En 1982, los investigadores sociales James Wilson y George L. Kelling publicaron “Las ventanas rotas: la policía y la seguridad en los barrios”, un artículo científico que cambió la práctica policial de los países desarrollados.
En su investigación, encontraron que la criminalidad era un fenómeno parecido a las epidemias y que controlando señales culturales como las ventanas rotas de un vehículo o de una casa, y actuando sobre la micro-delincuencia, se afectaba a la macro-delincuencia.
La teoría de Wilson y Kelling requiere de un nuevo modelo policial, más comunitario y menos militarizado para tener éxito.
En el año 2018, Panamá tuvo 300 homicidios. En 2019, la cantidad fue de 285. En el periodo transcurrido del 1 de enero al 31 de agosto de 2020, se han reportado 345 homicidios; es decir, 21% más que el año anterior, y faltando 4 meses para completar el año.
Si estas cifras se presentaron durante los meses de la mayor restricción de movilidad y actividad social que haya conocido el país en más de 30 años, el paradigma de seguridad ciudadana está en serios aprietos.
Institución apretada
Actualmente, la Policía Nacional cuenta con 18 mil 628 uniformados, incluyendo a los cadetes, según los registros de la planilla oficial de la propia entidad.
Tales registros dan cuenta de que la institución tiene 128 comisionados y 145 subcomisionados. Si se toma en cuenta al Director y al Subdirector General, la Policía Nacional tiene 130 comisionados.
En julio de 2019, a su llegada a la Dirección General de la Policía, el comisionado Jorge Miranda asignó a 82 agentes para su escolta y la de otros altos funcionarios de la institución, así como del Ministerio de Seguridad Pública.
Si se asume como razonable que los comisionados y subcomisionados de la Policía Nacional cuenten con una escolta mínima de un agente por turno para su trabajo, y un vehículo de la entidad para su transporte, esto representa 275 vehículos y unos mil 100 agentes de escolta, sin incluir una posible custodia familiar.
A esto habría que agregar los funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público que también reciben protección de la Policía Nacional.
¿Qué impacto puede tener el creciente número de escoltas sobre la capacidad operativa de la institución de seguridad ciudadana? En marzo de este año, Miranda informó que el 78% de la flota vehicular tenía más de 6 años de servicio y que, de esta, el 54% estaba fuera de servicio por falta de mantenimiento.
Y aquella fue la justificación que dio para solicitar la contratación directa del arrendamiento de 219 vehículos, entre los que destacan 20 camionetas Toyota Prado y otras 20 Toyota Fortuner.
Presumiblemente, una parte importante de la flota vehicular de la Policía queda destinada al servicio de escolta de los funcionarios antes mencionados.
Si el 54% de la flota de la entidad está fuera de servicio, entonces solo el restante 46% tenía que atender todas las necesidades de movilización, escolta, seguridad ciudadana y vigilancia.
Esta presión sobre los recursos tiene un obvio impacto en la capacidad de respuesta rápida y del territorio de cobertura de la Policía Nacional.
Otro aspecto que limita enormemente la disponibilidad del recurso policial y lo expone constantemente a fuentes de corrupción es el servicio de custodia policial del Sistema Penitenciario.
Aunque en temas policiales es sumamente difícil obtener cifras actualizadas, vale tomar en cuenta que en el año 2007, según declaraciones del entonces jefe de la Policía, el abogado Rolando Mirones, la institución tenía asignados 2 mil agentes a los centros penales, para una población penitenciaria de 11 mil 345 privados de libertad. Actualmente, según los datos del Ministerio de Gobierno, en agosto de 2020 hay 17 mil 726 reclusos, por lo que es factible pensar que haya aumentado proporcionalmente la cantidad de uniformados asignados a estas tareas.
El descarrilamiento del Plan Ley y Orden
En su Plan de Gobierno, el actual presidente de la República, Laurentino Cortizo, propuso una estrategia de seguridad, que en su punto 4 enunciaba la: “Recuperación de los Barrios de Alta Complejidad mediante el ‘Plan Ley y Orden’, que combata y venza al narcotráfico y la violencia, mediante acciones de prevención y represión”.
Aunque la pandemia rompió la continuidad de los planes del gobierno, también ofreció una gran oportunidad para restablecer un vínculo entre el Estado y la comunidad, que hubiese servido de sustento para reducir el dominio del crimen organizado y del narcotráfico. En su lugar, la Policía Nacional y los otros cuerpos de seguridad tuvieron que adoptar una práctica represiva para hacer cumplir las confusas ordenanzas de las restricciones sanitarias, los toques de queda y los cercos sanitarios.
Seis meses después del extenuante esfuerzo físico, emocional y familiar de los agentes de la Policía para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias, ahora les toca retomar la acción de enfrentar la delincuencia organizada y la violencia creciente en todo el país. Empezar con la reparación de ventanas rotas y enfocar el recurso policial en su verdadera misión, es el mejor camino para obtener seguridad democrática, paz social, y una ciudadanía protegida.
