Cuando Martín Torrijos Espino, último presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) dejó el gobierno el 30 de junio de 2009, el monto total de la deuda panameña era de unos 10 mil millones de dólares. El país había tenido tres años de superávit fiscal. Transcurridos diez años la deuda pública oficial supera los 26 mil millones de dólares, sin incluir 4 mil 400 millones en proyectos “llave en mano” que el gobierno nacional debe pagar, así como otros 2 mil millones en responsabilidades financieras de tres empresas: Etesa, Tocumen S.A., y ENA. Al momento de escribir estas líneas se desconoce cuánto se le debe a los proveedores locales del Estado que no recibieron sus pagos correspondientes en la administración Varela. Estas cifras según algunos estimados pueden alcanzar 1000 millones de dólares más. Esto quiere decir que el Estado panameño ya está comprometido por obligaciones que alcanzan los 33 mil millones de dólares, o un 51% del PIB. No se preocupen, que así no lo calculan las IFIS, pero esa es la contabilidad más aproximada a la real que debe tomar en cuenta el ministro Héctor Alexander. Además, venimos de ocho años de déficit fiscales, lo que demuestra una relación desequilibrada entre los gastos públicos y los ingresos.
Los diez años de Martinelli y Varela llevaron los deberes estatales panameños de 10 mil millones a 33 mil millones de dólares. En esa década, la sumatoria de los diez presupuestos anuales del Estado supera los 160 mil millones de dólares. Esto no incluye al presupuesto o a las inversiones del Canal de Panamá. ¿Adónde se fue ese dinero? Si uno estudia los indicadores generales de desarrollo humano, tales como educación o salud, la cosa no parece que mejoró mucho del 2009 al 2019.
Por ejemplo, con los cientos de millones de dólares invertidos en la Beca Universal, solo se aumentó en un 7% (del 87 al 94%) la asistencia a la escuela primaria. La deserción escolar en Panamá es de un 55% en lo referente a la educación pública. De cada 100 estudiantes que entran a primaria solo 45 terminan los 12 años de escolaridad, más o menos en el tiempo establecido. Estas cifras indican que los resultados de la Beca Universal son mediocres para un programa que nos cuesta más de 190 millones de dólares al año.
El asunto se pone más tenebrosos si analizamos otros subsidios o programas de gobierno. Tomemos uno solo: las exoneraciones a las importaciones. Estos bienes a los que usualmente no se les cobra un centavo de arancel ni de impuesto, ya sea para fomentar una actividad productiva, o para ayudar a una actividad benéfica, o para procurar abaratar algunas compras del Estado, no cumple sus fines. Las exoneraciones otorgadas por la aduana panameña superan los 800 millones anuales, mientras las exportaciones a duras penas alcanzan los 600 millones de dólares al año. Este análisis se verá distorsionado por las cifras de exportaciones de cobre, pero el principio fundamental de exoneraciones exageradas queda establecido.
En diez años de la gigantesca expansión del gasto público, tenemos dos líneas de Metro, dos corredores, el saneamiento de la bahía, dos cintas costeras que se adicionan a la construida por el PRD, y un montón de edificios fantasmas o enfermos que no sirven para los fines que se suponía debían cumplir.
Panamá es hoy más dependiente de la energía térmica que hace una generación. El país no puede completar su presupuesto o hacer sus inversiones sin pedir prestado. Falta el agua, no se recoge la basura, escasean las medicinas, y los ecosistemas están altamente deteriorados. Del 2012 al 2017 Panamá perdió más de 352 mil hectáreas de bosques, Costa Rica ganó, en lo que va del siglo, 300 mil hectáreas de cubierta forestal.
Por otra parte, nuestros deportistas aficionados tienen que hacer colectas en las calles, tómbolas y rifas para poder reunir el dinero que les permita llevar sobre sus pechos o sus espaldas la bandera panameña en algún torneo. En Panamá mueren decenas de niños al año por desnutrición, es decir, por hambre. Otros tantos mueren por falta de vacunación a tiempo, y otras causas prevenibles como ahogarse en un río cuando iban a la escuela, porque algún político se robó el dinero del puente que le hubiera salvado la vida.
Aparte de la deuda pública y la pesada carga de las otras obligaciones financieras del Estado, el gobierno de Laurentino Nito Cortizo deberá lidiar con una planilla estatal de 344 millones de dólares al mes. En 60 meses son más de 20 mil millones de dólares, en burocracia. Además, incluso si no se contratara un solo funcionario más, o se aumentara el salario de nadie, las leyes especiales (educadores, médicos, enfermeras, policías y otros) hacen crecer la planilla en 400 millones de dólares más cada año. Como tenemos que pagar los intereses y el capital de la deuda pública, cada año los panameños debemos sufragar más de 2 mil 700 millones de dólares en el servicio de la deuda. Estos son más de 13 mil 500 millones de dólares en cinco años. Si los intereses suben y la cantidad de plata que se pide prestada aumenta, el servicio de la deuda superará a todos los ingresos que recibe anualmente el Canal de Panamá. Tan solo los subsidios que paga el gobierno central todos los años, para ricos y pobres, ya superan mil 800 millones de dólares, es decir 9 mil millones de dólares más en cinco años.
Hay un largo etc. de programas estatales y de oficinas burocráticas cuya eficiencia jamás ha sido medida. ¿De verdad necesitamos subsidiar al Hipódromo Presidente Remón? ¿Era más urgente que el Idaan pusiera una planta desalinizadora en una afortunada isla del archipiélago de Las Perlas, que por ejemplo, asegurarle el suministro de agua a cualquier comunidad? ¿Y qué decir de la Ciudad Hospitalaria o de la Salud, con sus cientos de millones de dólares en inversiones en el limbo?
Quizás, una buena parte del dinero de la década perdida, se lo llevó Blue Apple, New Business, Odebrecht, y cuanta otra patraña contractual o tramoya con las finanzas públicas hayan podido inventar los políticos panameños. Los casi 500 millones de dólares que se repartieron para las elecciones del 2014, a través de juntas comunales, para enriquecer a políticos de todos los bandos, nos recuerdan el dinero que nos hace falta para construir el Hospital del Niño. Si se entiende por qué del 2009 al 2019 tuvimos una década perdida, entonces el gobierno de Nito Cortizo tiene que proponer una nueva Ley de Contrataciones Públicas que excluya a las empresas coimeras del nuevos contratos con el Estado panameño (como hace el Banco Mundial, la ACP y muchos otros gobiernos). Así mismo, es necesario que Panamá tenga una legislación contra los conflictos de intereses, una ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, otra para establecer la extinción del dominio de los bienes que no puedan ser justificados, y por supuesto la eliminación de la prueba idónea para investigar a los diputados. Haría mucho bien que las reformas constitucionales contemplaran estas necesidades, que el mundo sepa que en Panamá una obligación estatal adquirida por medios corruptos es nula absolutamente, y que nuestro país está dispuesto a extraditar a sus nacionales. Estas acciones enviarían las señales de que Panamá ha cambiado y de que no está dispuesta a perder otra década.
¿Entenderá el presidente Nito Cortizo lo que hay que hacer para evitar la pérdida de otra oportunidad?
