El viernes 9 de octubre, poco antes de la una de la tarde, acababa de terminar una reunión por Zoom en mi apartamento, en el piso 19 de un edificio de la Ciudad de Panamá, donde estoy desde septiembre en una licencia de investigación en el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS). Hablaba por teléfono con mi esposa, que regresaba de hacer unas diligencias, y estábamos decidiendo dónde almorzar cuando el edificio empezó a sacudirse. Vi mover el mueble del televisor durante unos segundos que se sintieron como minutos. Cuando terminó la sacudida, bajé los 19 pisos por la escalera de emergencia, un descenso que me pareció eterno, y me encontré con mi esposa frente al edificio. Esperamos hora y media antes de volver a subir y esa noche sentimos varias réplicas. Fue una experiencia aterradora. Después llegaron las noticias y, con ellas, el alivio y la gratitud, porque la capital apenas sufrió daños.

En el interior, la historia fue otra. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó el miércoles 13,623 personas afectadas. Unas 4,000 familias tienen sus viviendas dañadas, y 879 de ellas las perdieron por completo. El sismo se cobró además su primera víctima mortal: una mujer de 68 años que había resultado gravemente herida. Escuelas, centros de salud, puentes y plantas potabilizadoras quedaron dañados en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

Esta semana -antes que se conociera de la primera víctima- publiqué en X una pregunta que me sigo haciendo: ¿pediría el presidente paciencia si los damnificados vivieran en Punta Paitilla, Altos del Golf o Costa del Este? Mulino ha dicho que “esto no se va a responder de una vez” y que “lo importante es que no hay víctimas; lo material lo vamos a resolver”. Es cierto que las lluvias y los deslizamientos complican la logística, como explicó la subdirectora del Sinaproc, Malitzie Rivera. Aun así, durante todo el fin de semana comunidades de Azuero y Veraguas denunciaron que la ayuda no llegaba. En Las Minas, un arquitecto le dijo a la agencia AFP que “no se han visto autoridades”.

Ese contraste obliga a hablar de dos Panamás, aunque con cuidado al usar las cifras de Azuero. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en 2023 la pobreza por ingresos era de 9.7% en Los Santos y de 15.9% en Herrera, cifras cercanas a las de la provincia de Panamá, de 13.1%. Veraguas, con 30.5%, está muy por encima. La brecha entre el campo y la ciudad es mucho mayor: 44.7% de pobreza en las áreas rurales frente a 12.1% en las urbanas, con un ingreso promedio por hogar rural equivalente a la mitad del urbano. La falla que el sismo dejó al descubierto es la presencia desigual del Estado. Los hospitales de mayor complejidad y los despachos donde se toman las decisiones se concentran en la capital. Los datos del Barómetro de las Américas de LAPOP lo muestran en la vida diaria: en 2023, el 56% de los panameños de zonas rurales se había quedado sin agua potable en los tres meses previos a la encuesta, frente al 45% en zonas urbanas.

La respuesta al terremoto repite ese patrón centralista. El diputado Luis Duke, de Vamos, advirtió que “la centralización dificulta la eficacia en este tipo de emergencias”. El presidente, por su parte, acusó al alcalde panameñista de Mariato, Ángel Batista, de repartir la ayuda entre sus copartidarios y ordenó que el IMA entregara la comida casa por casa. Si la acusación se comprueba, debe sancionarse. Pero la solución del Ejecutivo fue concentrar aún más la distribución en el gobierno central, lo cual es precisamente lo que Duke señala como la causa de los retrasos.

En junio, a raíz de los terremotos en Venezuela, escribí en Americas Quarterly que los desastres naturales convierten la capacidad del Estado en una prueba pública y en tiempo real. El terremoto de Managua de 1972 es el caso clásico. La Guardia Nacional de Anastasio Somoza Debayle desvió la ayuda internacional, y empresarios, sindicatos y la Iglesia católica se unieron contra un régimen que cayó en 1979. En México, el sismo de 1985 evidenció la debilidad del PRI. Los rescatistas voluntarios y las organizaciones vecinales llenaron el vacío y esa movilización alimentó la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. En los dos casos el desastre actuó como detonante de algo que ya estaba en marcha, porque había un fracaso visible y sostenido y una sociedad capaz de organizarse por encima de las diferencias de clase.

Mulino enfrenta esta prueba desde una posición débil. En la ronda 2025/26 del Barómetro de las Américas, apenas el 13.8% de los panameños calificaba su gestión como buena o muy buena. Juan Carlos Varela tenía 10% en 2018 y Laurentino Cortizo 14.8% en 2023, ambos en el cuarto año de su mandato. Mulino llegó a ese nivel antes de cumplir la mitad del suyo. Sin embargo, antes del sismo, su aprobación en el interior se asemejaba a la de la capital. En Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas era de 11.8%, frente a 15.6% en Panamá y Panamá Oeste, una diferencia dentro del margen de error. En esas cuatro provincias el 76% decía que la economía del país había empeorado, un malestar que la reconstrucción puede convertir en una brecha política con la capital si el Estado tarda en llegar.

Lo más probable es que el terremoto no altere el equilibrio político nacional. Mulino no puede reelegirse porque el artículo 178 de la Constitución lo prohíbe y ha mostrado poca preocupación por la opinión pública. Los partidos de oposición también son débiles e impopulares y la sociedad civil tiene poca capacidad de presión. El gobierno, además, quebró a los sindicatos con mayor poder de movilización. En mayo de 2025, el Ministerio Público allanó las sedes del Suntracs; su secretario general, Saúl Méndez, pidió asilo en la embajada de Bolivia y el presidente prometió reducir al sindicato “a su mínima expresión”. La huelga docente contra la Ley 462 terminó en julio, tras más de dos meses, sin que el gobierno derogara la ley. Panamá es, por último, un sistema hiperpresidencialista, en el que incluso un mandatario impopular conserva poder y recursos considerables. Las condiciones que en Managua y en México convirtieron la tragedia en una crisis política están ausentes en el Panamá de hoy.

Sin embargo, el gobierno haría mal en confiarse. El huracán Mitch, en 1998, enseñó que el peligro político llega después de la emergencia. En Honduras y Nicaragua la buena voluntad inicial se desgastó cuando la reconstrucción se estancó y se multiplicaron las denuncias de corrupción. Si en la primera semana ya hay acusaciones cruzadas por el reparto partidista de las bolsas de comida, es fácil imaginar la pelea que vendrá cuando empiecen a moverse los 100 millones de dólares de la emergencia y los contratos de reconstrucción en distritos con alcaldes de oposición, como Mariato.

El propio Mulino describió lo que vio en las zonas afectadas: “Las casas desplomadas; las familias están en el patio, bajo un palo, en una carpita”. Con esa imagen, los panameños del interior la van a medir: cuántas de esas familias siguen bajo una carpa cuando lleguen las fiestas de fin de año y si el Estado les dio la misma urgencia que habría dado a Costa del Este.

El autor es profesor de ciencia política en la Universidad del Norte de Texas, en Dallas, y realiza una estancia de investigación en el CIEPS.