La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer ayer su hoja de ruta para concluir el conflictivo proyecto Ciudad de la Salud: resolver administrativamente el contrato con el consorcio español Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), investigado por el pago de sobornos en Panamá.
El director de la CSS, Enrique Lau Cortés, subrayó que la obra, que fue adjudicada en 2012 por $554.3 millones, terminará costando unos $800 millones.
Según Lau Cortés, se instruyó al equipo legal de la CSS para que comience el proceso, con todas las consecuencias que eso acarreará.
¿Qué dice el contrato? El acuerdo entre ambas partes permite a la CSS declarar resuelto administrativamente el contrato cuando ocurran una o más de las causales de resolución determinadas en el artículo 113 de la Ley 22 de 2006, de Contrataciones Públicas. Una de esas es el incumplimiento de las cláusulas pactadas.
También se considera como causal el abandono o suspensión de los trabajos sin autorización previa.
De acuerdo con el contrato, la CSS deberá notificar al contratista para subsanación en un plazo de 30 días y si transcurrido ese tiempo no lo hace, la entidad podrá reclamar la fianza.
De hecho, Lau Cortés consideró que la semana pasada FCC solicitó rescindir el contrato, para que la CSS no pudiera ejecutar la fianza de cumplimiento, cuyo monto es de $55 millones.
Para Aida de Maduro, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada en la junta directiva de la CSS, FCC tiene que cumplir con el contrato; de lo contrario, la CSS debe ejecutar la fianza. “Esa es la solución que esperamos. No hay otra alternativa”, dijo.
Ayer, el presidente Laurentino Cortizo calificó como “inconcebible” y “una burla” a los panameños que FCC hable de deudas millonarias por parte de Panamá, cuando es público que está involucrada en anomalías.
Un contrato con una declaración de no corrupción
El 23 de abril de 2012, dejaban su firma sobre el contrato para la construcción del proyecto Ciudad de Salud, en ese momento llamado Ciudad Hospitalaria, el entonces director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez-Llorens, y Julio Casla García, representante legal de la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
Ocho años después, FCC es acusada en España –e investigada en el país– por supuestamente pagar coimas en Panamá, al tiempo que intenta rescindir el contrato con la CSS para construir el proyecto.
De hecho, la propia empresa presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de España sobre acuerdos comerciales suscritos por exdirectivos de la constructora, para el pago de sobornos a panameños.
Precisamente, una de las obras bajo la lupa de los fiscales es la Ciudad de la Salud, que supuso el pago de una coima de $58 millones.
Y eso ocurrió, pese a que en el contrato de 2012, firmado entre la CSS y FCC, se estableció una “declaración de no incurrir en prácticas corruptas”.
Según el documento, el contratista “garantizaba, se comprometía y declaraba que ni él ni ninguna parte relacionada con él ha incurrido ni incurrirá en ninguna de las siguientes conductas: pagar, dar , entregar, recibir, prometer o acordar una dádiva, coima, soborno o comisiones ilegales en la república de Panamá o en cualquier otro lugar en que dicha conducta se relacione con el contrato”.
Durante una gira por el distrito de Capira, en Panamá Oeste, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se refirió ayer al tema. El mandatario consideró que es “inconcebible” y “una burla” a los panameños que FCC esté hablando de deudas millonarias por parte del Gobierno de Panamá, cuando es público que la compañía está involucrada en “irregularidades”, ocurridas en anteriores administraciones.
Como se recordará, la empresa española reclama a la CSS unos $65 millones por “permanencia extendida”; es decir, por los cinco años que la obra estuvo paralizada en el pasado Gobierno.
“Las cifras que maneja FCC son incorrectas”, resaltó Cortizo, quien puntualizó que aunque no administra justicia y que hay un debido proceso que se está dando en otros países (como España), se le hace inconcebible hablar de que Panamá le debe plata a FCC.
“A los panameños hay que respetarlos. Nosotros como país respetamos todas las leyes, los procedimientos y las normas, pero también nos tienen que respetar a nosotros”, dijo.
Además, advirtió que Panamá va a utilizar la Ciudad de la Salud para atender pacientes de coronavirus, por lo que le ha comunicado al director de la CSS, Enrique Lau Cortés, que se haga “respetar”.
Cancelación de contrato
Horas antes de que Cortizo se pronunciara, Lau Cortés convocó una conferencia de prensa y anunció que la CSS comenzó un proceso para rescindir el contrato que mantiene con FCC.
A su vez, el funcionario detalló que el proyecto, adjudicado por $554.3 millones, terminará costando aproximadamente $800 millones.
De acuerdo con el documento firmado, la CSS se reserva el derecho de declarar resuelto administrativamente el contrato cuando ocurran una o más de las causales de resolución determinadas en el artículo 113 de la Ley 22 de 2006, de Contrataciones Públicas.
Una de esas es el incumplimiento de las cláusulas pactadas . También se considera como causal el abandono o suspensión de los trabajos sin autorización previa.
Cuando la CSS decida resolver administrativamente el contrato, como es el caso, deberá notificar al contratista FCC “para subsanación” en un plazo de 30 días y si transcurrido ese tiempo no lo hace, la entidad podrá ejercer la fianza de cumplimiento.
“En el caso que la CSS optase por ejercer la fianza, notificará al emisor de la misma sobre el incumplimiento del contratista. Acto seguido, el emisor tendrá 30 días para ejercer la opción de pagar el importe de la fianza o sustituir al contratista”, detalla el contrato que, como se dijo, data de 2012.
Arbitraje
Además de pedir que se deje sin efecto el contrato, FCC pretende evitar, a través de una demanda interpuesta en el Tribunal Internacional de Arbitraje, que la CSS pueda ejercer la fianza de cumplimiento en su contra.
“Hemos estado enfrentados en el tema de la demanda que nos pusieron en el Tribunal Internacional de Arbitraje y para eso hemos tenido que contratar expertos que representen a la CSS y, por ende, al Estado panameño”, informó Lau Cortés, al tiempo que advirtió que la CSS hará todo lo que sea necesario, dentro del marco de la ley, para preservar los derechos y garantizar esos activos de los asegurados.
Para Aida de Maduro, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada en la junta directiva de la CSS, FCC tiene que cumplir con el contrato; de lo contrario, la CSS debe reclamar la fianza. “Esa es la solución que esperamos. No hay otra alternativa”, dijo.
Mientras, el Movimiento Independiente (Movin) informó, a través de un comunicado, que apoya la intención de resolver administrativamente el contrato.
“Proponemos que se revisen igualmente los otros proyectos que estén contratados con FCC, ya que también fueron mencionados en las investigaciones en España”, dice el escrito.
