La Contraloría General de la República presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra aquellos que participaron en la elaboración y aprobación del contrato prorrogado entre el Estado y Panama Ports Company (PPC), la empresa que operó durante casi tres décadas los puertos de Balboa y Cristóbal.
La denuncia por la posible comisión de delitos contra la administración pública se presentó el pasado martes 17 de noviembre y va dirigida contra los miembros (principales y suplentes) de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023, a los administradores generales de la entidad en ese mismo periodo y a la propia PPC.
La denuncia, de acuerdo con un comunicado de la Contraloría, se basa en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento del contrato original aprobado mediante la Ley 5 de 16 de enero de 1997 y sus adendas. Esa investigación revisó el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2024, que incluye los mandatos de los presidentes Juan Carlos Varela (2014-2019) y Laurentino Cortizo (2019-2024).
En el gobierno de Varela, la junta directiva de la AMP fue presidida por el entonces ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán. El administrador de la AMP era Jorge Barakat. Con Cortizo, el presidente de la AMP era José Gabriel Carrizo y el administrador, Noriel Araúz.
En la sesión del 23 de junio de 2021 de la junta directiva de la AMP, en la que se autorizó la prórroga automática del contrato de PPC de 1997, participaron Carlos García Molino y Jorge Luis Almengor, los viceministros de la Presidencia y de Finanzas, respectivamente, en aquella época. También actuaron Patricia Velásquez, Julio De La Lastra, Juan Diego Reyna y José Alejandro Rojas Pardini, como directores.

Rojas Pardini, que era ministro consejero de Cortizo, también ocupaba la silla que le correspondía al Estado panameño como accionista, en la junta directiva de PPC.
El contralor que participó en la sesión del 23 de junio de 2021 y que refrendó la prórroga, fue Gerardo Solís.
Aristides Royo, entonces ministro para Asuntos del Canal, también formaba parte de la junta directiva, pero se declaró impedido para participar en esa sesión, ya que la firma forense a la que pertenece, Morgan & Morgan, tenía como cliente a PPC.
Los hallazgos
La auditoría evaluó, entre otros aspectos, las cifras de los estados financieros de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Según la Contraloría, el informe identificó “posibles irregularidades y hechos que podrían constituir delitos contra la administración pública”.
No obstante, el comunicado no detalla cuáles son esos hechos.
‘Los servidores públicos tienen la obligación de comunicar a las autoridades competentes aquellos hechos que, en el ejercicio de sus funciones, puedan revestir características de delito’
Los números
En abril de 2025, el contralor Anel Flores presentó las primeras conclusiones de la auditoría.
Según sus cálculos, el Estado debió recibir unos $1.3 millones durante la concesión, pero solo percibió $483 millones, lo que representa un perjuicio de $853 millones.
Por esos días, Flores también habló de “hallazgos importantes que arrojan sumas de más de 300 millones que nos adeudan por incumplimientos en el contrato”, vinculados a transacciones de PPC con empresas relacionadas.

El contralor además cuestionó la renovación automática de la concesión por 25 años, hasta 2047, que la junta directiva de la AMP aprobó durante el gobierno de Cortizo sin renegociar los términos. Según Flores, la renovación “tampoco cumplió con todos los procedimientos de ley, ni cuenta con el refrendo de la Contraloría”.
Para aprobar la prórroga, la AMP se apoyó en una auditoría de cumplimiento de 2021, hecha bajo la gestión del excontralor Gerardo Solís, que fue declarada confidencial.




