Transcurridos más de 13 años de haber salido por la puerta de atrás como jefe de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), Alejandro Moncada Luna vuelve a ser cuestionado por sus actuaciones como servidor público.
Sectores de la sociedad civil, gremios de abogados y políticos piden su remoción del cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Desde el pasado 6 de noviembre, Moncada Luna está en el “ojo del huracán” al hacerse pública una resolución de la Sala Tercera que suspendió una decisión del Tribunal Electoral en materia electoral.
Esa resolución, fechada 31 de octubre, tuvo como ponente a Moncada Luna, que a raíz de esa decisión ha sido acusado de “violar la Constitución”, en su artículo 143.
Pero esta no es la única actuación polémica de Moncada Luna como jefe de una institución.
INSUBORDINADO
En 1999, cuando ejercía como director de la PTJ (hoy Dirección de Investigación Judicial), Moncada Luna tuvo diferencias con su superior jerárquico, el procurador José Antonio Sossa, situación que se hizo pública en los medios de comunicación.
La crisis se agravó el 9 de julio de 1999, cuando los escoltas de Sossa y los de Moncada Luna desenfundaron armas en la sede de la PTJ, en Ancón, luego que al exprocurador le negaran el acceso a la entidad para practicar un allanamiento.
El hecho fue captado por periodistas, pero nunca hubo disparos y no pasó a mayores.
A raíz de esta situación, Sossa pidió autorización a la Sala Cuarta de la Corte para destituir a Moncada Luna por insubordinación. Como se recordará, la PTJ era una entidad subordinada a la Procuraduría de la Nación.
Un fallo del 24 de abril de 2000 de la Sala Cuarta de Negocios Generales y cuya ponente fue la magistrada Mirtza Franceschi de Aguilera, concluyó que Moncada Luna cometió faltas graves a la ética y violó el Código Judicial, por lo que autorizó su remoción del cargo de director de la PTJ.
Ese hecho motivó que al día siguiente, es decir, el 25 de abril de 2000, Moncada Luna y el subdirector de la PTJ, Ramiro Jarvis (actualmente director de seguridad de la CSJ), fuesen destituidos de sus cargos por el procurador Sossa.
acusaciones serias
En ese fallo, Franceschi de Aguilera indicó que Moncada Luna incurrió en “graves faltas a la ética judicial” al publicar, el 13 de diciembre de 1999 y en diversos medios de comunicación, un comunicado en el que acusaba a Sossa de no investigar al empresario estadounidense Marc Harris por supuesta vinculación al narcotráfico, y a Alfredo Oranges por presunto lavado de dinero.
De acuerdo con la magistrada, la conducta de Moncada fue “reprochable y censurable... afectó sensiblemente la imagen y el prestigio del Ministerio Público”.
El fallo catalogó como más grave el hecho de haber divulgado detalles de dos investigaciones en curso, las de Harris y Oranges.
Argumentó que Moncada Luna incumplió la Ley 16 de 1991 orgánica de la PTJ, al no obedecer órdenes de Sossa para que enviara información sobre la investigación seguida a Jorge Mottley, por supuestamente crear prueba falsa en el caso de Oranges.
Además, el exdirector de la PTJ no dio a Sossa el listado de personas a las que se les hizo prueba de polígrafo.
Otra falta grave de Moncada Luna, citada en el fallo, es que ascendió a inspector IV a Reynaldo González Clifford, seis días después que este declarara en contra de Sossa.
Según el fallo, Moncada Luna incumplió sus funciones y afectó el interés público de su cargo, luego que personal de la PTJ ejecutara, en marzo de 1999, operativos de vigilancia en el centro comercial Los Pueblos, junto con miembros de la agencia de seguridad Star Security, S.A.
Moncada Luna fundó y ejerció como presidente y representante legal de ese agencia desde 1994 hasta 1996. Hasta el año 2000, cuando aún era director de la PTJ, ejercía como agente residente de Star Security, indica el fallo.
Por su parte, Jarvis incumplió órdenes de Sossa al no reemplazar a cinco agentes de la PTJ que fueron retirados de la seguridad del Ministerio Público.
Franceschi de Aguilera argumentó que Moncada Luna y Jarvis violaron los cánones de la ética judicial establecidos en los numerales 1, 4, 6, 12 y 21 del artículo 440 del Código Judicial.
El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, fue catalogado como censor de medios de comunicación. Durante la dictadura militar, entre 1983 y 1988, ejerció como director legal y asesor legal del Ministerio de Gobierno y Justicia.
Dos de los tres cierres que tuvo el diario La Prensa fueron ejecutados cuando Moncada Luna era asesor legal del ministro de Gobierno y Justicia de ese entonces, Rodolfo Popito Chiari. El 11 de junio de 1987, La Prensa no circuló, luego de que el Gobierno suspendiera las garantías constitucionales, a raíz de la amenaza enviada por Chiari, meses antes, al director del diario Winston Robles.
Más tarde, el 26 de julio de 1987, las Fuerzas de Defensa se tomaron las instalaciones y cerraron el diario La Prensa, al igual que otros tres periódicos. La otra clausura de este medio se registró el 30 de julio de 1982.
