El juez de las investigaciones preliminares del Tribunal de Nápoles se vio obligado a aplazar nuevamente la apertura de juicio oral en el caso sobre el presunto desvío de 20 millones de dólares en la frustrada construcción de cuatro cárceles modulares en Panamá por parte del consorcio italiano Svemark.
Los procesados por este caso son el italiano Valter Lavitola, “director” de las operaciones corruptivas entre la empresa y el Gobierno de Panamá y Ángelo Capriotti, socio de Svemark.
Los abogados de Lavitola reclamaron que el proceso sea trasladado por competencia territorial desde Nápoles, donde germinaron las investigaciones hace siete años, a Roma, al argumentar que los imputados residen en la capital italiana.
Se trata de una estratagema legal que busca dilatar los plazos del caso por corrupción internacional en Panamá y abocarlo a la prescripción, como ya sucedió con el proceso Finmeccanica.
Sin embargo, en esta ocasión, el fiscal jefe del tribunal de Nápoles, Vinzenzo Piscitelli introdujo el agravante de ser un delito configurado con transacciones económicas ilícitas fuera del territorio italiano, por lo que el plazo de prescripción se amplió de forma automática.
Panamá solicitó ser parte civil acusatoria lo que, de ser convalidado por el juez, confiere al país el derecho a perseguir por la vía judicial la plena indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.
CAPRIOTTI, EN LA CÁRCEL
Mientras tanto el otro imputado, el empresario romano, Ángelo Capriotti, antiguo jefe de Mauro Velocci en Svemark, continúa en la cárcel acusado de lavado de dinero y bancarrota fraudulenta.
Ingresó en prisión a principios de abril después de que la Guardia de Finanzas italiana descubriera que había creado una red de sociedades pantalla para blanquear el dinero obtenido de la bancarrota fraudulenta de su empresa y de otros ilícitos relacionados con la apropiación indebida de varios inmuebles.
