La Corte Suprema de Justicia declaró cosa juzgada y como constitucional el contrato suscrito entre el Estado y la empresa PSA International Terminal S.A. para la operación de puerto de contenedores en la salida del pacífico del Canal de Panamá.
Bajo la ponencia de la magistrada María Cristina Cheng Stanziola y solo con el salvamento de voto del magistrado Cecilio Cedalise, el Pleno de la Corte decidió no dar curso a una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Miguel Antonio Bernal.
Bernal, recientemente designado como asesor constitucional del presidente electo José Raúl Mulino, interpuso la demanda contra el artículo 1 de la Ley 2 de 10 de febrero del 2015, que aprobó el contrato entre el Estado y PSA International Terminal S.A.
Según la demanda de Bernal, el contrato suscrito entre PSA y el Estado violó varios artículos de la Constitución y normas administrativas que están vigentes.
Bernal también presentó ante la Sala Tercera de la Corte varias demandas de nulidad contra el contrato, fundamentado en la violación de leyes y reglamentos establecidos en la legislación nacional.
Entre estas se encuentra una interpuesta contra el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), por el supuesto traspaso de tierras realizado a favor de la empresa.
En abril de 2018, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley en el que derogaba el contrato entre PSA y el Estado. Sin embargo, dicha ley fue objetada por inexequible por el entonces presidente Juan Carlos Varela, por lo que correspondió a la Corte dirimir el conflicto entre la Asamblea y el Órgano Ejecutivo.
El Estado panameño, a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), otorgó a PSA Panamá International Terminal la concesión de 31 hectáreas en Rodman, por el término de 20 años prorrogables, para desarrollar, construir, operar, administrar y dirigir una terminal de contenedores.
En su contrato, PSA se comprometió a invertir no menos de $350 millones. A cambio, el Estado panameño recibiría un canon fijo mensual de $44 mil 400.73, a razón de 14 centavos por metro cuadrado. Este canon tendrá un incremento anual de 5%.