyos del cargo de defensor del Pueblo –la semana pasada– por “negligencia notoria” y “falta de solvencia moral”, luego de haber sido acusado de acoso sexual.

Actualmente, Arias enfrenta un proceso vinculado a dos denuncias. Una de ellas la interpuso, en 2018, una joven de 22 años que asegura que el hoy diputado abusó de ella al momento de practicarle una prueba de papanicolaou, durante una consulta médica.

La segunda responde a un supuesto abuso sexual a una menor de edad que acudió al centro de salud con problemas gástricos. El médico solicitó al familiar que acompañaba a la menor que esperara afuera del consultorio, tiempo en el que habría abusado de ella. Ambos casos ocurrieron en la isla Ustupu, en Guna Yala.

Para entonces, Arias contaba con el prestigio de ser médico, profesión muy valorada y respetada entre los pueblos originarios, y también el de formar parte de las filas del PRD. Se graduó con el título de doctor en medicina general en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, Cuba, en 2006. Fue médico en Mulatupu, entre 2011 y 2017, y en Ustupu, entre 2017 y 2019.

Nuevos casos

Pero su hoja de vida contiene una importante omisión. En 2012, Arias laboró como médico en Ailigandí, una de las tantas islas del archipiélago de Guna Yala, habitada por unas 2 mil personas. En esa isla, al igual que en el resto de los sitios donde trabajó, gozaba de la confianza de sus coterráneos.

En junio de ese año, un grupo de adolescentes –de entre 13 y 15 años– del colegio Simran Colman representaría a Guna Yala –en la rama femenina– en un torneo de baloncesto intercolegial que se desarrollaría en la provincia de Coclé.

A fin de garantizar que ninguna de las nueve chicas del equipo tuviera problemas físicos en el torneo, sus profesores de educación física y entrenadores les ordenaron practicarse evaluaciones médicas en el centro hospitalario de la isla. La evaluación incluía pruebas de embarazo. Las niñas debían ir acompañadas de un familiar y la prueba no implicaba más que extracción de sangre o entregar muestras de orina para exámenes de laboratorio.

Pero no fueron estas pruebas las que les practicó el médico, de acuerdo con el testimonio de las chicas. Tras acudir al centro hospitalario, las niñas confesaron a sus madres que –estando a solas con él en el consultorio– este les pidió desvestirse, tras lo cual procedió a tocar sus genitales.

En esa ocasión, como igualmente ocurrió en 2018, Arias había exigido a los familiares de las adolescentes quedarse fuera del consultorio mientras él atendía a las menores, una por una.

Luego de esto, algunas madres comunicaron lo sucedido a profesores de la comisión de deporte del colegio, quienes, a su vez, explicaron lo sucedido al director del plantel, Domidilio Guillén.

Guillén narró que, de las nueve menores, tres de ellas quedaron muy afectadas. El colegio dirigió una nota a la Dirección Regional del Ministerio de Salud (Minsa) de Guna Yala, en ese momento a cargo del médico Luis Urriola. La nota denunciaba los actos cometidos por el actual diputado, según la narración de las víctimas.

“Ese [Urriola] era el que tenía que tomar las riendas de la investigación”, comentó Guillén tras cuestionar el por qué el caso nunca fue llevado a instancias judiciales. El director del colegio Simran Colman también dijo que instaron a los padres de familia a presentar una denuncia en la Personería de Guna Yala,  pero, por carencia de dinero o desconocimiento de la ley, las madres no lo hicieron.

Esta es la primera vez que Guillén habla del tema a un medio de comunicación. Si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigan a Arias viajan a Ailigandí, “no tendríamos objeción” en declarar, afirmó. “Sería bueno que vengan”, pidió el docente a cargo del centro educativo, donde reciben clases más de 400 estudiantes.

La narración de Guillén coincide con el testimonio de un nuevo testigo en este mismo caso, quien compareció a declarar como parte del proceso que se le sigue a Arias en la Corte. Y lo declarado no es poca cosa. Se trata de uno de los profesores de educación física del colegio Simran Colman, de Ailigandí, quien formó parte de la comisión de deporte que ayudó a elaborar la nota enviada al Minsa para contar lo ocurrido entre el médico y las adolescentes deportistas.

Este educador fue uno de los primeros en conocer –de los padres de familia de las menores– que las niñas habían revelado lo que había acontecido en el consultorio de Arias, por lo que acudió al centro hospitalario para enfrentar al médico. Allí le informaron que estaba de vacaciones.

Tras el incidente, a Arias no se le vio más atendiendo en Ailigandí. Pasó al área sanitaria de Mulatupu, donde, como consta en su hoja de vida, estuvo hasta 2017. Posteriormente y por razones desconocidas, el médico fue trasladado a Ustupu, donde en 2018 habrían ocurrido los dos supuestos casos de abuso sexual ya conocidos.

Enereida Barría, abogada de estas últimas víctimas, exigió “justicia” para ambas jóvenes, una de las cuales es menor de edad. “Estamos casi seguras que los hechos [los supuestos abusos de Arias] no solo datan de 2018, sino que se trata de un comportamiento que viene de fechas anteriores”, declaró.

‘Ataques políticos’

Para Barría, la investigación que adelanta el magistrado fiscal, Olmedo Arrocha, cumple los procedimientos legales. Ve como un buen paso que a sus representadas se les brinde ayuda psicológica después de lo ocurrido, así como protección, considerando que se enfrentan a un diputado del partido de Gobierno.

Sobre la condición de las víctimas, subrayó que su salud mental fue perjudicada. Esta es una batalla entre David y Goliat. “Estamos hablando de mujeres vulnerables, indígenas y sin recursos contra un agresor que cuenta con recursos económicos y políticos”, advirtió.

Sostuvo que por el solo hecho de ser mujeres hay cierto grado de vulnerabilidad, y que el problema es mayor si a eso se añade el escenario de pobreza y de una comarca en la que el traslado de Ustupu a la Personería en Narganá toma horas y cuesta más de $100. “En la comarca, cuando ocurren casos como estos, se llevan a las autoridades comarcales, y solo se establece una sanción monetaria. El daño a estas chicas será para toda la vida”, se lamentó.

Este medio consultó al entonces director regional de Salud de Guna Yala sobre los supuestos hechos cometidos por Arias, y señaló que ese era un tema que veía Recursos Humanos.

También se contactó a Elibeth de Henríquez, de la dirección de Recursos Humanos del Minsa en Guna Yala, quien prefirió no hacer comentarios sobre el tema. La misma actitud asumió la actual directora regional de Salud en Guna Yala, Waga Yoguna Díaz.

Tras varias llamadas y mensajes enviados a Arias, para obtener su versión sobre estos nuevos casos, este no respondió.

El pasado miércoles el diputado fue abordado por los medios sobre las denuncias de isla Ustupu. Asediado por periodistas, repitió no menos de cinco veces que no hablaría del tema y que dejaría todo en manos de su equipo legal.

Arias nunca dejó de laborar como médico en Ustupu a pesar de las denuncias presentadas en su contra en septiembre de 2018. Tampoco lo hizo en 2012, cuando los educadores de Ailigandí alertaron al Ministerio de Salud sobre el supuesto comportamiento del médico. Hasta ahora, el médico –y ahora diputado– se ha beneficiado de la inacción gubernamental.