Nicaragua, sacudida por violentos choques en las protestas que ya dejan más de un centenar de muertos, ve alejarse la posibilidad de un diálogo, mientras entierra este viernes a los 16 muertos de los últimos dos días.
Los enfrentamientos del miércoles y jueves también dejaron 88 heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que afirma que estos incidentes entre opositores, policías y grupos afines al gobierno fueron unos de los más violentos que se vivieron desde que el 18 de abril comenzaron las manifestaciones antigubernamentales.
"Los agresores fueron la policía represiva y las fuerzas de choque" que responden al presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, denunció el Cenidh.
"Solo balazos se oían, fue un ambiente de terror, era como que estábamos en guerra", recuerda aterrada los enfrentamientos Julieth Hernández, habitante de Managua.
Decenas de miles de nicaragüenses que participaron en la noche del miércoles en marchas en varias ciudades en apoyo a las madres que han perdido a sus hijos en las protestas, fueron emboscados por francotiradores, mientras hombres armados trataban de disolverlos a balazos en tierra.
La matanza motivó una enérgica respuesta internacional.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó en un video divulgado el jueves "los asesinatos" y llamó al gobierno de Ortega a "detener la violencia de estos factores represivos".
Washington, en tanto, exigió "una investigación inmediata, por parte de un grupo interdisciplinario independiente de expertos, para investigar las muertes y la violencia en Nicaragua".
Por su parte, la Fundación Arias para la Paz, del expresidente costarricense Óscar Arias, llamó a la comunidad internacional a bloquear la transferencia de armas y municiones al gobierno de Ortega.
"No existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al gobierno, por lo que no podemos aceptar que se nos pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos", señaló en tanto un comunicado del gobierno del presidente Daniel Ortega.
