Desde el año pasado el gobierno viene desarrollando el Censo de Salud Preventiva, dirigido a detectar entre los panameños mayores de 40 años, aquellos que estén padeciendo enfermedades como: hipertensión arterial (presión alta), diabetes, dislipidemias (alta concentración de grasas en la sangre) para su tratamiento e inclusión en los programas de salud. Según voceros oficiales, más de 270 mil personas han sido examinadas desde su implementación, permitiendo la detección de diversas enfermedades crónicas. Mientras unos afirman que se trata de otra estrategia de la oligarquía gobernante para conseguir el apoyo de la población; el Ejecutivo manifiesta que el fin es la “…obtención de la Justicia Social para todos los habitantes de la República de Panamá, sin ningún tipo de distinción ni discriminación…”, lo cual en un país reconocido por sus grandes desigualdades, suena a discurso populista.
Al margen de la valoración política, de la cual es difícil sustraerse, opino que la estrategia es adecuada y necesaria, ya que propicia que las personas tengan un mayor control de su propia salud y debe tener impacto en la prevención y solución de las causas primordiales de los problemas de salud. Como si fuera poco, las actividades de Promoción de la salud como esta, tienen el valor agregado de contribuir al desarrollo humano y económico al abordar los determinantes de la salud.
Hay algunos asuntos que el gobierno debe resolver si de verdad es su prioridad “mejorar su calidad de vida y el estado de salud, garantizando este derecho y mayor cobertura de salud pública”. Y agregó que no me cabe duda de que la actividad busca paralelamente beneficiar políticamente al partido político gobernante. Pero eso lo hace cualquier gobierno y no es el tema de este artículo, nada más tengámoslo presente para que no nos echen cuentos.
La primera consideración tiene que ver con la cantidad de personas que están siendo examinadas. La actividad se limita a las personas mayores de 40 años y es sabido que muchas enfermedades no transmisibles aparecen desde los 30 años de edad o incluso antes, como lo demuestran los datos nacionales y mundiales. Y si de factores de riesgo hablamos, también sabemos que un alto porcentaje de panameños consume alcohol desde temprana edad, no realiza suficiente actividad física, es fumador de tabaco y se alimenta en forma malsana. Por otro lado, no sería extraño que la población que acude a hacerse los exámenes, sea la población que está preocupada por su salud, lo cual excluiría a la mayoría de las personas que creen que están sanas porque “no tienen síntomas”, pero la hipertensión y la diabetes son “asesinos silenciosos”. En todo caso los 270 mil panameños examinados equivalen apenas al 14% de los 1.9 millones que según el INEC tienen más de 30 años de edad. Ciertamente, no es motivo de celebración.
De mantenerse la estrategia, lo cual espero, deben fortalecerse las actividades de detección y cribado, haciendo especial esfuerzo en motivar e incluso buscar activamente a las personas que están en riesgo.
En ese contexto es fundamental vincular en el diseño, implementación y evaluación de la estrategia a nuestros alcaldes y representantes de corregimientos, para que hagan de la salud un aspecto central de sus políticas y planes de trabajo. Tengamos presente que “las ciudades tienen un papel principal en la promoción de la buena salud.
El liderazgo y el compromiso en el ámbito municipal son esenciales para una planificación urbana saludable y para poner en práctica medidas preventivas en las comunidades y en los centros de atención primaria. Las ciudades saludables contribuyen a crear países saludables…” (OMS). De igual importancia es el fortalecimiento de la capacidad de gestión pública participativa, mediante la capacitación de líderes comunitarios para el ejercicio de la ciudadanía en salud y la implementación de mecanismos de participación social, que permita la construcción colectiva y ejecución de políticas y programas para el abordaje de los determinantes sociales de la salud.
Al final, la más importante consideración es que la actividad debe garantizar que las personas con problemas de salud detectados reciban el tratamiento y seguimiento apropiado en la red de servicios públicos de salud.
Difícilmente será eso posible en un sistema de salud fragmentado y segmentado como el nuestro, donde abundan las denuncias de ineficiencia, mala calidad de la atención, falta de medicamentos, etc. Eso, a pesar de que el Ejecutivo recibió hace más de dos años la propuesta de la Mesa de Diálogo por la Salud para fortalecer el sistema y superar estas falencias. Pareciera que hemos olvidado que tenemos pendiente avanzar en la construcción de un Sistema Único Público de Salud que responda de forma equitativa, eficiente, oportuna y continua a las necesidades de la población; ofreciendo con humanismo y calidez atención de calidad.
El autor es ciudadano
