En los últimos meses, Panamá ha estado envuelto en una controversia internacional debido a la negociación para extender el contrato de operación minera con la empresa canadiense First Quantum y así tener acceso a una de las minas de cobre a cielo abierto más grandes del mundo.
Esta decisión y el contenido del contrato provocó tal indignación que los ciudadanos y las comunidades indígenas protestaron por casi 4 semanas expresando preocupaciones sobre los efectos perjudiciales de la propiedad corporativa en la cotidianidad de vida y en el medio ambiente.
Como panameño-estadounidense con una profunda conexión con mi tierra natal, me preocupan algunas de las injusticias perpetradas por las corporaciones internacionales en Panamá. Al tener la oportunidad de realizar trabajo voluntario con las comunidades indígenas, como la comarca Emberá-Wounaan, he sido testigo en primer plano de la dicotomía que desgarra a las clases económicas dentro de la población panameña.
Espero que una mayor equidad apalancada en el mejor manejo posible de los recursos naturales se traduzca en crecimiento económico y mejores estándares de vida para todos los panameños. Debemos abogar por mejores condiciones en el sector minero y exigir responsabilidad a empresas como First Quantum.
La operación minera en Donoso no solo ha sido un importante motor para la economía de Panamá, sino también un proveedor fundamental para la industria global del cobre. La demanda mundial de este metal está experimentando un crecimiento vertiginoso, ya que se emplea como conductor eléctrico en la producción de automóviles, teléfonos y una amplia gama de dispositivos eléctricos.
Además, se espera que la demanda de cobre en sectores “verdes” y energías renovables, específicamente vehículos eléctricos, se duplique en los próximos diez años. Igualmente, con las fuertes tendencias en inteligencia artificial y el desarrollo de centros de datos para apoyar la industria, el cobre es uno de los principales beneficiarios. De hecho, S&P predice que la demanda global total de cobre aumentará un 20% para 2035.
Es importante recordar que la operación de Minera Panamá consiste en una gran mina a cielo abierto, ubicada a 75 millas al oeste de la Ciudad de Panamá y a 12 millas del Mar Caribe. El contrato original de explotación minera fue aprobado en 1997, creando un legado de explotación enmarcado en un contrato que fue declarado inconstitucional en noviembre de 2023.
El rol de la mano de obra local contratada por empresas multinacionales como First Quantum es una de las principales preocupaciones actuales. El uso de los recursos de Panamá sin un plan de sostenibilidad puede ser una de las principales razones que empujan el país hacia una enorme desigualdad económica. El contrato original de First Quantum con el gobierno se firmó en 1997, cuando los precios del cobre eran bajos, por lo que el impuesto establecido fue solo del 2%.
Una vez que comenzó la operación, se hizo evidente la cantidad de posibles pérdidas de recaudación fiscal. El expresidente Cortizo propuso un nuevo impuesto con un mínimo de al menos $375 millones en impuestos para 2023. En 2021, la empresa pagó $61 millones en impuestos, en comparación con los más de $3 mil millones en ventas de cobre facturados desde Minera Panama, S.A. Esta distribución desigual de ingresos exacerba las tensiones sociales y sostiene una injusticia estructural al ampliar aún más la brecha entre ricos y pobres. La mina llegó a emplear a 7,000 trabajadores directos, pero la actividad económica de la mina genera un impacto económico en más de 40,000 personas.
Además, es difícil exagerar los efectos ambientales de la mina Cobre Panamá. Las comunidades locales y los ecosistemas han sufrido considerablemente debido a la contaminación del aire, la deforestación y las reubicaciones de aldeas necesarias para las operaciones mineras. Igualmente, la mina representa una amenaza para la biodiversidad, ya que la degradación de las tierras y los hábitats cercanos comprometen tanto la historia tradicional como el modo de vida de las comunidades indígenas.
Con la elección del nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el nuevo liderazgo del país enfrentará la desafiante tarea de revitalizar la economía y abordar los problemas urgentes que rodean la industria minera. Con una sequía y menores ingresos del Canal de Panamá, los ingresos provenientes de la minería siguen siendo críticos.
Sin embargo, estos ingresos deben beneficiar a diferentes segmentos de la sociedad panameña, especialmente a los más vulnerables próximos a la operación de la mina y a los pueblos originarios afectados por dicha operación, y eventualmente garantizar un cierre ordenado. A medida que naveguemos por estos desafíos, será crucial que mantengamos nuestro compromiso firme con la justicia, la igualdad y la sostenibilidad para el futuro de Panamá.
El autor es estudiante de tercer año en la escuela secundaria Saint Saint Andrew’s en Boca Ratón, Florida. Tiene interés en la equidad y el desarrollo económico, y espera estudiar Estudios Latinoamericanos en la universidad.
