El juez belga encargado de examinar la euroorden contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros de su gobierno declaró este jueves 14 de diciembre el caso improcedente, después de que la justicia española retirara la petición de extradición, indicó a la AFP un abogado de la defensa.
El juez único de la Cámara del Consejo de Bruselas declaró “no procedente” el mandato de extradición contra los cinco políticos acusados de rebelión, después de que la justicia española pidiera el 5 de diciembre su retirada, indicó a la AFP el abogado Paul Bekaert.
“Cuando la euroorden se retira, el procedimiento se vuelve no procedente. Es lógico”, añadió Bekaert, uno de los 19 abogados de los equipos de la defensa de Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret.
En una decisión inesperada, el juez de instrucción Pablo Llarena del Tribunal Supremo decidió retirar esa euroorden un día después de una vista en Bruselas durante la cual la fiscalía pidió al juez que aceptara parcialmente la petición de extradición.
Los cinco llegaron a Bélgica días después de que el parlamento catalán declarara unilateralmente la independencia de Cataluña y el Gobierno español de Mariano Rajoy tomara bajo su tutela la autonomía de esa región, cesara a su ejecutivo y convocara elecciones regionales para el 21 de diciembre.
“Por el momento nos quedamos aquí”, dijo Puigdemont en rueda de prensa en Bruselas junto a los otros cuatro políticos, un día después de la decisión de Llarena. Los cinco son candidatos a las próximas elecciones regionales.
A todos se les investiga en España por rebelión, sedición, desobediencia, malversación y prevaricación por impulsar el proceso de secesión que culminó en la fallida proclamación de una república independiente.
Tras asumir el caso procedente de la Audiencia Nacional, el magistrado del Tribunal Supremo decidió retirar la euroorden para evitar que la justicia belga restringiera los delitos imputables a Puigdemont y sus acompañantes, lo que generaría “una distorsión” con el resto de líderes investigados.
Uno de los abogados, Christophe Marchand, había indicado que “los hechos tal y como son descritos [en la euroorden] no son punibles según el derecho belga”.
