Un Estado fallido es aquel donde el gobierno no controla efectivamente el territorio bajo su jurisdicción, las instituciones públicas no pueden cumplir con sus objetivos, los servicios públicos son de poca calidad y acceso intermitente y las leyes sufren violaciones constantes que no son sancionadas. Los ciudadanos tienen que negociar con distintos grupos de poder para adquirir bienes y servicios públicos o son extorsionados regularmente por estos grupos, los que actúan como intermediarios entre el ciudadano y los servicios públicos.
Cuando pensamos en un Estado fallido, usualmente se nos vienen a la cabeza países como Haití o Siria. Sin embargo, Panamá empieza a manifestar síntomas preocupantes que solo pueden ser caracterizados como los de un Estado fallido. A continuación se listan 10 de estos síntomas:
La Escuela Estado de Israel, como otras escuelas públicas urbanas y rurales, ha sufrido de cuantiosas pérdidas por el vandalismo y la destrucción que los propios vecinos del plantel le han infligido en tiempos recientes. Sin embargo, en el último acto vandálico se utilizó mucha saña, incluso se intentó incendiar la escuela usando gasolina. Nos hemos vuelto muy tolerantes con el vandalismo que sufren los colegios, sin entender que más allá del hurto y la destrucción de propiedad pública se está enviando el mensaje a la sociedad de que las bandas mandan sobre las escuelas y, por lo tanto, dominan el territorio.
Otra forma de vandalismo que se ha vuelto usual, es la que sufre diariamente la flota de metrobuses. Se causan millones de dólares en pérdidas por ventanas rotas, lámparas y puertas dañadas y la destrucción parcial del chasis de estos vehículos. Esta situación ha causado heridos y lo que busca es obligar a que se detengan los autobuses para que sean asaltados sus pasajeros y que, eventualmente, el servicio de Metrobus desaparezca de esas áreas para que sean territorio de los "piratas".
La situación de los taxis en la ciudad de Panamá y en los alrededores demuestra la debilidad de las autoridades en hacer cumplir la Ley y en rescatar un servicio público atrofiado. Desde el “no voy” hasta el uso generalizado de los taxis para la comisión de delitos, más el fenómeno empresarial de que, de la noche a la mañana, han aparecido compañías de extranjeros dueñas de cientos de cupos y con flotillas de autos amarillos alquilables diariamente al mejor postor, son la validación más clara de la legalidad perdida en materia de tránsito.
La existencia de un fuerte contingente - todavía pequeño pero no por ello menos peligroso-, de narcodiputados que facilitan la logística, la política y el tráfico de influencias necesarias para algunas importantes rutas del narcotráfico. Esto ha quedado en el silencio y las bancadas políticas son cómplices porque se rehúsan a sanear sus partidos y ofrecer una política limpia a la sociedad.
La impunidad otorgada al rector universitario más famoso de este país es, en verdad, ofensiva al sentido común y a la decencia. No hay Contraloría ni Procuraduría, ni Corte Suprema de Justicia que se le enfrente. ¿Acaso tiene un pacto político, masónico o metafísico que lo hace intocable?
El Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, que pagamos todos los panameños con el impuesto llamado "seguro educativo", debe tener varias decenas de millones de dólares en reserva. Este fondo existe para que los directores de las escuelas públicas hagan las reparaciones menores y otros trabajos de modernización de la infraestructura educativa del país. Los directores no hacen su trabajo, por eso el fondo no se usa y las escuelas se paralizan por asuntos menores que la propia burocracia educativa debería resolver.
Ya que estamos hablando de los directores de escuela, el otro tema escabroso es el de la retención de vacantes. Aquí la propia ministra de Educación ha declarado que los directores de escuelas se guardan las vacantes para negociarlas posteriormente o para nombrar a los suyos. También, la evidencia anecdótica se acumula indicando que los maestros y profesores de zonas urbanas intercambian con sus colegas de zonas alejadas las vacantes y cargos a cambios de pagos y otros favores. El sabotaje que practican los gremios educativos contra cualquier sistema meritocrático de selección de personal tiene su fundamento en mantener su cuota de poder, no en mejorar la calidad del sistema educativo.
La microcorrupción está ganando cada vez más terreno. Es muy raro encontrar un conductor o dueño de automóvil que no tenga multas fantasmas por diversas causas y que prefiere pagarlas antes de enfrascarse en una discusión con la burocracia estatal. Igualmente, he escuchado de casos de personas que pagaron para obtener cupos de atención médica en los servicios de salud de la Caja de Seguro Social. Por otra parte, no faltan los tramitantes que "acampan" cerca de instituciones públicas, como Migración, como el Tránsito y otras de esa naturaleza, ofreciendo sus servicios para efectuar trámites o resolver alguna situación. Todas estas son formas de corrupción que le restan legitimidad al sistema.
El caso de Barro Blanco demuestra la incapacidad sistémica del Estado de resolver una situación cargada de corrupción, conflicto de intereses y de negligencia. Un Estado de mayor grado de desarrollo institucional habría sido capaz de desmantelar el proyecto, sin mayor trauma para el país. El Estado está tan sometido a los intereses creados que la impunidad y la arbitrariedad se convierten en las dos caras de la misma moneda.
Los casos judiciales de Ricardo Martinelli, los del resto de los funcionarios que colaboraron con él y los casos inexistentes que deberían estar en las fiscalías, y que por el blindaje político-económico, ni siquiera han ameritado una carpeta vacía en el Ministerio Público son una muestra de ello. Recordemos a Vernon Ramos.
Quise hacer una lista de 10 ejemplos para tocar distintas aristas de lo que pasa en el Panamá de hoy. Las pistas y señales son bien claras. Después de toda la fiesta de la ampliación del Canal bien vale que empezamos a enfocarnos en los grandes vacíos de gobernabilidad, institucionalidad y transparencia del Estado panameño. Hay demasiado en juego como para minimizar al gobierno a la frase: “Mis obras son lo que será recordado por el pueblo”. Países más grandes y prósperos que Panamá han caído en el callejón sin salida del Estado fallido. México tiene 30 años de combatir la narcoviolencia sin éxito. Venezuela tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, incluso cuando Chávez la gobernó y cuando el barril de petróleo estaba a 150 dólares, no fue capaz de dominarla.
Hay que hacer la tarea. El 2019 no puede ser otra elección entre muchos candidatos malos, en la cual se escoge al menos malo. El Estado fallido lo hemos creado los ciudadanos con nuestro poco importa, y nuestra baja autoestima. Nos toca salvar al Estado, para salvarnos a nosotros mismos.
