La legislatura de Miami Dade ignoró el viernes las súplicas de la comunidad para proteger a los inmigrantes y declarar al condado como un "santuario". En cambio, respaldó la decisión del alcalde de colaborar con el gobierno nacional por temor a dejar de recibir cientos de millones de dólares de fondos.
En una sesión especial que duró cerca de seis horas, la mayoría de los legisladores locales votó en favor de una orden ejecutiva del alcalde Carlos Giménez, que dispone que los extranjeros que sean detenidos por la policía por haber cometido algún delito podrán permanecer 48 horas más en la cárcel para dar oportunidad a las autoridades federales a que los interroguen y tomen bajo su custodia cuando aparezcan en una lista de personas requeridas por el servicio de inmigración.
La medida ubica al condado de Miami Dade en el polo opuesto al de comunidades como las de Dallas, San Francisco, Boston, Nueva York y Los Ángeles, que se han declarado "santuarios" para proteger a los inmigrantes que permanecen en el país ilegalmente.
"Estoy muy agradecido con el presidente de la comisión (legislativa, Esteban Bovo) por los actos que tomaron", expresó Giménez pocos minutos después de que nueve legisladores le dieran su apoyo. "Quiero dejar muy claro que no somos, fuimos, ni seremos nunca agentes de inmigración... Todos los residentes tienen que sentirse a salvo", dijo el alcalde en un intento por tranquilizar a la comunidad inmigrante.
Tres de los legisladores rechazaron la decisión del jefe del gobierno local y uno estuvo ausente. Miami Dade incluye a las ciudades de Miami, Miami Beach, Coral Gables, Kendal, Doral y Hialeah, entre otras. En este condado y el vecino de Monroe viven unos 151 mil inmigrantes sin autorización legal, de acuerdo con el Instituto de Política Migratoria.
A poco de asumir la presidencia, Donald Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas que bloquean fondos federales para ciudades que no colaboran con las autoridades de inmigración, reinsertan un programa de identificación y arresto de inmigrantes sin autorización, aceleran la deportación de extranjeros y mandan construir un muro en la frontera con México, entre otras medidas.
Casi de inmediato, Giménez, quien a pesar de ser republicano no votó por Trump, dijo que colaboraría con las autoridades federales porque no quería perder cerca de 355 millones de dólares que recibe cada año del gobierno nacional. Sin embargo, ha aclarado que la policía de Miami no asumirá tareas de los agentes de inmigración, como busca el gobierno del presidente Trump.
La orden de Giménez, que provocó innumerables protestas y súplicas para que fuera revertida, fue debatida en el recinto de la legislatura, donde más de un centenar de activistas, inmigrantes, líderes sindicales y religiosos, abogados y maestros imploraron a los ediles que los protegieran.Un puñado de los presentes defendió la orden del alcalde, casi todos vestidos con camisetas y gorros que los identificaban como simpatizantes de Trump.
Furiosos por el voto de los legisladores, los inmigrantes se retiraron antes de que terminara la sesión, dejando la sala casi vacía."Que Dios los perdone", dijo en voz alta una mujer mientras salía. La mayoría levantaba sus brazos y gritaba "Deberían tener vergüenza, deberían tener vergüenza".
Uno de los momentos más emotivos de la jornada, fue cuando la nicaragüense-estadounidense Nora Sandigo, se presentó ante los legisladores y les dijo que se le hacía cada vez más difícil su tarea de guardiana de niños cuyos padres han sido deportados, ya que ahora tiene más de mil bajo su custodia.
Sandigo estaba acompañada por cinco niños, entre ellos Jason García, de diez años. "Necesito una casa donde vivir. ¿Ustedes me la darán? Mi papá ha sido deportado", expresó el chico estadounidense, arrancando lágrimas entre los presentes.
Rafael Velázquez, uno de los inmigrantes que se paró en el estrado, recordó a los ediles: "Miami es una ciudad única en Estados Unidos, donde la gente se siente orgullosa de hablar en español". "Recuerden eso", les dijo. "Todos ustedes son inmigrantes".
