Tras más de 235 días de estar en detención forzada, Ana Margarita Vijil, defensora de los derechos humanos en Nicaragua, fue sometida a un juicio político el pasado 2 de febrero, ante la justicia de Nicaragua, que controla Daniel Ortega.
La audiencia de carácter presencial para la acusada tuvo lugar en el complejo policial “Evaristo Valle”, conocido como “El Chipote” en Nicaragua. Fue a puertas cerradas, en la que se le negó el acceso a los medios de comunicación y solo se permitió en última instancia el ingreso a un familiar.
Vijil fue declarada culpable de “cometer menoscabo a la integridad nacional”, lo que se transcribe como “traición a la patria”.
Su madre María Josefina Guardián, quien lucha contra la detención ilegal y forzosa de su hija, emitió un comunicado tras el dictamen de culpabilidad emitido por la justicia de ese país. “Se realizó un juicio ilegal e ilegítimo en contra de mi hija Ana Margarita Vijil en el cual se le condenó por delitos que no ha cometido y se le imputan. El régimen la declaró culpable por su labor de defensa de derechos humanos, por soñar y trabajar para una Nicaragua en libertad y con justicia”.
La Prensa conversó con la sobrina de Vijil, Ana Lucía Álvarez, quien sostiene que su tía es víctima de órdenes políticas, que son ejecutadas a través de los operadores y las operadoras de Daniel Ortega en Nicaragua.
Al momento de firmar el acta del juicio, su tía puso debajo de su nombre “Presa Política” ¿Qué ha podido saber cómo transcurrió esta audiencia ilegal?
Efectivamente, Ana Margarita pidió dar unas palabras finales antes de que el juez diera el veredicto y ella dijo: “yo me declaro defensora de derechos humanos, me siento orgullosa de la labor hecha en mi vida y seguiré haciendo ese trabajo por el resto de mi vida. Y cuando le tocó firmar el acta, debajo de su firma, puso “presa política”. Estos son juicios políticos, que no están apegados al derecho, en Nicaragua no existe un Estado de derecho. Lo que existe un Estado del no derecho de Daniel Ortega. Él, desde que llegó al poder, se ha dedicado a menoscabar la institucionalidad democrática del país y construir una suerte de Estado partido que engloba a todos los poderes y todas las entidades públicas, entre ellas el poder judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía, la Defensoría Pública. En estos juicios políticos, lo que vemos son básicamente órdenes políticas, que son ejecutadas a través de los operadores y las operadoras del régimen en cada una de las instituciones.
Ana Margarita está siendo juzgada por un delito de “menoscabo” de la integridad nacional y básicamente las pruebas que aporta a la Fiscalía para sustentar la comisión de ese supuesto delito son, por ejemplo, su participación en programas de opinión, como lo que yo estoy haciendo ahorita. Programas en donde ella pedía el respeto de los derechos humanos en Nicaragua, elecciones libres y transparentes, además de chats o tuits que ella publicaba en sus redes sociales, mensajes que puso en Facebook, Twitter. Los retuits que le dio, por ejemplo, al mensaje enviado por la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, o el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.
Lo que realmente está sucediendo con estos juicios políticos es una suerte de criminalización al ejercicio de los derechos fundamentales, como es el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, pues es lo que se está criminalizando y se está asociando el ejercicio de sus derechos fundamentales con esta noción de menoscabo a decir en la medida que en Nicaragua, activistas defensoras de derechos humanos, disentimos con el régimen y generamos una conversación sobre lo que está pasando, sobre las violaciones a los derechos humanos y como esto tiene que ser fiscalizado y resistido no solamente desde Nicaragua, sino también desde la comunidad internacional, entonces el régimen lo instrumentaliza y genera una narrativa en donde asocia ese ejercicio de esos derechos, incluso a la disidencia, la libertad de pensamiento, a la posibilidad de disentir, lo asocia con estar menoscabando la integridad nacional.
Lo que estamos viendo en Nicaragua en la consolidación de un Estado totalitario, en donde ya no existe libertad de pensamiento, de expresión ni de opinión,
Ana Margarita Vijil fue detenida y se encuentra aislada por haber dado entrevistas, como usted lo hace en estos momentos ¿Han sentido la reacción de la comunidad internacional, tras la sentencia de culpable de su tía?
Desde el momento de la detención de Ana Margarita, detención ilegal y arbitraria, en la que la Policía allanó con uso desproporcionado de la fuerza su vivienda, sin orden de captura, sin orden de allanamiento, pasó desaparecida ochenta días y desde el primer momento la comunidad internacional ha reaccionado condenando a esta situación; han reaccionado el Parlamento Europeo, han reaccionado desde distintos países, además de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional que de hecho a través del estudio y el análisis de los hechos y de la documentación hizo un informe, en septiembre del año pasado, que se titula “Desaparición forzada como estrategia de persecución política en Nicaragua”. Tras esto han reaccionado organizaciones como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana Derechos Humanos, incluso en la Corte que mandató al Estado de Nicaragua a liberarlos inmediatamente. Las reacciones de apoyo siguen hacia Ana Margarita y el resto de personas presas. Reacciones de repudio a esta conducta criminal e ilegal del Estado de Nicaragua, que lo que busca es silenciar a la disidencia y seguir consolidando este Estado totalitario,
Son más de ciento setenta presos políticos en Nicaragua según los registros. Las condiciones en las que se encontraban a Vijil en la entrevista anterior señalaban que estaba aislada y que la única forma de poder comunicarse o apoyarla era llevarles botellas de agua, las cuales tampoco les permitían ingresar totalmente porque el gobierno tenía miedo que se le enviara algún tipo de mensaje, de comunicación. ¿Ha cambiado algo en las condiciones de la detención de Ana Margarita al día de hoy?
Absolutamente nada. Lo que el Estado de Nicaragua está haciendo es régimen de tortura a través de ese aislamiento injusto, prolongado, contrario a todas a convenciones que el Estado ha firmado en término de derechos humanos.
El régimen de visitas no se ha regularizado; en ocho meses la posibilidad de verla fue sol en cinco ocasiones. Todas las visitas han sido sin programación, inesperadas, sin tiempo para que ella se prepare, ni para que nosotras nos preparemos. Ella se mantiene en una celda en solitario, custodiada 24/7 por policías que le impiden mantener comunicación verbal con ninguna persona a su alrededor.
Esta situación que ha descrito en estas dos entrevistas, lleva a preguntar si Ana Lucia Álvarez o el entorno de Ana Margarita Vijil ¿tienen conocimiento de algún pronunciamiento del gobierno de Panamá sobre la situación en Nicaragua?
Hasta le momento desconozco, creo que en general Panamá ha votado a favor de varias resoluciones condenando a Daniel Ortega. Creo que la invitación sería a que viendo la consolidación del Estado totalitario y del proceso de descomposición de la institucionalidad democrática que se da en otros países de la región como El Salvador, es importante, para los y las centroamericanos, poder estar vigilantes de lo que sucede en la región. Porque si una cosa hemos aprendido, es que estos regímenes autoritarios se pasan información y aprenden entre ellos. Muchas de las cosas que han sucedido en Nicaragua, suceden en El Salvador de una forma muy similar y es importante que la ciudadanía esté vigilante y atenta, fiscalizando lo que se está haciendo, porque estos procesos de descomposición de la institucionalidad democrática cada vez se hacen de una forma más descarada, de una forma más acelerada y es importante que no lleguemos a la situación en la que están Nicaragua y El Salvador.
Usted cada vez que da entrevista con medios de comunicación, se expone ante el gobierno de Daniel Ortega ¿Cómo se vive con este riesgo o miedo?
Es muy complejo. Mi abuela, la mamá de Ana Margarita, es una paciente de cáncer y tenía que salir de Nicaragua para hacerse un examen, en la frontera le dijeron que no podía salir porque era mamá de una presa política y le quitaron el pasaporte. Esta es una de las cosas que toda persona que habla se expone, a que te lleven presa o que te den país por cárcel. Es realmente una situación de hipervigilancia, un sentimiento de desprotección, de abuso porque no hay ninguna institución en Nicaragua que vele, tutele y garantice tus derechos ciudadanos. Las personas que hablan deben estar pendientes de su entorno, de estas estructuras de vigilancia comunitaria, de la vigilancia barrial asociada al partido de Daniel Ortega, de la vigilancia de la policía y otros grupos que son paraestatales. Hay gente que se mueve de lugar en lugar para poder protegerse ante esta distinta forma de represión.
