Decenas de miles de escrituras públicas que permanecían archivadas en cajas de cartón –cubiertas de polvo y moho– en el sexto piso de un edificio del área bancaria entregó el pasado viernes la Fiscalía Decimoquinta de Circuito –a cargo de Haxiria de Henríquez– al notario Décimo de Panamá, Raúl Castillo.
Los protocolos habían sido confiscados hace ocho meses por dicha fiscalía y corresponden a la gestión del hoy exnotario Décimo de Panamá Ricardo Landero, cuyo mandato está siendo auditado por la Fiscalía Decimoquinta de Circuito.
En medio de la diligencia judicial, el notario Castillo hizo fuertes señalamientos en contra de su antecesor. “Me he percatado de la existencia de escrituras públicas con errores, sin la firma de Landero [ni] de testigos y sin los respectivos timbres fiscales”, denunció.
Estas presuntas anomalías forman parte de la investigación que –precisamente– adelanta la fiscal Henríquez contra la gestión Landero, quien también ocupó el cargo de presidente del Colegio Nacional de Notarios.
El expediente inició en octubre pasado, cuando el diputado Pedro Miguel Gonzalez –en funciones de magistrado fiscal–, detectó supuestas irregularidades en documentos autenticados durante la gestión de Landero.
Uno de esos documentos es el protocolo que sustenta el supuesto préstamo millonario que le hizo el empresario Felipe Alejandro Pipo Virzi al hoy exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, quien cumple condena de 60 meses de prisión por enriquecimiento injustificado y falsificación de documentos.
De acuerdo con las diligencias practicadas por el diputado González, supuestamente se estaban certificando documentos después del 15 de septiembre, cuando se hizo el cambio de notario, pero fechando los documentos un día anterior a esa fecha.
El notario Castillo insistió en que “existen personas afectadas que acuden a la Notaría Décima a corregir documentos [refrendados por Landero], pero la Ley no permite hacer los trámites sin los papeles en mano”.
“Esto tiene una afectación muy grave. Primero, hay un sinnúmero de clientes que fueron a la Notaría Décima, bajo la responsabilidad de Landero, y tramitaron documentos que tienen defectos, que no se inscriben hasta que se corrijan dichos defectos calificados por el Registro Público”, dijo.
Castillo reiteró que hay escrituras con errores que “no se podrán corregir o enmendar porque Landero ya no es notario y no podrá firmar... Los testigos no van a poder firmar y las personas que enfrenten esta situación tendrían que volver a tramitar la escritura o documento porque no tienen valor”, subrayó.
De acuerdo con Castillo, este asunto tendrá repercusiones jurídicas. “Esto no es mi responsabilidad. Voy a ayudar en todo lo que pueda, pero evidentemente habrá situaciones que no podré enmendar y van a surgir afectaciones”, advirtió.
La Notaría Décima generó con Landero unas 35 mil escrituras y documentos públicos por año.
Una de las consecuencias que ha generado el aparente desorden en la notaría de Landero es que el actual notario no ha podido entregar copia de la declaración jurada de bienes patrimoniales del exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu, pues no tiene acceso a este documento.
Y las alarmas suenan más alto. Dijo que el Ministerio Público solicita diariamente escrituras que son objetos de denuncias e investigaciones por falsedad, pero no se ha dado respuesta. “Si yo no los tengo y no se me dan [los documentos], dentro de un sumario o querella y no se aportan las pruebas se pueden caer todas estas investigaciones. Esto es bien delicado”, advirtió.
EXNOTARIO RIPOSTA
El exnotario Landero dejó claro que desvirtuará en los tribunales de justicia las aseveraciones de Castillo, a quien calificó como una persona “sin ética” y que nunca tuvo una buena relación con él.
Landero subrayó que la investigación que inició hace ocho meses la Fiscalía Decimoquinta “no fue por un delito en particular”, sino que se entregaron los protocolos para determinar si durante su gestión se cometió algún acto ilícito.
El exnotario lamentó que la fiscal no haya requerido su participación en estas diligencias. “No sé qué dice la providencia de la fiscal, quien ha tomado decisiones unilaterales sin comunicarme absolutamente nada”, agregó, Agregó que esa diligencia está “contaminada” porque en ocho meses la Fiscalía jamás requirió su presencia. “No puedo dar fe de qué metieron o sacaron”, sostuvo.
Recordó que los exfuncionarios que declararon bienes patrimoniales durante su gestión (2009-2014), fueron las exministras Lucy Molinar y Giselle Burillo, de Educación y de Ampyme, respectivamente. Igualmente aseguró que en ese depósito, ubicado en el edificio donde funciona la Notaría Duodécima, contaba con 24 anaqueles.
Sobre las escrituras públicas sin su firma, Landero precisó que es una práctica de todos los notarios, al finalizar su gestión, preparar los protocolos para posteriormente remitirlos a los Archivos Nacionales.
Mencionó que dentro del expediente existe una declaración de los Archivos Nacionales que da cuenta de que él tenía hasta el 15 de diciembre de 2014 para entregar todos sus protocolos debidamente ordenados.
“Durante ese tiempo, se recogen todas las escrituras que están en bancos [por citar un caso en particular] para luego enviarlos a Archivos Nacionales”, acotó Landero, cuya labor fue interrumpida por la Fiscalía, alegó.
En medio de esta polémica, el ministro de Gobierno Milton Henríquez presentó un anteproyecto de ley para regular las notarías (ver nota relacionada).
Notarías serán fiscalizadas
Semanas después de estallar el escándalo de la compre un apartamento millonario al contado por parte del hoy exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, presentó un proyecto de ley que organiza las notarías. La iniciativa legislativa busca “propiciar una mejor tutela de la fe pública, establece rigurosos parámetros de fiscalización” y unificación de los servicios notariales, para que estos sean exactamente iguales en todo el país”.
Igualmente, se pretende que el Estado cuente con la Dirección Nacional de Notarías, entidad adscrita al Ministerio de Gobierno, cuya misión será la fiscalización de la función notarial, de acuerdo con las facultades y competencias establecidas en el proyecto de ley y normas reglamentarias. Le corresponderá a esta Dirección diseñar el manual de procedimiento para la elaboración de los documentos notariales y presentarlos para su aprobación en el Ministerio de Gobierno.
El proyecto también persigue que sea responsabilidad del Ministerio de Gobierno, a través del reglamento que se dicte mediante decreto ejecutivo, fijar los honorarios o tarifas que cobren los notarios. Actualmente, los notarios no devengan un salario fijo y los pagos de sus gastos son cubiertos por los ingresos que la oficina notarial genere.
En otras palabras, actualmente no existe para las notarías un sistema de fiscalización real sobre los ingresos que generan ni sobre los documentos que producen. El ministro Milton Henríqez destacó que la Asociación Internacional de Notarios apoyará en el mejoramiento del proyecto de ley.
