El Juzgado Decimosegundo declaró penalmente responsables a cuatro de los exfuncionarios del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) como autores del delito de infracción de los deberes de servidores públicos y cada uno tendrá que pagar ocho meses de prisión.
Se trata del exdirector metropolitano Dídimo Ureña; el exjefe de Bodega Jesús García; el exauditor interno de esa entidad Florentino García Aizprúa, y el exjefe de auditoría Víctor Castillo.
Tampoco podrán ejercer un cargo público por un año, tras cumplir la condena. Los exfuncionarios pueden apelar.
Los hechos guardan relación con las investigaciones que estuvieron a cargo de la Fiscalía Segunda Anticorrupción, por el hallazgo de gran cantidad de alimentos -que estaban por vencer- y que eran propiedad del IMA, en el vertedero de Chepo.
Latas de jamonilla, sardina, tuna, poroto, sal, azúcar, arroz, lenteja, además de corn flakes, y una que otra botella de aceite, cubrían la superficie del vertedero chepano en mayo de 2014, luego de las elecciones, y de la derrota de Cambio Democrático (CD), entonces en gobierno. Los alimentos provenían de las jumbo tiendas, que estaban en manos de los entonces representantes y diputados oficialistas.
A raíz de ello, el Ministerio Público dispuso iniciar el proceso.
En el fallo con fecha de 26 de febrero de 2016, el juez señala que se comprobó que el 8 de mayo de 2014 fueron desechados en el vertedero de Chepo, productos como arroz, granos, lentejas, enlatados y otros provenientes de las "devoluciones" de las jumbo ferias y jumbo tiendas de la regional metropolitana del IMA, acción que "se realizó sin apego a los procedimientos".
Ureña, entonces director metropolitano del IMA, tenía como función principal -destaca el juez- cumplir con las medidas necesarias para una disposición segura de la mercancía.
Mientras que Jesús García, de acuerdo al juez, no tomó en cuenta el Manual de Procedimiento del Plan de Seguridad Alimentaria, ya que como jefe de bodega tenía entre sus responsabilidades "evitar que las pérdidas por merma de la mercancía superaran los límites permitidos".
A Florentino García Aizprúa le condenó porque no debió proceder con el descarte de la mercancía sin contar con los requerimientos de seguridad. Mientras que a Víctor Castillo se le impuso la pena porque no "cumplió con las medidas necesarias para que la disposición del producto en el vertedero se realizara con los estándares de seguridad requeridos".
