Carlos Ossa, paciente y activista de la ley del cannabis medicinal, desgrana el recién aprobado documento. Destaca sus bondades y resalta sus delicadas fallas y vacíos.
Los tres aspectos más positivos de la ley.
No es la ley perfecta ni ideal, pero vamos a tener acceso oportuno a un producto que es legal en cada vez más países, evitando que los pacientes tengan que seguir cometiendo ilegalidades por necesidad. No solo los pacientes la van a poder consumir, sino que los doctores podrán recetarla. Se podrán hacer estudios de investigación en Panamá. Y logramos dos sillas para los pacientes y una para un investigador en el consejo técnico en el que participan el Minsa y otras instituciones públicas.
¿Dónde podrán comprar los pacientes el cannabis, una vez entre a regir la ley?
La ley no lo dice, pero según me informaron en Farmacias y Drogas, será solo en farmacias que cuenten con la licencia para manejar sustancias controladas. Pero de nuevo: no lo dice la ley.
Por otro lado, la ley permitirá producir marihuana medicinal. ¿Tiene el gobierno la capacidad de supervisar eso para que no se vuelva un problema?
Juzgando por la historia, no, pero para este tema nada más van a tener que fiscalizar a siete jugadores. No se debería salir de control.
Pasan muchas cosas que no deben: ¿no era mejor limitarnos a importar?
Es un debate en el que ambas posiciones son válidas. En los países que tienen la ley, se permiten la siembra local y la importación.
¿Qué opina de que haya solo 7 jugadores? La ley inicial establecía licencias indefinidas a $10 mil cada una. En el debate se limitó a 3 licencias a $150 mil. Y la ley se aprobó con 7, a $150 mil.
Yo no estoy de acuerdo con ese punto. Ni comprendo de dónde sale ese número ni por qué subieron de $10 mil a $150 mil el costo. Un pago único que no se le reembolsa a la empresa si las autoridades deciden no otorgarle la licencia. De hecho, no sabemos cuánto costará cada licencia. La ley dice que se establecerá en la reglamentación. Lo otro es que tampoco quedó establecido cuánto deberán pagar los grupos que se dediquen solo a investigación. Pero si seguía peleando ese punto, el proyecto se estancaba y los pacientes seguían pasando dolor o interactuando con el mercado negro. Yo no tenía poder para hacer todos los cambios que hubiera querido.
¿Cree que las siete empresas ya tienen nombre y apellido?
Sí.
¿Budy Attie y George Novey están involucrados con alguna?
Eso he escuchado, pero no me consta.
¿Tiene Salud la capacidad para emitir los registros sanitarios sin poner zancadillas burocráticas?
Es uno de los aspectos que más me preocupan, primero porque sé de registros que demoran años, pero sobre todo, porque los dos primeros años solo se establece la opción de importar porque no estará lista la siembra.
Y, según la ley, después de dos años solo se podrá producir localmente. Ya no se podrá importar.
Sí. Está mal. ¿Y si al paciente no le funciona el producto local? Pudieron ponerle un tope a la importación. Pero prohibirla es radical y contraproducente.
¿En este momento no se está vendiendo marihuana medicinal en Panamá?
Sí, pero sacaron los registros con Aupsa como suplemento alimenticio, no como medicamento. Y eso es peligroso, porque estás comprando una medicina por Instagram o en tiendas no certificadas. Y nadie te garantiza su calidad.
¿Qué se quedó por fuera?
Que se ajustaran los cambios a la Ley 14 de sustancias controladas a la que conecta la ley del cannabis, ya que esa ley solo permite la importación de productos de grado farmacéutico y en la industria del cannabis hay muchos productos que aunque son de calidad, no son considerados fármacos. Además, esa ley está dirigida a regular los opioides, y el cannabis no es un opioide. Más allá, los opioides, según esa ley, solo pueden ser recetados por ciertos especialistas. Cannabis no debería entrar dentro de esa restricción. Es lo que pasó en Colombia. No han podido registrar productos, porque no cumplen con los estándares establecidos en las leyes a las que hace referencia su ley de cannabis.
¿Qué más?
Cada país tiene un ente regulador. Aquí se inventaron dos: el del Mida y el del Minsa. Eso generará burocracia, redundancia, y sobre todo, contradicciones.
El ex vicepresidente de la República Rubén Arosemena, con quien usted apareció varias veces defendiendo el proyecto, resultó, además de ser paciente, trabajar para una de las empresas interesadas, que le pago viajes a funcionarios involucrados con la implementación de ley. ¿Usted sabía de eso?
No. Todos los acercamientos fueron como pacientes. Así se presentaba él.
¿Y ahora que sabe la verdad, qué le parece?
El problema no es representar a una empresa. El problema es no decirlo y que esa empresa financie viajes de funcionarios involucrados en la implementación de la ley. Es poco transparente y un claro conflicto de interés. Aclaro: yo jamás he cobrado un centavo por hacer esto.
¿Por qué decidió encabezar esta lucha, tomando en cuenta que usted, con o sin ley, consigue su medicina?
Porque la salud es un derecho y es justo y necesario que todos los pacientes tengan la oportunidad que yo tengo.
¿Qué se aprende yendo a la Asamblea a pelear una ley por tantos años?
A tener mucha paciencia y desarrollar piel de cocodrilo ante los ataques e indirectas de quienes deberían hacer lo que uno está haciendo. Pero la participación ciudadana es necesaria y vale la pena.
Los diputados que más trabas pusieron.
En este quinquenio, más que trabas, faltaba voluntad y compromiso de debatir el tema. Donde más trabas hubo fue en el gobierno pasado, porque estaban todos en contra. Desde el presidente hasta la Asamblea y Farmacias y Drogas. El único que no necesariamente estaba a favor pero dijo que había que debatir el tema fue Miguel Mayo. En este proceso hubo ignorancia, prejuicios y muchos intereses.
¿Qué ve más difícil , la sanción o la reglamentación?
La reglamentación. Es la próxima batalla, porque sin reglamentación no hay ley. Es como un carro sin llantas.
