Una de las peores atrocidades de la dictadura se cometió en esta fecha, 29 años atrás. En medio de la crisis política y económica en que el régimen había sumido al país—similar a la que actualmente atraviesan Venezuela y Nicaragua—el 3 de octubre de 1989 un grupo de miembros de las extintas Fuerzas de Defensa intentó derrocar al dictador Noriega. A tales efectos, se tomaron el cuartel central, localizado en El Chorrillo y allí retuvieron al tirano. Los alzados esperaban apoyo de otros elementos militares y, según algunas versiones, del Ejército estadounidense, el cual—supuestamente—colaboraría al éxito del levantamiento.El esperado respaldo no se dio. Entre tanto, Noriega—habilidoso manipulador y enredador—convenció a sus captores de que desistieran de sus propósitos.Una vez en control de los acontecimientos, ordenó el asesinato de los conjurados, no sin antes torturarlos.
Según La Prensa (3 de octubre de 2014), siete murieron en un hangar de Albrook a manos de militares adictos a Noriega; dos fueron asesinados en el cuartel central; uno, en la cárcel Modelo; y el líder del operativo, Moisés Giroldi, en el cuartel de Tinajitas. Once militares perecieron de esta forma ignominiosa, por lo cual eventualmente fueron procesados el dictador y algunos secuaces. La defectuosa justicia panameña consiguió en 1996 condenas para algunos de los involucrados—entre ellos, el propio Noriega—aunque, a esas alturas, varios de los condenados ya habían escapado del país. Peor aún, los pobres resultados obtenidos en el proceso judicial fueron desvirtuados por esfuerzos desde otras esferas por torcer la magra justicia alcanzada.
El penúltimo día de su gobierno, Ernesto Pérez Balladares indultó a uno de los condenados (Gonzalo González Rivera), así como a otros delincuentes de la dictadura, a través del Decreto Ejecutivo #201 del 30 de agosto de 1999. Se procedió de esta manera a pesar de que la Constitución Política (Art. 184) solo le permite al presidente de la República otorgar indultos por delitos políticos, nunca, por causas penales, como el asesinato.
En el caso de crímenes de lesa humanidad, como este—aun cuando no hayan sido formalmente calificados como tales en el expediente—la normativa internacional aporta abundantes referencias a los Estados interesados en proteger y promover los derechos humanos. Claro está, la protección y promoción de los derechos humanos es la última preocupación de los gobiernos panameños, los cuales pisotean no solo la normativa internacional en esta materia, sino, inclusive, los señalamientos de nuestra propia Constitución, mermando así la seguridad jurídica por la que los funcionarios dicen sentir tan honda preocupación. González huyó a Cuba—donde, presumiblemente, se encontraba uno de los implicados (Asunción Eliécer Gaitán)—antes de que Mireya Moscoso pudiera derogar el indulto de Pérez Balladares a través del Decreto Ejecutivo #213 de 3 de septiembre de 1999 (El Panamá América, 14 de septiembre de 1999). Evidelio Quiel, otro de los condenados, también se había fugado, presuntamente a Costa Rica.
De acuerdo con La Estrella de Panamá (16 de noviembre de 2016), en ocasiones ha sido visto en Panamá, lo mismo que Gaitán, según la viuda del asesinado Jorge Bonilla Arboleda (Día a Día, 11 de diciembre de 2011). Heráclides Sucre, quien también había huido (en su caso, al Perú), fue extraditado a Panamá y encarcelado en 1998, a partir de la condena expedida en 1996 (La Prensa, 14 de enero de 2014). Mediante el Decreto Ejecutivo #178 de 2011, Ricardo Martinelli le concedió una rebaja de pena (La Estrella de Panamá, 7 de abril de 2011). La Constitución le reconoce al jefe del Ejecutivo la facultad de rebajar penas y conceder libertad condicional por delitos comunes (Art. 184, numeral 12).
Sin embargo, un gobierno juicioso y respetuoso de los derechos humanos se abstendría de conceder este beneficio a condenados por atrocidades como las que se cometieron en esta fecha. Casi tres décadas más tarde, este abominable acontecimiento es desconocido por muchos panameños. Como lo declaró el profesor Rommel Escarreola a El Siglo (3 de octubre de 2014), “la mala interpretación de la historia del país” y “los programas de estudio que reciben los alumnos en las escuelas” contribuyen a tan manifiesta ignorancia de un hecho que aún sacude la conciencia nacional.
El autor es politólogo e historiador y director de la Maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá.
