Las víctimas de la persecución que se orquestó desde el extinto Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) bajo el liderazgo de María del Pilar Hurtado durante el mandato del ex presidente Álvaro Uribe Vélez están, por primera vez en años, complacidas con el accionar de la justicia.
Al conocer sobre la llegada de Hurtado a Bogotá esta madrugada, al menos cinco de ellas manifestaron su complacencia ante lo que venían pidiendo desde octubre de 2010, cuando Panamá, por decisión del ex presidente panameño Ricardo Martinelli mediante decreto 301, decidió asilarla.
María del Pilar Hurtado, sostiene el periodista Gonzalo Guillén, una de las víctimas reconocidas por la Fiscalía que fue intimidada mediante amenazas, es la “caja negra de buena parte de la guerra sucia que el mafioso Álvaro Uribe desató contra la justicia, los periodistas independientes y los defensores de derechos humanos”.
Por ello, le parece “muy bien que la Fiscalía haya hecho el papel que le corresponde y la tenga a su disposición en Bogotá. Esperamos que ahora la Fiscalía saque toda la información que tiene esa caja negra para ver hasta dónde llegó la podredumbre en el DAS, pues lo que se sabe hasta ahora es asombroso”.
En esa misma línea opina el congresista Iván Cepeda, ex vocero de las víctimas de crímenes de Estado y otra de las víctimas.
Para él, “este es el momento de recordar que múltiples testigos en el caso del DAS han señalado que Hurtado recibía de manera personal órdenes del ex presidente Uribe para realizar el espionaje y que también concurría a la Casa de Nariño frecuentemente a entregar información que se desprendía de ese aparato criminal. Es por eso que su testimonio constituye pieza clave.
Espero que se dé en cuanto antes y que se le briden las garantías y las condiciones para su seguridad; pero que así, libre de presión, también responda de manera detallada ante los jueces, en especial de la responsabilidad que le cae a Uribe en esas operaciones criminales”.
Por su parte, el periodista Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa y también víctima reconocida del DAS, espera una confesión “que ayude a dar con los demás responsables. María del Pilar Hurtado tiene la oportunidad de devolverle a los colombianos la confianza que perdieron en el libre flujo de información e ideas por cuenta suya”.
Ella, indica el periodista Daniel Coronell, vicepresidente de noticias de Univisión y víctima de las “chuzadas” del DAS, “tiene información determinante sobre uno de los periodos más oscuros en la historia de Colombia. Ella solo ejecutó las órdenes que recibió. Si dice lo que sabe van a cambiar muchas cosas”.
Y es que, como explica el abogado Ramiro Bejarano, quien además de ser una de las víctimas de las “chuzadas” defiende en el caso a César J.
Valencia, también víctima y ex presidente de la Corte durante la administración de Hurtado, “el regreso y captura de Hurtado es la oportunidad propicia para que la justicia esclarezca no solo su situación personal sino lo que realmente pasó al interior del gobierno de Uribe”.
Por fin, dice, “sabremos quién o quiénes dieron las órdenes de perseguir y espiar a opositores, críticos, periodistas, al presidente de la Corte y a los investigadores de la parapolítica, entre otras víctimas de ese régimen siniestro”.
Por ahora, sostiene pese a la entrega de Hurtado, “quedan muy mal parados con el fallido exilio de Hurtado los ex presidentes Martinelli y Uribe, porque orquestaron una maniobra para eludir y obstruir la justicia colombiana y abusaron del derecho de asilo”.
Uribe ha sostenido, desde ayer viernes, que el presidente Juan Manuel Santos, su antiguo aliado y ahora enemigo, presionó para que la Interpol emitiera la orden de captura contra Hurtado, y que esto se trata de una persecución política orquestada por el actual gobierno colombiano.
Hurtado está imputada, entre otros, por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Además fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 18 años. Desde diciembre de 2011 la Cancillería colombiana pidió a Panamá extraditar a Hurtado, a lo que Panamá, en febrero de 2012, negó esa solicitud y confirmó la decisión de mantener el asilo.
Fue recién a finales de 2014 cuando Panamá declaró inconstitucional el asilo, aunque tanto antes como después de esa decisión de la Corte Suprema de Justicia las autoridades panameñas desconocían el paradero de la colombiana en su territorio.
