La alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, constató en apenas tres días, en Caracas, que en Venezuela la violencia acecha en cada esquina.
La visita concluyó con un acuerdo con el régimen chavista para establecer dos delegados de su oficina de modo permanente y un vago compromiso de liberación de presos políticos que saltó por los aires el mismo día en que Bachelet regresó a Ginebra (Suiza), con la muerte bajo custodia del militar que pasó a la oposición, Rafael Acosta Arévalo.
Dos semanas después de su visita, el organismo que preside denunció que el régimen de Maduro ha puesto en pie una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes le critican”, ayudado por la paulatina militarización de las instituciones del Estado.
“Tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del régimen y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones”, denuncian en lo que supone la primera investigación independiente de la situación en el país.
La investigación que abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019, contabiliza 793 presos políticos y evidencia que, en lo que va del año, 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, Juan Guaidó, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
“Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa el informe. Quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a obstáculos omnipresentes y, en la mayoría de los casos, a investigaciones que se estancan.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) advierte también de que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.
ASESINATOS
El informe de la ONU, basado en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, documentó 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.
“La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada”, según señala el informe.
En 2018 el gobierno registró 5 mil 287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras mil 569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.
MUERTES POR FALTA DE MEDICAMENTOS
El informe muestra la grave situación sanitaria del país. Los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos como ponen en evidencia los datos.
Según la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019, de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales mil 557 fallecimientos por falta de suministros.
Además, la escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se traduce en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas para comprar alimentos.
El informe también aclara la repercusión desproporcionada de la situación humanitaria sobre la población indígena y cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras, la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados.
“La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, …ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros, los derechos a mantener costumbres, medios de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra”, señala también el documento.
