Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema dieron luz verde al desarrollo de proyectos urbanos en la zona boscosa de Clayton.
En un fallo de septiembre de 2010 y dado a conocer esta semana, los magistrados Víctor Benavides, Alejandro Moncada Luna y Winston Spadafora declararon legal los cambios de zonificación hechos en el año 2000 por el entonces Ministerio de Vivienda (Mivi), bajo la administración de Miguel Cárdenas, a ocho polígonos de Clayton, algunos ubicados cerca del Parque Nacional Camino de Cruces.
De esta manera, empresas de desarrollo urbano como la Inmobiliaria P&P tienen el aval para construir proyectos que han desatado protestas ciudadanas por las afectaciones a áreas boscosas, que incluso por ley debían ser integradas al área protegida.
El fallo de los magistrados resuelve la demanda de nulidad presentada por el abogado Carlos Varela Cardenal, en representación de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), en contra de la resolución número 09-2000 del 31 de mayo de 2000, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano del Mivi (hoy Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
La demanda está respaldada en la Ley No. 21 del 2 de junio de 1997, que creó el plan regional de la Región Interoceánica y el plan general del uso, conservación y desarrollo del área del Canal, la cual establece los mecanismos para hacer los cambios de uso de suelo.
La Ley No. 21 exige promulgar otra norma para variar el ordenamiento territorial en el área del Canal.
Los cambios de uso de suelo de los ochos polígonos se realizaron a través de una resolución ministerial, y no mediante una reforma legislativa, como corresponde según la Ley No. 21.
La historia jurídica de los cambios de zonificación de los polígonos empezaron a variar dentro de este proceso legal llevado a cabo ante la Corte Suprema de Justicia.
El 24 de febrero de 2006 la Corte admitió la demanda presentada por Varela Cardenal. Al año siguiente, la Asamblea Nacional aprobó una nueva normativa (Ley No. 12 del 12 febrero de 2007) que modificó la Ley No. 21, y de paso exceptuó de la aplicación de esta norma a los cambios de uso de suelo emitidos por el Mivi desde 1997 hasta 2007 en el área canalera.
La aprobación de la Ley No. 12 de 2007 también fue objeto de una demanda ante la Corte.
El entonces diputado colonense Leopoldo Benedetti demandó por inconstitucional la norma, en vista de que contenía un carácter retroactivo que solo es aplicado a leyes de interés social.
Ante este nuevo panorama, la Asamblea Nacional en 2008 aprobó otra ley con el mismo contenido, pero con la diferencia que declaraba la norma de interés social (ver infografía).
Basados en estas modificaciones a la Ley 21, los magistrados de la Corte declararon legal la resolución del Mivi. La Corte observa que la resolución del Mivi “se encuentra dentro de esta categoría de excepción”, señala el fallo de los magistrados en referencia a lo establecido en la Ley No. 12.
Susana Serracín, abogada de ACD, dijo que es lamentable la decisión de la Corte, ya que se abren las puertas para que se incremente el deterioro ya existente en las áreas verdes urbanas.
“Nuevamente el interés de unos pocos y el afán de lucro desmedido es puesto por encima del interés colectivo, y poco importa el derecho de las futuras generaciones a un ambiente sano”, recalcó Serracín.
“El gran problema de nuestra justicia es la selectividad. Varios casos por los mismos hechos han sido fallados de forma distinta”, opinó Varela Cardenal.
Un representante de la empresa Inmobiliaria P&P consideró que el fallo refleja que hay “seguridad jurídica”. Dijo que la empresa es “respetuosa” de las leyes del país. Uno de los lotes en disputa, el CL 43, pertenece a la empresa Inmobiliaria P&P.
Los residentes de las áreas revertidas exigían que este lote, al igual que otros, se anexara al Parque Nacional Camino de Cruces, tal como lo estableció la Ley No. 21 de 1997. La norma señala “anexar las áreas forestales de rica biodiversidad de Fuerte Clayton al Parque Nacional Camino de Cruces”.
