La narcopolítica vuelve al debate público, luego de que sicarios asesinaran este domingo a un dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Representantes de la sociedad civil y líderes políticos plantean que los altos topes de campaña oxigenan la narcopolítica en el país.
Por ello, consideran que entre los mecanismos para evitar el dinero sucio en la política está la disminución de los topes de campaña.
Sin embargo, poco fueron los avances que se dieron sobre este tema en las reformas al Código Electoral aprobadas por la Asamblea Nacional de cara a los comicios de 2024.
¿Están blindados los comicios 2024 contra la narcopolítica?
En 2022 se activa el Plan General de Elecciones Generales, rumbo a los comicios de 2024, y con ello se pone en marcha la estrategia de partidos y candidatos para alcanzar un cargo de representación popular.
El costo de las campañas, y la fiscalización de los fondos privados fueron dos de los temas que registraron pocos avances en las recientes reformas al Código Electoral.
¿Garantiza esta ley que el dinero sucio no entre a la política? El tema vuelve al debate luego de que sicarios asesinaran al subdirector del Registro Público, Agustín Lara, dirigente del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) en San Miguelito.
La sociedad civil organizada de Panamá, y líderes políticos, plantean que entre los mecanismos para evitar el dinero sucio en la política figuran la disminución de los topes de campañas, y una mayor fiscalización del origen de las donaciones privadas que entran tanto a los partidos políticos como a los candidatos.
Sin embargo, la propuesta para bajar el costo de las campañas planteada por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) no prosperó en la Asamblea Nacional, órgano dominado por el PRD. Por el contrario, diputados de ese partido y de Cambio Democrático (CD) intentaron aumentarlo, pero debido a las críticas, esta iniciativa fue retirada para mantener los topes del torneo de 2019.
La CNRE proponía una reducción del 25%, en comparación con los comicios de mayo de 2019 para el tope de ingresos y gastos del financiamiento privado. En 2019, el candidato presidencial podía recaudar hasta $10 millones, pero con la reducción propuesta solo podía recoger $7.5 millones.
Al dejar los topes de las elecciones pasadas, un candidato presidencial podrá seguir gastando hasta $10 millones; y los candidatos a diputado, $300 mil, por ejemplo.
Los diputados también intentaron que se permitiera que personas “condenadas” pudieran donar a candidatos y que la entrega de credenciales a los ganadores no estuviese ligada a la entrega de los informes de ingresos y gastos. Pero la veeduría ciudadana y una serie de protestas tumbaron esta iniciativa.
Para frenar la influencia del crimen organizado en la política, hay varias acciones que tomar. En palabras del presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, se debe “continuar disminuyendo el costo de las campañas” y “fiscalizar mejor el origen de donaciones privadas o eliminarlas del todo”.
Por su parte, Cristian Ábrego, de la Fundación Conciencia Ciudadana, cree que los próximos comicios no solo no están blindados del dinero sucio, sino que, a su juicio, “incentivan la narcopolítica”.
Lo dice precisamente por los altos topes de campaña, pues considera que los elevados costos de una campaña “motiva a los delincuentes a meterse en política para poner a sus candidatos a cambio de beneficios y prebendas”.
“Esto lo pudieron cambiar los diputados, pero no lo hicieron porque varios de ellos dependen de esas donaciones para estar donde están. Los que hacen las reglas son los mismos que se benefician de ellas. Ese es el problema estructural que tenemos en nuestro sistema político”, sostuvo.
En la Asamblea, los diputados se apartan del tema, y la prueba está en que la perredista Alina González, manifestó ayer que para “hablar de narcopolítica tiene que haber pruebas”.
Dijo que “ellos como políticos tienen contactos con personas sin saber si pertenecen o no al narcotráfico”. A su vez, anunció que en el próximo periodo legislativo, que arranca en enero próximo, presentarán una solicitud para citar al ministro de Seguridad, Juan Pino, para que rinda cuentas por la inseguridad en el país. Pino ha guardado silencio sobre el homicidio de Lara.
Electores sin datos
Para los comicios de 2024 también se mantiene el mismo método de fiscalización de los informes de ingresos y gastos, que lleva adelante el Tribunal Electoral (TE). Esta supervisión fue duramente cuestionada en 2019, por la Organización de los Estados Americanos (OEA), luego de vigilar los comicios.
En el informe de la OEA se advierte, por ejemplo, que los informes financieros de las campañas no son entregados sino hasta 15 días después de la elección. Es decir, que al momento de emitir su voto los electores no tienen ningún tipo de información sobre quién financia a cada los candidatos. Sugirió desarrollar mecanismos que permitan al órgano de control contar con información propia sobre los gastos de las campañas que pueda ser contrastada con lo reportado por los partidos.
Recientemente, el Tribunal Electoral destituyó al director de Fiscalización del Financiamiento Público y a otros funcionarios, en medio de reclamos del uso irregular del subsidio entregados a CD. Sobre este tema el TE no ha dado detalles.
