Juan Carlos Varela Rodríguez, presidente de la República, declaró ayer, martes 15 de julio, ante el notario noveno, Roberto Rojas, sus bienes patrimoniales, como lo indica la ley.
Varela, en la escritura 4212, declaró que en los dos últimos años ha tenido ingresos fiscales fijos promedios de $804 mil anuales.
Dijo que estos ingresos provienen, fundamentalmente, de las sociedades Varela Invesment Inc., que pagó dividendos por la suma de $180 mil y del Grupo Mix Holding que pagó dividendos por $240 mil, entre otras.
También declaró como ingresos el sueldo que devengó como vicepresidente de la República, que fue donado a las Hermanas Carmelitas de San José, en el distrito de Arrajián. Sostuvo que es propietario de acciones en varias sociedades anónimas.
Destacó que posee un PH de $800 mil y varias cuentas bancarias que llegan casi a los $500 mil.
Varela acudió ayer a la Notaría Novena y autorizó a los ciudadanos a pedir copia del documento. Este martes se venció el plazo para que funcionarios entrantes y salientes cumplieran con el mandato constitucional de declarar su estado de bienes patrimoniales.
OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL
La presentación de la declaración de bienes de los nuevos funcionarios sigue provocando opiniones entre los diferentes sectores de la sociedad.
Piden más controles y recuerdan que es una obligación constitucional, ética y moral que se presenten los bienes ante la sociedad panameña.
Por ejemplo, Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, indicó que “la transparencia fue una de las grandes ausentes en la anterior administración. La Contraloría omitió controlar el abuso de poder”.
Mientras que José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, dijo que es una obligación constitucional, ética y moral [la publicidad de bienes], sobre todo de un gobierno que apostó por la transparencia y la decencia”.
Fernando Aramburú Porras, presidente de la Asociación de Ejecutivos de Empresa, por su lado, planteó que la declaración de bienes, entrando y saliendo, debe ser de conocimiento público, a solicitud de parte. Se está creando una nueva cultura.
Pero Angélica Maytín, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, recordó que si no se reforma la Ley No. 59 de 1999 los enriquecimientos injustificados seguirán impunes. Se requieren más controles que la sola publicación.
