Tras unos 235 días de estar en detención forzada, este miércoles 2 de febrero, en Nicaragua, Ana Margarita Vijil fue sometida a lo que la familia de esta defensora de los derechos humanos califica como un “juicio político”, ante una justicia que, añaden, controla Daniel Ortega.
La audiencia, de carácter presencial para la acusada, fue a puertas cerradas, se le negó el acceso a los medios de comunicación y, a última instancia, solo se permitió el ingreso a un familiar.
Vijil fue declarada culpable de “cometer menoscabo a la integridad nacional”, lo que se traduce como “traición a la patria”.
María Josefina Guardián, quien lucha contra la detención ilegal y forzosa de su hija, emitió un comunicado tras el dictamen: “Se realizó un juicio ilegal e ilegítimo en contra de mi hija Ana Margarita Vijil en el cual se le condenó por delitos que no ha cometido y se le imputan. El régimen la declaró culpable por su labor de defensa de derechos humanos, por soñar y trabajar para una Nicaragua en libertad y con justicia”.
La Prensa conversó con la sobrina de Vijil, Ana Lucía Álvarez, quien sostiene que su tía es víctima de órdenes políticas, que son ejecutadas a través de los operadores de Daniel Ortega.
¿Qué ha podido saber de cómo transcurrió esta audiencia?
Ana Margarita pidió dar unas palabras finales antes de que el juez diera el veredicto y ella dijo “yo me declaro defensora de derechos humanos, me siento orgullosa de la labor hecha en mi vida y seguiré haciendo ese trabajo por el resto de mi vida. Y cuando le tocó firmar el acta, debajo de su firma, puso “presa política”. Estos son juicios políticos, que no están apegados al derecho, en Nicaragua no existe un Estado de derecho. Lo que existe es un Estado del no derecho de Daniel Ortega.
Ana margarita está siendo juzgada por un delito de “menoscabo” de la integridad nacional y básicamente las pruebas que aporta la Fiscalía para sustentar la comisión de ese supuesto delito son por ejemplo, su participación en programas de opinión, como lo que yo estoy haciendo ahorita. Programas en donde ella pedía el respeto de los derechos humanos en Nicaragua, elecciones libres y transparentes, además de chats o tuits que ella publicaba.
Lo que realmente está sucediendo con estos juicios políticos es una suerte de criminalización al ejercicio de los derechos fundamentales, como es el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento. Lo que estamos viendo en Nicaragua es la consolidación de un Estado totalitario.
¿Han sentido la reacción de la comunidad internacional, tras la sentencia?
Desde el momento de la detención de Ana Margarita, detención ilegal y arbitraria, la comunidad internacional ha reaccionado condenando a esta situación; ha reaccionado el Parlamento Europeo, desde distintos países, además de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional que, a través del estudio y de los hechos y de la documentación hizo un informe, en septiembre de 2021, que se titula “Desaparición forzada como estrategia de persecución política en Nicaragua”. Tras esto han reaccionado organizaciones como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana Derechos Humanos, incluso en la Corte que mandató al Estado de Nicaragua a liberarlos inmediatamente. Son más de 170 presos políticos, según los registros.
¿Ha cambiado algo en las condiciones de la detención de Ana Margarita?
Absolutamente nada. Lo que el Estado está haciendo es régimen de tortura a través de ese aislamiento injusto, prolongado, contrario a todas a las convenciones que ha firmado en términos de derechos humanos. El régimen de visitas no se ha regularizado; en ocho meses la posibilidad de verla fue solo en cinco ocasiones. Todas las visitas han sido inesperadas. Ella se mantiene en una celda en solitario, custodiada 24/7 por policías que le impiden mantener comunicación verbal con ninguna persona a su alrededor.
¿Ana Lucia Álvarez o el entorno de Ana Margarita conocen de algún pronunciamiento del gobierno de Panamá sobre la situación en Nicaragua?
Creo que en general Panamá ha votado a favor de varias resoluciones condenando a Daniel Ortega, creo que la invitación sería a que, viendo la consolidación del Estado totalitario y del proceso de descomposición de la institucionalidad democrática que se da en otros países de la región, estar vigilantes, porque si una cosa hemos aprendido es que estos regímenes autoritarios se pasan información y aprenden entre ellos, y es importante que la ciudadanía fiscalice lo que se está haciendo, porque estos procesos de descomposición de la institucionalidad democrática cada vez se hacen de una forma más descarada y más acelerada.
