El financiamiento político no está controlado. Con esta premisa empezó su exposición Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional (TI), en el foro denominado “Integridad Política y el Financiamiento de la Democracia”, que puso sobre la mesa los claroscuros del financiamiento de los partidos, campañas y candidatos y su impacto en la democracia.
“Los partidos hacen de cuenta que presentan informes a la justicia. La justicia hace de cuenta que los partidos entregan los informes (...) y la sociedad civil hace de cuenta que todo está más o menos bien, porque tenemos una normativa que pone límites (...)”, aseguró.
Sin embargo, eso casi nunca es así.
“Los partidos políticos mienten”, aseguró Secchi, ante un auditorio en el que estaban representantes de colectivos políticos, la academia, la sociedad civil y medios de comunicación, entre otros.
De acuerdo con Secchi, quien ha estudiado el tema en profundidad, los partidos y candidatos entregan un informe de sus cuentas (financiamiento) a las autoridades electorales con información parcial. “Les falta un montón de información”, manifestó. Es decir, no dicen toda la verdad.
Antes de empezar su exposición, el panelista presentó al público cuatro posibles títulos para su presentación: “Cada cual atiende su juego”, “Hecha la ley, hecha la trampa”, “La (im)posibilidad del control” y “Hagamos de cuenta que…”.
“Los que hacen las leyes son los que se la aplican”, aseguró, para luego ahondar sobre si era posible controlar el financiamiento político. Y como se dijo en líneas anteriores la respuesta es no. El gran desafío, dijo, es dejar de pretender que se está en un juego medianamente controlado, porque, advirtió, el financiamiento político no está para nada controlado, y lo que ven los fiscalizadores o ciudadanos es apenas una “fracción” de todo lo que ocurre.
Y no todo es responsabilidad de los colectivos políticos.
“La corrupción es un tango que se baila entre dos: entre los partidos políticos y el sector privado”, sentenció.
La carrera desigual
También habló de las inequidades en la campaña electoral. Muchos de los problemas de la democracia que tenemos hoy, manifestó, tienen que ver con que si es justa o no la carrera electoral. Es como si en una maratón, narró, algunos partieran del kilómetro 25 y otros se unieran a la carrera desde cero, que es donde corresponde salir a todos.
Entonces, recordó que los fondos públicos que reciben los políticos son los más fáciles de fiscalizar; sin embargo, añadió, existen recursos que son los que desequilibran las reglas del juego. Por ejemplo, ocurre que un funcionario lanza su campaña desde una posición privilegiada de gobierno y utiliza sutilmente los bienes del Estado para hacer campaña y tomar decisiones administrativas que no se cuantifican, como la inauguración de infraestructuras o la toma de decisiones que le convienen a su colectivo.
“La primera entrada de la corrupción es el financiamiento político. Las campañas son uno de los principales espacios donde se lava dinero en América Latina”, sentenció.
Crimen organizado e intereses
Sandra Martínez, directora de Iniciativas, Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia, capítulo colombiano de TI, habló sobre la penetración del crimen organizado en el poder.
“Muchas de las instituciones están creadas para favorecer intereses particulares. Vía financiamiento de la política se captura al sistema democrático. Es el financiamiento que permite la compra de votos, extorsión de candidatos (...)”, manifestó.
Sin embargo, abogó por no estigmatizar el financiamiento privado. Debidamente reportado, fiscalizado, con topes máximos de gastos y seguimiento en tiempo real, es útil para el sistema democrático.
Carlos Gasnell, miembro del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales y exdirector ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (TI Panamá), puso en contexto el escenario local. Habló de la normativa que rige el financiamiento político. Es de la tesis de que se debe debatir sobre cuál es el modelo de financiamiento que más conviene: 100% público, privado o mixto. “Es cierto que como te financian, gobiernas”, advirtió.
También recordó que el “uso de recursos públicos en campaña genera inequidad”. Lo dijo en relación a los escándalos que en Panamá dominan la agenda política. Por ejemplo, la descentralización paralela: al menos $202 millones fueron transferidos entre junio de 2021 y mayo de 2023 a gobiernos locales, al margen del esquema oficial de la descentralización. Los fondos quedaron principalmente en manos de juntas comunales y municipios controlados por diputados influyentes del Partido Revolucionario Democrático y otros.
En Panamá, usualmente se aprecia quién dona a las campañas, pero Gasnell recordó que esa información no se ha cruzado con otros datos, por lo que no ha sido utilizada por los que hacen las investigaciones. Queda camino por recorrer y desafíos que asumir.
La mirada de Estados Unidos
Antes de la intervención de los expositores, la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, se dirigió al auditorio para recordar la importancia del fortalecimiento de la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.
“Es importante que Panamá tenga instrumentos que puedan rendir cuentas y que se sepa de dónde provienen esos dineros”, dijo. Recalcó que a su país le preocupa la introducción del crimen organizado en la política.
El foro fue organizado por la Fundación Espacio Cívico, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, la Embajada de Estados Unidos y el Instituto Panameño de Estudios Cívicos.
