Una propuesta que busca combatir la desnutrición y garantizar la seguridad alimentaria en el país fue presentada en la Asamblea Nacional por la diputada Walkiria Chandler D’Orcy. Se trata del anteproyecto de la “ley general de alimentación adecuada y sostenible de la República de Panamá”.
El anteproyecto fue presentado el miércoles 7 de agosto por la diputada independiente de Vamos, en compañía de la Fundación Rescate de Alimentos, una agrupación de chefs que trabajaron alimentando al personal de salud y a personas sin empleo durante la pandemia de covid-19 en 2020.
Chandler D’Orcy explicó que esta propuesta surge en respuesta a la creciente necesidad de garantizar a la población el acceso a una alimentación adecuada, nutritiva y sostenible, mediante un plan gestionado a través de los gobiernos locales con impacto directo en la comunidad.
Sostuvo que en Panamá, donde las disparidades económicas y sociales afectan de manera directa la seguridad alimentaria, es imperativo establecer un marco legal que promueva y proteja el derecho humano a la alimentación, asegurando así el bienestar y desarrollo integral de todos los ciudadanos.
El anteproyecto establece que, a través del apoyo de los gobiernos locales, se pueda recolectar, almacenar, transportar, preparar, distribuir y alimentar a los segmentos más vulnerables de la población panameña con una alimentación completa que garantice su dignidad.
Además, crea el Sistema Municipal de Alimentación Nutritiva, que será la instancia de colaboración entre los municipios, la gobernación, las juntas comunales y el Estado a través de sus dependencias, la ciudadanía y los organismos público-privados vinculados, para promover políticas y garantizar el derecho a la alimentación adecuada.
También insta la conformación de los Comités de Alimentación, que estarán formados por miembros de la sociedad civil, quienes podrán constituirse con el objeto de incidir en la producción, recolección, almacenamiento, distribución, preparación o consumo final de alimentos, o en cualquier otro elemento de las cadenas alimentarias.
Felipe Chong, miembro de la Fundación Rescate de Alimentos, sustentó ante el pleno legislativo que en Panamá el 12.5% de la población sufre de inseguridad alimentaria, según el informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Panamá 2020.
Hoy, en la @asambleapa con la HD @WalkiriaChD exponiendo la urgente necesidad de discutir y aprobar el proyecto de ley General de Alimentación Nutritiva y Sostenible, una iniciativa fundamentada en las alarmantes estadísticas de hambre y malnutrición que afectan a nuestro país. pic.twitter.com/PNQplSnJcs
— Fundación Rescate de Alimentos Panamá (@rescalimentos) August 7, 2024
Agregó que en la provincia de Chiriquí, donde se produce la mayor cantidad de alimentos del país, el 20.9% de los hogares presenta inseguridad alimentaria y el 36.4% de los hogares encabezados por mujeres sufren de inseguridad alimentaria.
Chong agregó que la crisis alimentaria, la crisis climática y el fenómeno de La Niña ponen en alto riesgo el grado de seguridad alimentaria del país.
Según datos del Programa Mundial de Alimentos, en Panamá, el 18.1% de los niños y niñas menores de 5 años tienen desnutrición crónica, mientras que en la región de Azuero y Chiriquí la tasa es del 22.3%.
Por su parte, Helga Barría, de la Fundación Rescate de Alimentos y representante de la provincia de Chiriquí, manifestó que cada día en Panamá se botan 350 toneladas de comida que no es basura ni está descompuesta, sino que son alimentos en perfectas condiciones para el consumo humano, como tomates, cebollas, entre otros productos.
En Panamá, la malnutrición y la desnutrición continúan siendo problemas predominantes, especialmente entre los grupos más vulnerables como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas en situación de pobreza extrema.
La diputada Chandler D’Orcy expresó que la propuesta no solo busca garantizar el acceso a alimentos nutritivos, sino también promover prácticas sostenibles en su producción y distribución.
“La sostenibilidad alimentaria es crucial para preservar nuestros recursos naturales y asegurar la disponibilidad de alimentos para las futuras generaciones. Además, el desperdicio de alimentos es un problema crítico que la ley pretende abordar mediante la implementación de mecanismos de rescate y redistribución de alimentos aptos para el consumo”, destacó.
El anteproyecto también indica que se prohíbe que los establecimientos comerciales desechen alimentos que se encuentren en condiciones de ser consumidos por seres humanos.
