El mes de julio de 2016 será recordado por muchos, como el tiempo en que el papa Francisco escogió a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud del año 2019. Sin embargo, hay otros anuncios que quizás dejen una mayor huella en el Estado de derecho y la sociedad panameña. En un solo mes, el gobierno nacional anunció la creación del Grupo Interagencial Anticorrupción, la Unidad antiterror y la Academia de inteligencia. Todas estas entidades están afiliadas al Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional.
En la tradición de las grandes potencias del mundo, el espionaje siempre ha tenido un rol importante en la conducción de los asuntos de Estado. Aquellos gobiernos que dependen del espionaje de sus enemigos internos, o de sus adversarios externos, siempre enfrentan varios riesgos significativos. Por un lado, los espías suelen tener sus propias agendas. Además, existe la posibilidad de que el espía se transforme en doble agente. Algunos ejemplos históricos nos sirven para entender mejor estos argumentos.
Ninguna de las principales agencias de inteligencia occidentales fue capaz de predecir la caída del muro de Berlín. El aparataje de espías, satélites y fuentes ultraconfidenciales de Estados Unidos no pudo detectar el complot del 11 de septiembre de 2001. En 1989, para la invasión de Panamá, el presidente George H. W. Bush tuvo que aislar a la CIA para poder continuar con sus planes de atacar nuestro país, sin que alguno de los empleados mejor pagados que tenía la Agencia en Panamá, se enterasen de la inminente invasión.
Cuando se decidió abolir constitucionalmente a las fuerzas armadas en Panamá, no se efectuó el debate correspondiente al modelo de seguridad nacional y de servicio de inteligencia que debía tener el país. Eso, al parecer, fue una decisión que tomó el Comando Sur de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas (DEA). Sin embargo, poco a poco, y con la excusa de la inseguridad ciudadana, las amenazas de las pandillas delincuenciales, y el narcotráfico internacional, la Policía Nacional, y otros cuerpos de seguridad han visto sus presupuestos crecer y sus tentáculos se han extendido a más instituciones.
La primera gran decisión desastrosa en este tema fue el desmantelamiento de la Policía Técnica Judicial (PTJ). Aquí el pretexto fue que la PTJ era muy corrupta e ineficiente. En realidad, la institución nunca tuvo ni sombra del presupuesto que recibía la Policía Nacional, y los salarios de sus funcionarios eran muy inferiores a los de sus pares internacionales. Basta recordar que el último Director de la PTJ fue José Ayú Prado.
El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional nació en la época de la restauración democrática, y debía servir para coordinar las tareas de inteligencia del Estado. Junto con el Servicio de Protección Institucional (SPI), el Consejo era uno de los dos pilares con los cuales se aseguraba el mando civil de la seguridad del Estado. Gradualmente, fueron llegando los cursos y entrenamientos de Taiwán, Colombia, Israel y, por supuesto, Estados Unidos. Se creó la Unidad de Análisis Financiero, supuestamente para prevenir el lavado de dinero, pero la misma se utilizó en algunos gobiernos con fines de política partidista o de extorsión empresarial. A su vez, el Servicio Nacional de Migración, entidad que históricamente había sido la caja menuda de los políticos y el cuerno de la fortuna de algunos cuantos abogados privilegiados, se convirtió en otra dependencia de la Policía Nacional.
Ahora, el Consejo de seguridad pincha teléfonos, realiza seguimientos, investiga casos de corrupción, responde a incidentes de terrorismo y tiene su propia academia. Como el jefe del Consejo es el propio Presidente de la República, ya no existe un verdadero control civil de lo que allí pasa. Pensemos por un momento las funciones del Consejo y evaluemos si las mismas deberían estar ubicadas allí:
La investigación de los casos de corrupción, aunque ocurran en los cuerpos de seguridad, siempre deben ser responsabilidad del Ministerio Público. Si se quiere evitar el conflicto de intereses causado por el hecho de que la propia policía se investigue así misma, sería muy válido crear una agencia de investigación de la corrupción y ubicarla en el Ministerio Público.
La respuesta ante los casos de terrorismo requiere otra institucionalidad. Aquí hay dos tareas distintas. La primera es el análisis de inteligencia, el cual sí debería ser función del Consejo, y la segunda que es la de responder tácticamente a incidentes terroristas debería ser responsabilidad del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y del SPI. El rol del Senan corresponde al cuerpo de seguridad que tiene la mayor capacidad de despliegue y de movimiento de fuerzas gracias a sus aviones, helicópteros y lanchas. El del SPI corresponde a la entidad que debe proteger la integridad física de los gobernantes y la institucionalidad democrática.
La Academia de Inteligencia rompe con el control civil que debe tener toda la formación de los cuerpos de seguridad.
Esto me recuerda un viejo manual que tenía la Escuela de las Américas, en el cual se aplicaba el uso de la tortura y otros mecanismos de amenaza psicológica como técnicas de interrogatorio. Esto es verdaderamente inaceptable en una sociedad democrática. Nuestro país necesita un programa de estudios estratégicos, que quizás como una especie de diplomado pueda ser estudiado por abogados, economistas, psicólogos, periodistas, relacionistas internacionales e, incluso, policías para que puedan ser lectores e intérpretes de los datos que produzca un servicio de inteligencia, y todas las demás fuentes abiertas disponibles en la actualidad.
El delicadísimo tema de los pinchazos requiere de un mayor análisis. Hasta donde recuerdo el Estado panameño cuenta con dos complejos aparatos de intervención de las telecomunicaciones. Uno de ellos es controlado por la DEA, y el otro es controlado por los ingleses. De allí que en el gobierno anterior se complementaron estos equipos foráneos con otros equipos, los cuales andan por allí perdidos, quizás pinchándonos todavía o pinchando a otras personas en distintos países. El trabajo de interpretar una conversación telefónica o un correo encriptado es sumamente delicado. Guillermo Sánchez Borbón nos lo recordaba con vehemencia en la década de 1980. Puedo imaginarme una conversación codificada que diga lo siguiente :
Hombre: ¿Qué hay de cenar?Mujer: Arroz chino de combinación, frijolitos chiricanos y carne desmechada mexicana.Hombre: ¿Qué debo llevar para la cena?Mujer: Dos doble litros de soda y consíguete un postre para ocho personas.Hombre: ¿A qué hora es la cena?Mujer: A las ocho de la noche, pero empiezo a repartir la comida apenas llegue mi papá.
Esta conversación inocente, podría esconder los datos relevantes de un asalto, o de un secuestro por ejemplo:Hombre: ¿A quién tenemos para el golpe de esta noche?Mujer: A los dos chinos, al chiricano, y al gatillero mexicano.Hombre: ¿Qué debo llevar para completar el asunto?Mujer: Dos rifles de asalto y consíguete un escondite para ocho personas.Hombre: ¿A qué hora es el golpe?Mujer: a las ocho de la noche, para empezar apenas aparezca la víctima.
Eso es lo que harían los profesionales. La mayoría de los ciudadanos, incluso políticos y empresarios, no tenemos ni tiempo ni cabeza para andar inventando claves o lenguajes cifrados. Somos en gran medida libros abiertos. Por eso los pinchazos casi siempre terminan en persecución política. La más fuerte amenaza contra Panamá es la corrupción, que debilita instituciones, carcome a la justicia y corroe a nuestra economía.
Esa corrupción es la que se hace cómplice de los sicarios, la que facilita lavado de dinero y el tráfico de seres humanos. Para erradicar al cáncer de la corrupción, hay que fortalecer a las instituciones de control como son la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Dirección General de Ingresos y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Hay que hacer públicas las declaraciones juradas de bienes y organizar inspecciones aleatorias y pruebas de confianza de los funcionarios en cargos delicados.
Finalmente, la mejor inteligencia y seguridad nacional son el resultado del respeto a las instituciones y del máximo apego al estado de derecho. De lo contrario, la expansión del poder del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional lo terminará transformando en un enemigo de la democracia, muy parecido por su ADN al G2. Todos sabemos lo que significó el G2 en nuestro país. Evitar ese error, es evitar que la historia se repita en espiral.
