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Un exjefe de la policía en el gobierno 2009-2014, con tres condenas por su complicidad en espionaje ilegal de personas, otra por la desaparición de equipo de comunicaciones para espiar y por la posesión ilegal de armas de fuego, pretende convertirse en el director de Administración de Bienes Aprehendidos, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este individuo, con condenas acumuladas que suman más de 230 meses de prisión, tiene aspiraciones desmesuradas, considerando su prontuario delictivo, que lo hace más apto para estar bajo vigilancia que para vigilar bienes aprehendidos. Su nombramiento, aunque no es seguro, equivaldría a poner esos bienes en riesgo nuevamente, dada su historia criminal. Es su afinidad con el actual gobierno lo que lo habría llevado a aspirar a un cargo en el engranaje gubernamental, pero un nombramiento de esta naturaleza desataría un escándalo que el Gobierno actual no necesita. Hay muchas personas con mejores y más honradas credenciales para desempeñar ese cargo. Este aspirante debería buscar otro oficio, ya que, con su pasado, no obtendrá el respeto de sus subalternos ni superiores, ni siquiera de los ciudadanos, hartos de la delincuencia de cuello blanco.

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