El compromiso asumido por los periodistas en aquellas regiones golpeadas recientemente por desastres naturales, como el caso de México, Estados Unidos y el Caribe, en particular Puerto Rico, y los amagos "persistentes" contra medios y comunicadores en Venezuela, Cuba y Guatemala fueron algunos de los temas abordados como parte del informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, presentado durante la 73 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se lleva a cabo en la ciudad de Salt Lake, Utah, Estados Unidos.
La asamblea, que se desarrolla del 27 al 30 de octubre de 2017, reúne a más de 250 ejecutivos de la prensa del hemisferio.
Este sábado 28 de octubre, la Comisión de libertad de prensa e información presentó los informes país por país.
PANAMÁ
El informe de Panamá abordó el tema del Tribunal Electoral (TE), que elabora la reglamentación de las últimas reformas a la Ley Electoral, que regirá las elecciones generales de 2019, donde alertó que se "podría comprometer la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo".
De igual manera, se expuso que a inicios del mes de octubre, el Ministerio Público (MP) presentó un proyecto de ley que intentaba modificar y adicionar artículos al Código Penal relacionados con el cibercrimen. En el mismo se encontró que varias de las normas propuestas afectarían el ejercicio del periodismo.
Ante esto, el MP retiró el proyecto y abrió un espacio de conversaciones que se darán en los próximos meses.
Otra situación fue el levantamiento de las restricciones al Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE) por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a fin de que la empresa tenga acceso a los mercados financieros y comerciales estadounidenses. Esto ocurrió el pasado 23 de octubre, cuando el principal accionista de GESE, Abdul Waked, traspasó el 51% de las acciones de la empresa a la fundación sin fines de lucro Publicando Historias, con la que no tendría vínculos ni participación.
VENEZUELA
Sobre Venezuela, en el informe se detalla que el régimen del presidente Nicolás Maduro "avala el principio de que en una dictadura la libertad de expresión es siempre la primera víctima".
Distintos mecanismos de censuras, como demandas judiciales por difamación, amenazas a periodistas, el cierre de estaciones de radio y televisión, el bloqueo de sitios web y plataformas digitales, las detenciones arbitrarias y los juicios militares a periodistas son preocupantes.
Según el informe, en la actualidad, cubrir una manifestación pública en contra del gobierno puede ser calificado como un acto "terrorista", de competencia de los tribunales militares; escribir un tuit, pintar una caricatura, hacer un chiste o hacer un comentario en el mercado, puede tener consecuencias penales severas.
La censura ha tenido varias víctimas, no solamente los medios de comunicación, sino también las fuentes de empleo; la plataforma digital del Diario Tal Cual ha sido bloqueada durante horas; la Comisión Nacional de Telecomunicaciones abrió un proceso disciplinario en contra de Venevisión y Televen por no darle cobertura a la elección de la constituyente; también ordenó sacar de la programación por cable las señales de CNN en español, El Tiempo TV, Caracol TV y Todo Noticias.
Informes de organizaciones como Espacio Público, Provea e IPYS, entre otras, estiman que se cometieron numerosos casos de agresiones físicas de funcionarios policiales o militares a periodistas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos en este período; sufrieron golpizas y con frecuencia sus equipos han sido destruidos o decomisados.
Para agravar la situación, el presidente Maduro ha propuesto a la Asamblea Nacional Constituyente la aprobación de una ley contra el odio y la intolerancia.
MÉXICO
En este periodo, la prensa ha sufrido una escalada de violencia: siete periodistas han sido asesinados desde la reunión en marzo pasado de Antigua (Guatemala) y ya van 10 este año.
Artículo 19 documentó 276 agresiones contra la prensa este año: un incremento del 23% comparado con el mismo periodo del año pasado. Dentro del informe se alertó sobre el alto índice de impunidad y de la inseguridad en la que trabajan los periodistas en el país, la cual queda evidenciada en la falta de resultados de investigaciones que deriven en castigo a los responsables de los asesinatos y agresiones.
COLOMBIA
El aumento de los ataques contra la prensa es una situación que preocupa, a esta fecha se han registrado 237 casos, 21 más que en el periodo anterior. De acuerdo con el registro de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la amenaza es la agresión más frecuente en Colombia, con 102 casos, cifra que duplica la de 2010.
La Flip ha documentado 151 casos de agresiones a la prensa, en especial, en los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá.
Muchas de estas agresiones son cometidas por servidores públicos, mediante amenazas y acoso judicial. Otro hecho que vale la pena documentar son las detenciones ilegales de periodistas por parte de la fuerza pública.
BALANCE DE OTROS PAÍSES
En cuanto a Estados Unidos, se indica que los medios de noticias permanecen a la defensiva ante la fuerte retórica contra la prensa del presidente Donald Trump. “Desde el último informe, el gobierno de Trump ha intensificado sus agresiones verbales contra la credibilidad de los medios de comunicación".
Según el reporte, Trump sigue refiriéndose, de forma regular, a organizaciones de noticias prominentes –como CNN, NBC, The New York Times– como “noticias falsas”.
En Cuba no se registran avances en materia de libertad de expresión, y el régimen ha vuelto a endurecer su trato con periodistas independientes, mediante interrogatorios, amenazas de procesos judiciales por el simple ejercicio de su tarea y el acoso contra portales y blogs periodísticos.
Por otra parte, el cambio de gobierno en Ecuador –lo que ocurrió en mayo pasado– trajo consigo un discurso oficial más amable hacia medios y periodistas.
Sin embargo, prevalece el marco jurídico y otras señales de acoso sobre las libertades heredadas del régimen de Rafael Correa.
Sobre Guatemala, el informe precisa que este país centroamericano se encuentra en una "acentuada crisis institucional", causada por la polarización de los diferentes actores políticos. En este país, las informaciones, opiniones y críticas sobre el gobierno nacional y los regionales, suelen ser respondidas con violencia en contra de los periodistas.
