La ley lo estipula claramente. Constituirse como querellante en un proceso penal no exime a este de la eventual responsabilidad que pueda tener.
La materia está normada en los artículos 79, 84 y 85 del Código Procesal Penal. El parágrafo 3 del artículo 85, dice: “La participación de la víctima como querellante no alterará las facultades concedidas por la ley al Fiscal ni lo eximirá de sus responsabilidades”.
En el caso de los abusos cometidos contra menores en al menos 14 albergues bajo la tutela de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), el procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, lo confirmó ayer. Dijo que aunque la titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), María Inés Castillo, y la directora de la Senniaf, Mayra Silvera, solicitaron constituirse como querellantes en los procesos que sigue el Ministerio Público (MP) por los presuntos abusos, ello no las exime de su posible responsabilidad.
Ocho albergues fueron cerrados
Senniaf ordenó el cierre de ocho albergues en distintos puntos del país, al detectar una serie de irregularidades en la atención de los menores de edad y en el manejo de fondos asignados para su funcionamiento. La subcomisión de la Asamblea Nacional -que realizó un informe sobre la operación de 51 albergues-, dijo haber detectado maltratos a menores, mala alimentación y falta de atención por parte de sus responsables.
Ulloa explicó que el Mides y la Senniaf pueden accionar en función de salvaguarda de los fondos públicos o de la fiscalización que la ley ordena, pero esto no excluye la posibilidad de que personal de esos despachos sea imputado. Hasta ahora, suman ocho los procesos abiertos por los presuntos abusos.
Ministerio Público instruye ocho expedientes por anomalías en albergues
A pesar de las denuncias, querellas, informes y declaraciones de múltiples funcionarios y abogados, la responsabilidad de los presuntos abusos cometidos contra menores y el supuesto mal manejo de fondos en albergues bajo la tutela de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) está lejos de aclararse.
Ayer, tras una breve reunión con la titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), María Inés Castillo, y la directora del Senniaf, Mayra Silvera, el procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, confirmó que en el Ministerio Público (MP) hay ocho procesos en trámite relacionados con los albergues, ya sea por delitos de abuso en perjuicio de menores o por irregularidades en el manejo de los fondos para la atención de los infantes.
Ulloa no dio detalles sobre el avance de las ocho investigaciones, pero reveló que en uno de los casos ya fue fijada la fecha de audiencia en el sistema penal acusatorio (SPA): en el año 2023.
Aclaró que el Mides y la Senniaf pueden accionar en aquellos casos en que la ley lo permita, ya sea en función de la salvaguarda de los fondos públicos o en función de la fiscalización que la ley ordena que debe hacerse, pero ninguna de esas situaciones excluye la posibilidad de que personal de ese misterio o de esa secretaría sea imputado en alguno de estos procesos.
Los casos
De los ocho casos radicados en la Fiscalía de Familia, algunos datan de 2019.
Como se dijo, en uno de esos procesos ya se fijó la fecha de audiencia para dentro de dos años y el resto está todavía en fase de investigación, algunos de ellos, inclusive, con personas imputadas.
En el caso del informe elaborado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, el procurador informó que la Fiscalía de Familia ya fue instruida para que realice en los próximos días todas las inspecciones necesarias en los 14 albergues mencionados en el informe o en los que haya sospecha de presuntos maltratos a los menores de edad.
Indicó que en estos casos se puede estar en presencia de delitos por abuso a los menores y/o por supuestas anomalías en la utilización de los fondos públicos destinados a la operación de los albergues.
En el país hay 50 albergues de menores y, de ellos, solo uno está bajo la administración directa de la Senniaf. Los restantes 49 son gestionados por oenegés y 40 de ellos reciben subsidio por parte del Mides.
Funcionarias siguen instrucción de Cortizo
Tanto la ministra María Inés Castillo, como la directora de la Senniaf, Mayra Silvera, se presentaron la mañana de ayer en el MP y presentaron los documentos necesarios para constituirse como querellantes en los procesos que se adelantan por los abusos contra menores, en cumplimiento de la exigencia que al respecto les hizo el presidente Laurentino Cortizo la tarde del pasado miércoles.
Castillo acudió en compañía del asesor legal del Mides, Luis Carlos Cabezas, quien detalló que presentaron dos poderes y dos querellas, una por supuestos abusos de menores y otra por el manejo irregular de fondos asignados a los albergues.
Cabezas afirmó que el propósito de la ministra es que se investiguen estos hechos hasta las últimas consecuencias. A su juicio, Castillo no tiene por qué renunciar, como lo ha solicitado la sociedad civil en los últimos días.
Explicó que algunos casos de menores escapan de la competencia del Mides, ya que están bajo la jurisdicción de juzgados penales. En los casos en que los menores están en manos de la Senniaf, el Ejecutivo sí puede accionar, dijo.
En tanto, el abogado Pedro Meilán, asesor legal de la Senniaf, precisó que esa entidad pidió al MP constituirse como querellante en representación del Estado en los casos de presuntos abusos contra menores.
“Nos comprometemos a que todas las investigaciones sigan su curso y se va a dar toda la cooperación que podamos dar”, aseguró.
Precisó que en los casos que guardan relación con el tema pecuniario, el Estado puede entrar fácilmente a través de las fiscalías anticorrupción e investigar, pero en materia de abusos sexuales y maltratos existe una línea muy delgada que, según advirtió, hay que ver cómo “vamos proceder”.
Como Cabezas, Meilán dijo que algunos de los menores que están en albergues se encuentran a órdenes de juzgados, otros de sus padres y unos más de la propia Senniaf, y es en los casos de estos últimos en los que el Estado puede intervenir y representar.
Dijo que las autoridades de la Senniaf han verificado siete denuncias en albergues de Colón y Veraguas (una en cada provincia), Panamá Oeste (dos denuncias) y Panamá (tres denuncias).
