Si el proceso de consultas públicas para la ratificación de las magistradas designadas Ana Lucrecia Tovar de Zarak y Zuleyka Moore ha sido intenso, lo que resta de este teatro político lo será más.
En lo que parece una nueva tradición política panameña, las presentaciones ante una sala atiborrada de público en la Asamblea Nacional, revelan la fuerte animosidad que despiertan las candidatas, obligando a la vicepresidenta de la República y al Ministro de la Presidencia a acudir en su defensa. Por otro lado, las abogadas Norma González y Celma Moncada soltaron todo el plomo que había en sus arsenales, y el presidente y vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados hicieron acto de presencia para dejar en claro su oposición a las nominadas.
Lo primero que queda claro es que muy probablemente que el 1 de enero de 2018 Jerónimo Mejía y Oydén Ortega continúen siendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mientras esto sea así, no puede haber elecciones de una nueva junta directiva, por lo que José Ayú Prado seguirá siendo presidente de la Corte.
La única forma de conseguir la ratificación de las abogadas designadas por el presidente Juan Carlos Varela es con los votos de la mayoría de los diputados de la bancada de Cambio Democrático (CD) o la de los miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Una tercera opción, puede ser con una mezcla de diputados de ambos partidos.
¿Qué puede negociarse? Siendo la Asamblea Nacional un estamento dividido sin una mayoría clara, el primer nivel de negociación con cualquiera de las bancadas es el ofrecimiento de cargos directivos dentro de la propia Asamblea Nacional. La reelección del CD en la presidencia de la Asamblea o una opción para que el PRD vuelva a ocupar el máximo cargo del poder legislativo, pudiera estar entre las posibilidades de la negociación.
El segundo nivel de esta negociación podría ser el de recursos humanos y presupuesto, que junto a las iniciativas legislativas que tiene cada bancada, son fundamentales para la supervivencia política de los diputados en un esquema clientelista, como el que está vigente en Panamá. Esto puede significar la aprobación de fondos para los proyectos de los diputados, nombramientos en ministerios e instituciones del Estado, o incluso designaciones partidistas en otros cargos importantes, como pueden ser la junta directiva del Canal de Panamá o la Fiscalía General Electoral, por solo mencionar algunos ejemplos.
Un tercer nivel de negociaciones cae en la zona más tenebrosa de la política. Los rumores y especulaciones de visitas de los diputados a la Contraloría General de la República, donde presuntamente se negociarían votos a cambio de acallar auditorías incriminadoras. También se habla de supuestos pactos en los que se pospondrían las ratificaciones hasta que transcurran las elecciones de la junta directiva del partido Cambio Democrático el próximo 21 de enero.
En un año preelectoral como 2018 es fácil predecir que los diputados buscarán aquello que les facilite su reelección. El mero hecho de emprender una negociación implica una transacción entre el provecho propio de pocos y el bienestar general de la población. Hay un dilema ético cuando dos nombramientos para altos cargos judiciales, tienen potencialmente un costo tan elevado para el país. ¿Valdría la pena entonces ser magistrado a cambio de deber tantos favores? ¿Se negociaría la justicia por las futuras decisiones de la Corte?
Es posible que el alto costo de la negociación se debe a dos factores: el marco de tiempo y lo controversial de las candidatas. Si la agenda del Ejecutivo insiste en su ratificación, sin contar con los votos, no solo se daña a las dos jóvenes juristas, si no que se incrementa el costo transaccional de otras iniciativas legislativas. En otras palabras, las leyes que el presidente necesite aprobar, requerirán de ofrecimientos cada vez más onerosos para conseguir el voto de diputados de otras bancadas.
En la teoría de la negociación, existe el concepto de la “mejor alternativa a un acuerdo negociado” (Batna por sus siglas en inglés). En otras palabras el plan (B). La facción mayoritaria de los diputados del CD tienen la limitación de que no pueden parecer que ceden ante el gobierno por lo menos antes del 21 de enero de 2018. Estos diputados no van a arriesgar la presidencia de Rómulo Roux, por el voto a favor de las magistradas. Eso le da poder de negociación al PRD, hasta cierto umbral, ya que si las negociaciones se vuelven muy complejas, el Ejecutivo podría esperar hasta el 22 de enero.
Existe la idea de que el Ejecutivo podría conseguir la ratificación de los suplentes, de forma tal que ellos sustituyeran a Mejía y Ortega. Sin embargo, ninguno de los suplentes nominados por el Órgano Ejecutivo está asignado para Zuleyka Moore. Es decir, que la fiscal no es negociable. Otra variación de esta idea sería dejar en el cargo a Oydén Ortega por otros 10 años, y ratificar a Zuleyka Moore para la Sala Penal. Esto le daría una palanca al PRD y le quitaría presión al CD de votar por las magistradas.
Hasta ahora en la mayoría de los escenarios analizados el PRD debería ser un negociador de buena fe, interesado en que el proceso funcione lo más rápido posible, ya que si los costos de negociación son demasiados elevados, el poder ejecutivo bien puede esperar hasta el 22 de enero para negociar con el CD o incluso vivir con el estatu quo de dos magistrados pendientes de ratificación hasta que las bancadas mayoritarias de la Asamblea Nacional necesiten tocarles la puerta al palacio de las garzas.
Mucho se ha hablado, y me incluyo en la lista, de los casos que Zuleyka Moore dejaría inconclusos en el Ministerio Público. Sin embargo, nada se ha dicho de los importantísimos casos que Jerónimo Mejía y Oydén Ortega dejan inconclusos. Mejía es el juez de garantías en el caso de los pinchazos y Ortega es el fiscal en el caso de la comida deshidratada. Esto es solo para mencionar casos del expresidente Ricardo Martinelli. Sus ausencias son más relevantes que la de Moore, ya que el Ministerio Público tiene mayor capacidad investigativa que la Corte Suprema. Aparte de que estos casos de alto perfil han sido manejados de forma unipersonal por los magistrados, imponiéndole la velocidad y la tramitación que quieren, cuando pueden o cuando les parece conveniente.
La bancada mayoritaria del CD también podría negociar la presidencia de la Asamblea y la de importantes comisiones con la bancada del PRD, a cambio de derrotar la nominación de las magistradas. En este escenario, ambos partidos se quedarían sin capacidad de negociar con el Ejecutivo, que sigue siendo la entidad que controla el presupuesto del Estado y la mayoría de los puestos públicos. Este panorama significaría que los últimos 18 meses del gobierno de Varela quedarían empantanados en medio de una crisis de los poderes públicos. De todos los escenarios, este parece el menos factible.
