En una oficina del edificio 716 del corregimiento capitalino de Ancón funciona el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, un foro que empezó a tomar cuerpo en 2006, cuando el perredista Martín Torrijos gobernaba el país y sectores de la población propusieron repensar el país.
Quienes impulsaban el cambio, pidieron un diálogo profundo para transformar a Panamá en una sociedad más democrática, equitativa, próspera, dinámica y con más desarrollo.
Dos años más tarde, la iniciativa fue legalizada a través de la Ley 20 de 2008 y en ella quedaron representados el sector empresarial, los obreros, las iglesias, los pueblos indígenas, las instituciones académicas, los partidos políticos y el Gobierno.
Durante el gobierno de Torrijos, el foro acogió discusiones sobre temas de interés nacional relacionados con la salud, el transporte, y la educación. En la gestión de Ricardo Martinelli (2009-2014), sin embargo, casi no se tuvo en cuenta a este espacio ciudadano.
Ahora, dos años después de iniciado el gobierno de Juan Carlos Varela, la Concertación tiene un nuevo propósito: que los acuerdos aprobados en ese consejo y los objetivos de desarrollo fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sean asumidos por los aspirantes a la Presidencia en las elecciones de 2019.
Con este fin, la Concertación elabora un plan estratégico llamado “Panamá 2030”, que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para que los gobiernos venideros cumplan con ambos pactos.
Los ODS, que fueron firmados y aprobados por los Estados miembros de la ONU en septiembre de 2015, aglutinan 17 objetivos, que entre otras cosas buscan poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacerle frente al cambio climático hacia el año 2030.
La Ley 34 de 2008 sobre responsabilidad social fiscal, que nació en el seno de la Concertación, establece que es obligación de los gobiernos tener un plan estratégico basado en los objetivos y metas del Consejo de la Concertación. “Al inicio de cada administración, dentro de los seis primeros meses de instalada, el Órgano Ejecutivo adoptará un plan estratégico de Gobierno, enmarcado dentro de los objetivos y las metas que surgen de la Concertación Nacional para el Desarrollo y su propio compromiso electoral...”, dice el artículo 16 de la ley.
“Panamá 2030” es una iniciativa de las 22 organizaciones que integran la Concertación. “La idea es que la oferta electoral se monte en el instrumento de plan estratégico 2030 y que su propuesta de gobierno sea coherente y consistente con su oferta electoral y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, explicó Edwin Rodríguez, secretario del Consejo de la Concertación Nacional.
Añadió que lo que se quiere es que el informe de país sea el mismo de desarrollo sostenible. “Con esto, disminuimos la improvisación y focalizamos los programas”, comentó. “(...) Pensamos tener un documento base, que permita a los diferentes partidos políticos que están representados en el Consejo de la Concertación crear sus propuestas”, detalló.
Panamá, como Estado miembro de la ONU, está obligado a cumplir con los acuerdos e incluso debe realizar un informe sobre los logros obtenidos. El país adoptó los ODS, mediante el Decreto Ejecutivo No. 393 de septiembre de 2015.
Rodríguez admitió que “una de las fallas” que han tenido es que cada cinco años se replantea el país, por lo que ahora pretenden blindar y fortalecer los acuerdos.
VISIÓN DE ESTADO
El plan estratégico será presentado oficialmente a los 22 organismos de la Concertación al final de este mes.
Según Rodríguez, la estrategia incluirá indicadores que permitirán medir los avances de los acuerdos. Entre los temas que se suman a los principales ejes –educación, salud, crecimiento económico, modernización institucional, y justicia, ética y seguridad ciudadana– se cuentan: más justicia y gobernanza, alianza público-privada, y las alianzas internacionales.
La Concertación aspira a terminar el plan 2030 en diciembre de este año.