Con la alianza parcial, suscritas entre el partido Cambio Democrático y el Partido Revolucionario Democrático, se acabó una era de la política panameña: la del multipartidismo.
De ahora en adelante, solo tendremos un único partido, el de los diputados.
La camiseta no importa, ya que todos los jugadores y hasta el árbitro apuntarán hacia la misma portería.
El 1 de julio de 2019, Yanibel Ábrego le entregará la presidencia de la Asamblea a Yanibel Ábrego, ya que "compite" en su circuito tanto por el CD como por el PRD, y otros partidos satélites.
Si no hay un verdadero tsunami del "no a la reelección", y aparece una bancada de unos 10 diputados independientes, seguiremos con la fiesta inolvidable de la clase 2014 de los diputados de la Asamblea Nacional.
Benicio con sus bates, Chello con sus jamones, Panky Soto con sus cuentos.
El diputado Pedro Miguel González, tío político de Yanibel, dictaminó que no le aprobarían ningún nombramiento de magistrado de la Corte Suprema de Justicia al presidente, Juan Carlos Varela.
La idea es que un próximo gobierno de Nito Cortizo o Rómulo Roux designe a 14 magistrados en la Corte Suprema de Justicia (7 principales y 7 suplentes), así como al Fiscal General Electoral, a cuatro directivos de la Autoridad del Canal de Panamá, a dos miembros del Tribunal Electoral, a un magistrado del Tribunal de Cuentas y al Contralor General de la República.
Así el diputado Leandro Ávila se puede convertir en el próximo contralor, el secretario general de la Asamblea, Franz Wever, puede ser magistrado del Tribunal de Cuentas (ya que él tiene los votos), Jerry Wilson podría ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Electoral, y con tantas vacantes en la Corte Suprema, hasta Leslie Loaiza podría llegar a ser magistrado.
Si gana Nito o Rómulo tendrán unas presidencias reducidas a la mínima expresión.
El programa de gobierno será un plan de negocios basados en megaproyectos como el cuarto juego de esclusas del Canal de Panamá, las líneas 3 y 4 del Metro de Panamá, el anillo hidraúlico de la ciudad de Panamá, y otras bellezas de cemento que aumentará nuestra deuda pública, pero no resolverán nuestros problemas.
El presidente Varela dejará el gobierno con una deuda pública de 30 mil millones de dólares.
Cuando Martín Torrijos terminó su gobierno, la deuda era de 10 mil millones de dólares. En 10 años la hicimos crecer 200%, y no hay un solo problema nacional resuelto.
Frente a esta coyuntura, el artículo más importante de la Constitución es el 314, que regula el llamado a una Asamblea Constituyente.
Casi todas las formas de convocar a la constituyente requieren la participación de la Asamblea Nacional.
Es dudoso que los diputados llamen a una constituyente para quitarse el poder. La única vía que deja abierta el artículo 314 es la recolección de firmas equivalentes al 20% del padrón electoral vigente al 31 de diciembre del 2018. Esos serían más o menos 500 mil firmas.
Meses atrás pensé que esa opción era imposible, pero los aspirantes a candidatos por la libre postulación han recogido más de 700 mil firmas, incluyendo a ciudadanos muertos y a menores de edad.
Esto significa que recoger 500 mil firmas desde el gobierno para convocar a una Asamblea Constituyente que acabe con la impunidad y oxigene al país es muy posible.
En una Asamblea Constituyente, no habría cargos reservados, y los acuerdos electorales servirían de muy poco, ya que los cargos de diputados constituyentes se eligen de forma distinta a los de las circunscripciones electorales actualmente existentes.
Esta es quizás nuestra última esperanza de salvar a la República y evitar que el nuevo periodo presidencial sea otro lustro perdido.
