Mafia. Su sola mención suele hacernos pensar en el crimen organizado siciliano o en algún tipo del Chicago de los años 20, vestido con traje, con un cigarro en la boca y empuñando una ametralladora. Pero la mafia no se reduce a eso. La RAE también la define como un “grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos”. Esto quizá explica por qué, el pasado jueves, el presidente José Raúl Mulino le dijo al país que en la Caja de Seguro Social (CSS) hay una “mafia enquistada, sin que nadie le ponga orden”. Estas personas, en palabras de Mulino, “han vivido sentadas en la junta directiva de la Caja de Seguro Social todos estos montones de años y ahora se hacen los locos, como si no supieran nada. Ahí está el resultado del descalabro al que han llevado a todos, directores y directivos de la Caja de Seguro Social”.
Esa no fue la primera vez que Mulino expresó su descontento con la alta dirección de la Caja. En sus intervenciones públicas después de las elecciones, ha sido consistente al respecto. El 3 de junio pasado, cuando se enteró de que la junta directiva había convocado a un concurso para escoger al próximo director general de la entidad, anunció: “No les voy a firmar ningún nombramiento que hagan”. A Manuel Pérez Rodríguez, el presidente de la CSS, se le resbaló la advertencia de Mulino y replicó que continuarían con el proceso de selección. “No veo razón para que nosotros tengamos que guiarnos por lo que él nos dice, si todavía no es presidente”, dijo Pérez. El 1 de agosto, un mes después de su toma de posesión, Mulino volvió a cuestionar a la alta dirección de la Caja y hasta dijo que le querían “meter un gol para forzar una reelección”. Buen olfato. Por cierto, el director saliente Enrique Lau acudió esta semana al pleno legislativo y ahí dijo que en la Caja no había “botellas”. Será que en el argot hospitalario les llaman “tubos de ensayo”...
Pero, aunque no publican en algún lugar un código o un organigrama, toda mafia que se respete tiene una estructura no escrita y sus integrantes la reconocen de manera inequívoca.
La junta directiva de la CSS está integrada por 12 miembros principales. Ahí están Álvaro Lozano, que representa a los médicos; los ministros Fernando Boyd (de Salud) y Felipe Chapman (de Economía), y el contralor Gerardo Solís (solo con derecho a voz). Otros tres miembros (Aida de Maduro, Camilo Valdés y Fernando Méndez) fungían como representantes de los empleadores, pero renunciaron a sus cargos. Valdés es ahora director de la DGI y Méndez, viceministro de Vivienda desde el 1 de julio pasado. Ya van siete… Los cinco restantes han podido intimidar de forma eficaz y continuada a las organizaciones que los designan en la junta, o sus encéfalos alojan algunas de las mentes más pródigas de nuestro país, porque ni siquiera el agotamiento de la vigencia de sus cargos ha sido suficiente para alejarlos de allí. Estos cinco directores, todos con sus nombramientos impresentablemente vencidos, son los tres representantes de los trabajadores (Guillermo Puga, Miguel Edwards y Gregorio Guerrel); el representante de los funcionarios y gremios magisteriales, Roberto Valencia, y el representante de los jubilados, el ya citado Manuel Pérez Rodríguez. Entonces, ¿queda alguien con dudas acerca de los posibles integrantes de la “mafia” a la que alude Mulino?
No parece que alguna vez haya sido elegido como nuevo líder de la mafia alguien que no pertenezca a ella. ¿No es así? Bueno, en agosto pasado, Pérez fue elegido para presidir la junta directiva de la CSS por un periodo de 20 meses. Fue juramentado en el cargo por Puga, quien también tiene el cargo vencido. Y quién sabe si hasta la cédula. ¿Y todavía los panameños esperamos que la CSS garantice resultados comparables a los de empresas privadas del sector financiero y de la salud?
