Este es un país construido sobre los hombros de los maestros y profesores que nos formaron a todos los panameños. Casi todos los padres y madres fundadoras de esta patria fueron educadores, aunque no hubiesen estudiado el magisterio. Ricardo J. Alfaro, José Dolores Moscote y el propio Manuel J. Hurtado, dedicaron parte importante de sus vidas a compartir sus conocimientos.
Hubo una época donde un título de sexto grado valía como pasaporte a una vida de éxito y sabiduría. Esa fue la era de los grandes autodidactas como Gil Blas Tejeira, Guillermo Sánchez Borbón y Diógenes de la Rosa.
La vocación de servicio de la enseñanza tuvo un desarrollo importantísimo en el devenir del país. Las primeras dos generaciones de educadores eran intelectuales de primer nivel, devoradores de la buena literatura y dueñas de una prosa rica y profunda. Muchos de ellos pudieron optar por diferentes actividades, más rentables y menos sacrificadas, pero la gran meta de construir un país fue un gran imán del mejor talento hacia las aulas de clases. Las siguientes generaciones de educadores marcaron un cambio de género y hacia la mitad del siglo XX, la maestra empezó a dominar el horizonte educativo de la nación. En un mundo sumamente sexista, el magisterio era una de las pocas actividades donde se podían destacar los talentos de valiosísimas mujeres panameñas. Así fueron educadoras desde Sara Sotillo, Clara González, hasta Reina Torres de Araúz, Diana Morán, Ana Elena Porras y, las inolvidables, Aura Emérita Guerra de Villalaz y Esmeralda de Troitiño.
¿Cuándo comenzó a colapsar nuestra educación pública? A principios de la década de 1960, se empezó a reducir la jornada escolar. Una escuela se transformó en tres diferentes colegios. Para mediados de 1970, el devenir natural de la escuela Normal de Santiago, hacia una universidad pedagógica fue bloqueado por la Universidad de Panamá. Los gremios magisteriales, en esa misma década -por razones que explicaremos posteriormente-, se convirtieron en el principal actor de la política de oposición al régimen militar. En 1979 y 1980 organizaron huelgas generales del sector educativo que afectaron tanto a la educación oficial como a la particular. Con apenas dos o tres gremios, se coordinaba a toda la clase magisterial del país.
En el último cuarto de siglo, cada huelga educativa venía precedida de reclamaciones salariales y prerrogativas laborales para el gremio docente. Aparecieron las micro-huelgas de una sola escuela para que “el Presidente de la República acuda de forma inmediata a reparar los servicios sanitarios” o “a limpiar los techos afectados por las palomas”. No se rían, ya que esto es muy serio.
UNESCO tiene una base de datos que documenta la inversión en la educación de los países desde el año 1970 hasta 2015. Esta base de datos revela que en Panamá, durante 1976, invertimos el porcentaje más alto de nuestra historia en el tema educativo. Ese año, el ministro era Aristides Royo y el porcentaje fue de 5.7% del PIB. En contraste, para el año 2011, se alcanzó el nivel más bajo de inversión en educación de nuestra historia, 3.29%, y la ministra era Lucy Molinar.
El esfuerzo nacional en educación ha sido importante. Para que Belisario Porras pudiera expandir la educación primaria a todas las provincias, tuvo que capitalizar al Estado panameño. Esto significó que en 1919 Porras nacionalizó la empresa privada de capital panameño más grande del país, la Lotería Nacional de Beneficencia. En el caso de Harmodio Arias Madrid, el brillante manejo de las finanzas públicas realizado por Martín Sosa, primer Contralor General de la República, no solo permitió crear la Caja de Ahorros, si no también generó los recursos para fundar la Universidad de Panamá. El Tratado Arias Roosevelt, le permitió al presidente Juan Demóstenes Arosemena fundar la escuela Normal de Santiago.
La prosperidad heredada de la Segunda Guerra Mundial facilitó al presidente Enrique Jiménez, expandir la infraestructura educativa y universitaria del país. En la década de 1970, la expansión del Estado y la creación de una economía mixta con grandes empresas estatales generó las riquezas suficientes, para superar, durante casi toda la década, el 5% del PIB. Esa percepción generalizada de prosperidad, que llegaba al país con la reversión del Canal de Panamá, junto con un pésimo manejo político del entonces ministro de Educación, Gustavo García de Paredes, fueron la pólvora que se incendió como parte del gran conflicto docente de esa época.
La descapitalización del Estado panameño impidió, a partir de mediados de 1990, que pudiera dotarse al sistema educativo de los recursos necesarios para dar el gran salto cualitativo en la educación. No es casualidad, que los gremios docentes, nuevamente, salgan a la palestra a reclamar su pedazo de las rentas que produce el Canal de Panamá ampliado. Eso lo hicieron en 1979 con el inicio de la reversión original.
El sistema educativo panameño es una colección amorfa de dos ogros pedagógicos y administrativos: el Ministerio de Educación y la Universidad de Panamá. En ambas instituciones, la relación de docentes a administrativos ha llegado a ser de cuatro a uno en promedio. En contraste, en otros países la relación puede llegar a ser de hasta 15 a uno. Este es el legado de la burocratización de la vida académica. Es mejor ser un administrativo en una oficina refrigerada, que un docente en un campito perdido.
Todo el esfuerzo nacional en materia educativa incluye además al Instituto Panameño de Habilitación Especial, al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, a cuatro otras universidades estatales, al Instituto Nacional de Agricultura en Divisa, al Instituto Nacional de Cultura, al Instituto Panameño de Deportes, a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y hasta a la escuela de jinetes del Hipódromo Presidente Remón.
El sistema piramidal de salarios, refuerza la tendencia de hacer más atractivo ser un burócrata, que un buen profesor. Este es el primer tema a resolver. Tanto en el Ministerio de Educación como en la Universidad de Panamá se ha mal entendido el rol de los académicos y el de los administrativos. Existen casos impresionantes de buenos profesores que son también buenos administrativos, pero esta no es la norma, tampoco es deseable. Imagínese que los mejores profesores terminen empujando papeles y sellando documentos, en vez de estar presentes en las aulas de clases.
Un segundo desafío es el vacío institucional en el que deben trabajar los educadores. El acompañamiento académico e institucional para que exista una vida laboral rica y productiva es inexistente. El maestro o profesor es depositado en el colegio en marzo y, luego, en el mes de enero siguiente, con mucha suerte, atenderá un seminario consistente en unas cuantas charlas y unas fotocopias con lo que tendrá que defenderse en el nuevo año escolar.
La parte funcional de la operación de las escuelas es el tributo más grande que existe a la inoperancia administrativa. Supuestamente la plataforma de Panamá Compra, le debe servir a todas las instituciones del Estado para realizar compras y reparaciones menores. Esto, en la práctica, se transforma en meses de papeleos y molestias. Aquí recuerdo una anécdota que me narró uno de mis hermanos cuando visitó un gigantesco complejo hotelero en Las Vegas. A mi hermano Galo le fascinó como todas las mañanas pasaba un técnico por todos los pasillos del hotel cambiando bombillas, arreglando potes con flores, chequeando la alfombra, verificando la pintura, y constatando si las mucamas habían hecho la limpieza. Esa era una tarea permanente que mantenía una operación de alta eficiencia funcionando a perfección. Ese es el nivel de mantenimiento a que debíamos aspirar en el gobierno, y no esperar a que las cosas colapsen, aunque luego la tramitología de Panamá Compra demore seis meses en producir un cambio.
La bandera del 6% del PIB es una aspiración loable y, a la vez, frustrante. En América Latina, Costa Rica, México y Chile, son parte del exclusivo club del 6% al igual que Belice, Jamaica y Trinidad y Tobago. Un experimento mental nos aclara que si le metemos mil 500 millones adicionales al año, no todo se resolvería. Esto es lo que la lógica nos indica. Las escuelas rancho y la falta de insumos son una ofensa a la inteligencia que puede ser resuelta con los recursos que tenemos en la actualidad, pero no lo hacemos por la negligencia administrativa del Ministerio de Educación. Otorgarle salarios a los maestros y profesores de 3 mil dólares al mes, no los va a transformar en los mejores educadores del mundo. Así como iniciativas como Barrio Seguro y Red de oportunidades no acaban con la delincuencia ni la pobreza, porque simplemente se concentran en un solo factor, el monetario. Aumentarle el salario a los mismos docentes sin que nada más cambie, nos garantizará un sistema educativo mediocre.
Los gremios docentes saben perfectamente que aplicar el “¿Qué hay pa’ mí?” con los excedentes del Canal de Panamá, amarra por completo la capacidad fiscal del Estado. Esto impediría que Panamá se ponga al día en el déficit de infraestructura pública o que atendiera la inminente crisis de la Caja de Seguro Social. Si se le hace caso a los educadores ni las comarcas recibirán los fondos necesarios para mejorar su nivel de vida ni los productores agropecuarios podrán adquirir los instrumentos que les permita mejorar su sistema productivo. Adiós a los techos de esperanza, adiós a las letrinas y al agua potable, y adiós a muchas otras iniciativas de Estado.
¿De dónde sale el 6%? Esa es una recomendación internacional que ha sido codificada en distintos documentos de propuestas de políticas educativas. El promedio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) de los 34 países más desarrollados del mundo, es de 5.4% como parte del PIB dedicado a la educación. Alemania gasta 5% y Japón 5.1%, y a ambos países le va de lo más bien. México por otra parte supera el 6% y tiene matanzas de normalistas, un horrible paro educativo en el sur del país por parte de los gremios que se oponen a la evaluación de desempeño y que insisten en prácticas tales como que los nombramientos sean hereditarios, incluso a familiares que no son educadores.
Dinamarca invierte 8% del PIB en educación. Corea del Sur está muy próxima con alrededor de 7.5%. Panamá debía aspirar a estos niveles, y podemos fijarlos como un objetivo de la política de Estado para 2030, fecha para la cual ya nuestro déficit de infraestructura pública, viviendas populares, y otros proyectos estratégicos debe haber sido resuelto. El expresidente de Costa Rica, Manuel Jiménez tiene en su lápida inscrita una de sus frases favoritas: “El mejor país es el que tiene más escuelas”.
Panamá debió seguir ese ejemplo, pero nuestra realidad política y económica es muy distinta a la de nuestros vecinos. Costa Rica evitó exitosamente la descapitalización de su Estado, y tiene un eficiente sistema de seguridad social y de salud. La clase política panameña se dejó llevar por los cantos de sirena de las modas internacionales y apostó a las maquilas y las industrias de bajo nivel tecnológico, incluyendo a los servicios, abandonando la agricultura y la ciencia. Costa Rica apostó al ecoturismo y a la alta tecnología.
El desafío educativo requiere un cambio del modelo de desarrollo del país, del sistema de formación de los educadores, y de la institución que lo administra. La misma pelea entre los mismos actores no nos va a dar nada distinto a lo mismo que ya tenemos.
