El movimiento indígena aceptó el sábado el diálogo directo que había rechazado en principio con el presidente Lenín Moreno, en el marco de nuevos focos de violencia en Quito por las reformas económicas pactadas por el gobierno de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De hecho, el presidente Moreno ordenó este sábado el "toque de queda y la militarización" de Quito y sus alrededores a causa de la violencia en las manifestaciones iniciadas hace 11 días contra reformas económicas pactadas por su gobierno con el FMI.
He dispuesto el toque de queda y la militarización del DMQuito y valles. Empezará a regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia.
Las manifestaciones derivaron en el asalto al edificio de la Contraloría, que fue incendiado y saqueado por manifestantes encapuchados. La sede quedó envuelta en una espesa humareda.
La ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, anunció el desalojo de la zona en cuyos alrededores se registraban enfrentamientos con la fuerza pública. La Policía ha detenido a 30 personas, añadió.
Cerca de ahí, en los alrededores de la Asamblea Legislativa, manifestantes indígenas levantaron barricadas con troncos y escudos de madera para enfrentarse a policías que lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno, según periodistas de la AFP.
La fuerza pública reforzó el control en esa zona tras el breve asalto del Congreso el pasado martes por manifestantes.
En medio del rebrote de la violencia, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) dijo que había decidido finalmente "participar" en un encuentro cara a cara con el mandatario después de "un proceso de consulta con las comunidades".
El viernes había dicho que la propuesta "carecía de credibilidad" e insistía en que solo se sentaría a conversar cuando se derogara el decreto que eliminó los subsidios de los combustibles y encareció los precios en hasta 123% de la gasolina y el diésel.
Sin embargo, la Conaie reconsideró su negativa inicial e incluso se mostró dispuesta a conversar sobre "la derogatoria o revisión del decreto".
El jueves los indígenas rechazaron un primer acercamiento planteado por el gobierno a instancias de la ONU y la Iglesia católica. Y decidieron radicalizar sus acciones mediante el bloqueo de vías y la toma de instalaciones ante la muerte de un responsable indígena.
Desde que estallaron las protestas hace 11 días han muerto cinco civiles y se registran unos 2 mil heridos y detenidos, según la Defensoría del Pueblo.
