Corte no admite demanda contra el contrato suscrito entre PSA y el Estado

Corte no admite demanda contra el contrato suscrito entre PSA y el Estado
La Corte Suprema de Justicia declaró como cosa juzgada constitucional el contratos suscrito entre el Estado y la empresa PSA International Terminal.


La Corte Suprema de Justicia declaró cosa juzgada y como constitucional el contrato suscrito entre el Estado y la empresa PSA International Terminal S.A. para la operación de puerto de contenedores en la salida del pacífico del Canal de Panamá.

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Bajo la ponencia de la magistrada María Cristina Cheng Stanziola y solo con el salvamento de voto del magistrado Cecilio Cedalise, el Pleno de la Corte decidió no dar curso a una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Miguel Antonio Bernal.

Bernal, recientemente designado como asesor constitucional del presidente electo José Raúl Mulino, interpuso la demanda contra el artículo 1 de la Ley 2 de 10 de febrero del 2015, que aprobó el contrato entre el Estado y PSA International Terminal S.A.

Según la demanda de Bernal, el contrato suscrito entre PSA y el Estado violó varios artículos de la Constitución y normas administrativas que están vigentes.

Bernal también presentó ante la Sala Tercera de la Corte varias demandas de nulidad contra el contrato, fundamentado en la violación de leyes y reglamentos establecidos en la legislación nacional.

Entre estas se encuentra una interpuesta contra el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), por el supuesto traspaso de tierras realizado a favor de la empresa.

En abril de 2018, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley en el que derogaba el contrato entre PSA y el Estado. Sin embargo, dicha ley fue objetada por inexequible por el entonces presidente Juan Carlos Varela, por lo que correspondió a la Corte dirimir el conflicto entre la Asamblea y el Órgano Ejecutivo.

El Estado panameño, a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), otorgó a PSA Panamá International Terminal la concesión de 31 hectáreas en Rodman, por el término de 20 años prorrogables, para desarrollar, construir, operar, administrar y dirigir una terminal de contenedores.

En su contrato, PSA se comprometió a invertir no menos de $350 millones. A cambio, el Estado panameño recibiría un canon fijo mensual de $44 mil 400.73, a razón de 14 centavos por metro cuadrado. Este canon tendrá un incremento anual de 5%.


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