Las empresas dedicadas a la extracción de minerales no metálicos en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, deberán ajustarse al pago de sus impuestos municipales en base a la cantidad de material extraído de las canteras que operan.
A la fecha, las empresas que administran los 11 yacimientos existentes en este distrito realizaban el pago de impuestos según la cantidad de material que era comercializado.
Ileana Mosquera, tesorera municipal, aseveró que esta práctica –avalada por la anterior administración municipal– viola la ley de Recursos Minerales, además de afectar económicamente al municipio.
Luego de un operativo realizado por la Tesorería Municipal, a los patios de las canteras, se logró recaudar aproximadamente $100 mil producto de material cuya extracción no había sido reportada.
La norma –dijo Mosquera– establece que las compañías deben reportar diariamente al municipio la cantidad de metros cúbicos de material que extraen de las canteras.
La funcionaria aseveró que resulta complicado contabilizar las pérdidas económicas sufridas por el municipio, a causa de esta errada práctica tributaria.
EL CASO DE LAS ARENERAS
Otro tema que se está revisando es el cobro de algún tipo de impuesto a las empresas areneras establecidas en el sector de Vacamonte, las cuales ya pagan una tasa a los municipios en donde poseen concesiones de extracción de arena.
Según el alcalde de Arraiján, Pedro Sánchez Moró, durante el pasado quinquenio las empresas que administran las canteras al igual que las areneras "hicieron lo que les dio la gana".
Sánchez Moró indicó que se ha citado a cuatro de las 11 empresas que operan yacimientos de minerales no metálicos en Arraiján, para que se ajusten a la normativa.
Aseveró, además, que el municipio no puede estar sujeto a las ventas de estas, para luego cobrar sus impuestos.
El alcalde aseguró que se está trabajando en conjunto con la dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias.
Se intentó obtener la reacción de los administradores de las canteras, pero no fue posible. Sin embargo, fuentes municipales informaron que las empresas han aceptado cumplir con la nueva normativa que se basa en la ley que regula la explotación de los recursos minerales, y han empezado a tributar de acuerdo con el volumen de la extracción mineral.
