Los retortijones de la minería siguen pegándole a Panamá. Como si fueran “zombies” de una mala película de terror, el frente minero nos recuerda las malas decisiones y la corrupción de nuestros gobernantes. En toda América Latina, desde México hasta Argentina, la apuesta minera viene acompañada de corrupción política, destrucción económica y devastación ambiental. Panamá no es la excepción.
Las recientes declaraciones del minero Richard Fifer, publicadas en “La Estrella de Panamá”, vienen a confirmar la relación incestuosa entre los partidos políticos y el “extractivismo”, esa peligrosa ideología que solo ve a nuestro país como una fuente monopolizada de recursos naturales y de mano de obra barata.
Ahora se entiende porqué el Ministerio de Trabajo rehúsa inspeccionar a los trabajadores extranjeros en las minas, a la vez que el Ministerio de Ambiente omite por completo el tema de la minería en el Plan de Seguridad Hídrica 2015-2050. Si hay un recurso que consume la minería es agua.
El agua que usan las minas, a diferencia de la que usa el Canal de Panamá, no la puede usar nadie más porque es agua contaminada con cianuro, arsénico y mercurio. Ni hablar de lo que esa agua le hace a la vida marina de las costas.
La minería nos empobrece porque a diferencia de casi cualquier otra actividad, después que se ha realizado una explotación minera, no se le puede dar un uso a las tierras abandonadas.
Petaquilla nos dejó una deuda ambiental que el Estado -o sea todos nosotros-, tenemos que pagar para que la catástrofe no sea mayor.
Por otro lado, para asegurar la rentabilidad de otro proyecto minero, el Estado le va a regalar, cortesía de nuestros impuestos, cientos de millones de dólares en interconexión eléctrica para que puedan vender energía de la más contaminante que hay, la que se produce con carbón. De esta forma, el proyecto se mantiene vivo esperando que el cobre suba de precio para poder intensificar su actividad comercial.
Tonosí, una región que debía ser una de nuestras reservas de producción agropecuaria, se ve amenazada por una escasez de agua, que combinada con la presencia de dos minas, nos promete hacer más escasa el agua, y más cara la comida.
Por otro lado, Coclé se convertirá en los próximos 15 años en el suburbio occidental de la ciudad de Panamá, o como se conoce en el lenguaje de los urbanistas, como el área metropolitana del Pacífico. Es probable que en poco más de una década usted pueda abordar un tren que lo lleve de San Miguelito a Penonomé en dos horas, lo que transformará a esta provincia en un polo turístico, cultural y agropecuario de primer orden.
Dos de los más importantes sitios arqueológicos del país, el Cerro Guacamayo, en La Pintada y El Caño, en Natá, se convertirán en imanes para los turistas y visitantes. Todo esto peligra porque al norte la actividad minera consumirá agua, que se podía trasvasar para irrigar los llanos de Coclé y garantizarle viabilidad al turismo. Ignoro, si alguien estudió alguna vez la posibilidad de que exista lluvia ácida que bañe a los coclesanos, dañe los techos de sus casas, su piel, y los alveolos de sus pulmones. Después de todo, no existe una experiencia exitosa de minería metálica a cielo abierto en un ecosistema tropical lluvioso en todo el mundo. Coclé del norte es el primer experimento de este tipo en el planeta.
A comienzos del gobierno pasado, participé en un programa de “Debate Abierto” dirigido por el periodista Fernando Correa. Allí entre chistes de Casimiro, y el tono agresivo de los mineros y sus voceros, me tocó defender la idea de una moratoria contra la minería y mencioné la sospecha de conflicto de intereses que prevalecía entre la opinión pública sobre Petaquilla. Era la época ingenua, en que Financial Pacific no era parte del vocabulario periodístico. En un escenario tan desventajoso, Fernando Correa hizo lo mejor que pudo para dejarme hablar.
El resultado fue muy distinto a lo que me esperaba. Cobranzas del Istmo me empezó a perseguir y a acosar telefónicamente y con mensajes de correos electrónicos para que pagara un alcance fiscal de una supuesta deuda que tenía con el Estado panameño. Era una combinación de seguros educativos que mi contador no había incluido en la década de 1990 y pagos supuestamente ocasionados cuando yo vivía en Estados Unidos, pagando impuestos allá. Por casi tres años mis esfuerzos como profesor universitario eventual, en varias universidades privadas, y una que otra consultoría con organismos internacionales, solo servían para abonar a la cuenta.
Cuando a finales de 2013 hice el último pago, un agente de Cobranzas del Istmo me dijo francamente que yo debía saber que no tenía que pagar absolutamente nada de esa deuda. Ese era el precio que pagué, muy modesto para muchos, pero costoso para mí, para mi salud y reputación profesional, ya que no hubo universidad, organismo internacional, pariente o amigo a los que no llamaron para cobrarme.
En Panamá hubo gente que pagó precios más altos. Los periodistas Paco Gómez Nadal y Pilar Chato fueron exiliados. También activistas extranjeros fueron perseguidos, y no se le permitió a la televisión pública canadiense, terminar un documental sobre las aventurillas de las empresas mineras de ese país, en el nuestro. Los muertos de Changuinola y de San Félix por la “Ley Chorizo”, son responsabilidad directa de la minería en nuestro país. Al igual que los mutilados, los ciegos y tuertos.
Todos esos fantasmas de la minería siguen libres, gracias a que el Estado panameño está controlado por partidos políticos de alquiler, donde el que paga manda, donde el que dona a las campañas reclama espacios en el gabinete y cargos en las autoridades regulatorias. Finalmente quien da las mejores coimas tiene todo el blindaje y la impunidad posible. Eso es lo que es la minería en Panamá, y la condición necesaria para que esa actividad prospere es la corrupción.
No hay forma de hacer minería responsable, ni ambientalmente sostenible, ni económicamente rentable para toda la sociedad. Solo las armas nucleares causan más daño que la minería. Para nuestras instituciones, la minería ha sido una hecatombe nuclear que lo ha contaminado todo y que al parecer no hay partido político, gremio empresarial, sindicato obrero u organización de la sociedad civil dispuesta a reconocerlo. Mientras tanto, seguiremos viviendo en el espejismo de que la minería ayudará a Panamá a desarrollarse. Semejante falacia es un absurdo total.
